Raymundo Riva Palacio.
Lo que se hace mal no
puede salir bien. Esto podría ser lo inscrito en la lápida del Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familia, que ni
siquiera sobrevivió toda su pomposa ceremonia de presentación en Los Pinos,
porque un organismo empresarial, el más importante, ideológico y político, la
Coparmex, declinó firmarlo.
La Coparmex esgrimió
sus razones para no hacerlo, donde incluye un punto que toca el corazón del
fiasco: “Urge un acuerdo, sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea
fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia
de comunicación o imagen pública”. Este acuerdo, en efecto, sólo buscó tranquilizar al graderío y que sus protestas en
las calles amainaran. Pero como ha sucedido cada vez que el presidente utilizó
el mismo método en el pasado, falló.
El acuerdo forma
parte de la improvisación con la que actúa el gobierno del presidente Peña
Nieto, que es reactivo, no preventivo. Nunca estuvo dentro del plan de
amortiguamiento social que acompañó el gasolinazo el primero de enero, porque
no tenían idea de que habría una reacción social. Tomó al gobierno y a sus
órganos de inteligencia política desprevenidos, y todavía no han terminado de
encontrar con precisión las fuentes que dispararon la protesta. Aun así, sin tener claridad sobre la
dialéctica del descontento, se elaboró un documento en 14 horas, que entregaron
a quienes iban a suscribir el acuerdo dos horas antes. Esta es otra de las
razones por la que la Coparmex, el órgano patronal con una historia de
beligerancia, no firmó.
El objetivo final del gobierno, sugirió la Coparmex, fue
propagandístico. Es decir, transmitir el mensaje de que el presidente está
preocupado por el bienestar de los mexicanos, desde un escenario montado para
mostrar un encuentro de Estado que atiende las demandas ciudadanas. Todas las
ceremonias para anunciar cosas trascendentales son acompañadas de escenarios
que muestren fuerza, unidad y consenso. Se necesita que todos los actores
involucrados parezcan unidos y que alcanzaron un consenso, por lo que si alguien de los protagonistas expresa públicamente su
desacuerdo, es inverosímil. Eso sólo
le puede pasar a quien es incompetente –no amarró el apoyo de las partes
invitadas al evento–, o que tiene tanta urgencia por controlar los daños –en
este caso mediante la comunicación política–, que descuidó garantizar el
consenso.
La insinuación de la Coparmex, que todo se trató de cuidar
la imagen presidencial y de una estrategia de comunicación, tiene mucho sentido
cuando se revisan otros momentos que tuvieron una evolución similar. El más
importante fue cuando, después de haberse mantenido casi dos semanas al margen
por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, el 26 de
septiembre, y la crítica lo acribillaba por no hacer nada, sus asesores le
recomendaron que invitara a Los Pinos a los familiares de los estudiantes para
enviar el mensaje a la nación que sí era sensible a este crimen. La reunión fue
el 29 de octubre y no sirvió para nada. Peña Nieto se involucró tarde y de una
forma tan desarticulada, que haberlos invitado a Los Pinos logró el objetivo
contrario, atrajo hacia él todo el caso.
Voceros oficiales y
oficiosos del presidente se han quejado desde entonces del porqué un crimen realizado
por delincuentes y autoridades municipales se convirtió en un crimen de Estado,
cuyo responsable directo fue Peña Nieto. El presidente quiso lucrar políticamente con los familiares de los normalistas para
transmitir la imagen de estar atento y preocupado, pero resultó un búmeran.
La comunicación política no se reduce a una imagen –en la actualidad, en los
eventos del presidente establecen un espacio de tiempo para que se tome selfies
con quien lo solicite–, sino pretende que la información que se difunde influya
en actores políticos, medios y sociedad.
El otro ejemplo donde el método que llevó al acuerdo es
semejante, es el de la caída de David Korenfeld, exdirector de Conagua, quien
se vio involucrado en un escándalo al difundirse fotografías de cómo utilizaba
un helicóptero de la dependencia para fines privados. Las gráficas aparecieron
en las redes sociales el 29 de marzo de 2015, que era domingo. El miércoles
primero de abril, Korenfeld habló con el
entonces jefe de la Oficina del presidente, Aurelio Nuño, a quien le dijo que
iba a renunciar. Nuño le dijo que aguantara, porque para el fin de semana el
tema desaparecería. El escándalo no amainó. De las redes sociales se trasladó
de manera masiva a los medios convencionales, donde el desgaste ya no era para
Korenfeld, sino para el presidente Peña Nieto, criticado por no cesar a su
colaborador atrapado en una irregularidad. Diez días después renunció.
La reacción de Peña
Nieto ante las protestas sociales por los gasolinazos evocan aquellos
episodios, donde la primera reacción en Los Pinos ante un evento súbito que los
coloca a la defensiva es guardar silencio, monitorear el avance del
escándalo en las redes sociales y en los medios de comunicación, con la lógica
siempre de que sólo que no desaparezca, actuarán. Como se aprecia en los tres casos, se han equivocado en el método.
El caso del acuerdo es más grave, no sólo porque repitieron el mismo error,
sino porque la aplicación de su modus operandi fue tan desaseado políticamente,
que la Coparmex lo denunció y le dio un disparo al corazón a tan adornado
pacto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.