Francisco Ortiz Pinchetti.
“¡Al ladrón! ¡Al
ladrón!”, parecen gritar desaforados quienes acusan al Gobierno de Enrique Peña
Nieto de saquear al país y tenerlo al borde de un colapso, Pemex incluido. Los
beneficiarios de la corrupción y el despilfarro se protegen lanzando epítetos
al Presidente y su camarilla, por ladrones. Ocultan sus propias culpas tras el
índice de fuego apuntado hacia los obvios culpables directos del dispendio, los
negocios con la obra pública, las canonjías inacabables, los moches
multimillonarios. Se rasgan las vestiduras asqueados ante la vaca agonizante de
cuya muerte fueron cómplices. Ahora resulta que todos son indignados. Y
todos hablan de austeridad, recortes, disciplina, ahorros, honestidad,
trasparencia.
Entre ellos están en
primera fila los legisladores, diputados locales y federales y senadores,
primeros en gritar. Están, con sus excepciones, los gobernadores de todos los
colores. Los partidos políticos, sus dirigentes y coordinadores parlamentarios.
También los líderes sociales y sindicales millonarios. Los medios de comunicación
beneficiados por el reparto infame del botín. Y los empresarios amigos, socios,
cómplices del poder.
La ira ciudadana
tiene más que ver con el despilfarro de los legisladores que con los efectos
del llamado gasolinazo, es la verdad.
Pensemos que el Congreso
de la Unión nos cuesta cada año 22 mil millones de pesos, el doble que en 2002.
Y los 31 congresos estatales, junto con la Asamblea Legislativa de la CDMX casi
13 mil millones más. Con asombro
primero y luego con rabia, los vimos repartirse millones y millones en
aguinaldos, bonos, gratificaciones de fin de año y otras canonjías que sumadas
a sus dietas regulares superaron el medio millón de pesos por piocha. Ellos sí,
Feliz Navidad.
Tenemos 500 diputados federales, 128 senadores y mil 125
diputados locales. Todos ellos cobran
puntualmente sus quincenas y su sobresueldo por comisiones y reciben apoyos y
bonos extras que no tienen que comprobar. Los grupos parlamentarios de la
Cámara de Diputados recibieron el año pasado 2 mil 142 millones de pesos en
subvenciones, cuyo uso y destino que no tuvieron que comprobar. No tienen
llenadera.
Únicamente 300 diputados federales y 64 senadores son
electos. Las restantes 200 curules y 64
escaños son obsequios que reciben los partidos. Hace años que se demanda la
eliminación de los plurinominales, cuya existencia es una aberración. En medio
de la tormenta, ahora sí el PRI propone reducir a la mitad el número de
diputados pluris, lo que dejaría en 400
el total de zánganos en la cámara baja. Vaya.
No se encabronen: el
costo de nuestra democracia electoral, incluidos financiamiento nacional y
estatal a los partidos políticos y la burocracia electoral federal y estatal,
asciende a 34 mil 505 millones de pesos anuales. Sólo en prerrogativas para
los partidos gastamos en 2015 (año de elecciones intermedias) más de cinco mil
millones de pesos. Mantenidos así,
dotados de carretadas de recursos, los partidos se han vuelto adictos al
dinero. Disfrutan el burocratismo y
el confort con cargo del dinero público, el de todos nosotros. Ya les gustó a
los holgazanes.
De los gobernadores de los estados ¿qué se puede decir? Más fácil es mencionar los casos emblemáticos
recientes de los priistas Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Rodrigo Medina de
la Cruz (Nuevo León), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), César Duarte Jáquez
(Chihuahua), Jorge Herrera Caldera (Durango), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas),
Humberto Moreira Valdés (Coahuila) y el panista Guillermo Padrés Elías (Sonora).
Salvo este último, todos siguen libres e impunes.
Saqueadores
insaciables de los recursos de sus entidades, las dejaron además sumidas en el
endeudamiento brutal. La deuda que acumularon y sumaron a la que recibieron
esos ocho ex mandatarios acusados de corrupción, lavado de dinero, delincuencia
organizada y malos manejos es más elevada que el recorte al gasto que hizo el
Gobierno federal en el Presupuesto de Egresos 2017. Asciende según informó
SinEmbargo a 186 mil 535 millones de pesos respecto a la que recibieron al
llegar al poder.
La gallina no se
murió de vieja. Le torcieron el pescuezo.
De su deceso son
corresponsables a lo largo de muchos años desde presidentes de la República
hasta directores de Pemex, contratistas, líderes sindicales. El emporio de
Joaquín Hernández Galicia no se hizo a base del esfuerzo de este cacique
sindical. “La Quina” cayó en desgracia sólo cuando se le puso al brinco a
Carlos Salinas de Gortari, no por bandido. Tampoco Salvador Barragán Camacho
tuvo otro mérito que el control de los trabajadores y la colusión con los
funcionarios. Carlos Romero Deschamps participó en el desvío de mil 100
millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en 2000,
a través del sindicato petrolero. Nunca pagó por el célebre Pemexgate. Hoy
sigue siendo líder, millonario, feliz… y Senador de la República.
Sirva de remate para apuntalar nuestro optimismo: En México
–nos dice el informe sobre la concentración de la riqueza en el mundo elaborado
por la organización internacional Oxfam–, cuatro
millonarios detentan tanta riqueza como el 50 por ciento más pobre de la
población del país. Esas cuatro personas –Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota
Velasco, Alberto Bailleres González y Eva Gonda Rivera– tienen el equivalente
en riqueza a lo que poseen 63 millones de mexicanos, algo así como 70 mil
millones de dólares. Estas son finalmente nuestras verdaderas desgracias, no
Donald Trump. Válgame.
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