Salvador Camarena.
La visita de trabajo del procurador General de la República, Raúl
Cervantes, a Brasil, hace tres semanas, fue todo menos tersa.
El titular de la PGR fue recibido por sus anfitriones con reclamos.
México no era visto en Brasil, hasta ese momento de mediados de febrero, como
un actor proactivo en la investigación que se lleva a cabo en una docena de
naciones por los sobornos repartidos por la constructora brasileña Odebrecht.
Los brasileños dejaron en claro que les gustaría ver una mayor
cooperación por parte de las autoridades mexicanas. Los fiscales de Brasil
buscan nombres y detalles de las personas que pudieron estar involucradas en
los sobornos por 10.5 millones de dólares que funcionarios de Odebrecht
reconocen haber entregado para contratos en México.
“Sí, fue una llamada de atención”,
dijeron fuentes oficiales consultadas al respecto.
A la luz de esos reclamos, se
puede leer de manera distinta el convenio firmado en esa ocasión por México y
otras diez naciones –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú,
Portugal, República Dominicana y Venezuela.
México regresó de esa visita con “el compromiso de brindar la más
amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en los casos
Odebrecht y Lava Jato”, según dice uno de los 8 compromisos de la Declaración
de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional Contra la Corrupción,
fechada el 16 de febrero. (http://bit.ly/2mtCXAO)
Igualmente, la PGR aceptó participar en “la constitución de equipos
conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan
investigaciones coordinadas sobre los casos Odebrecht y Lava Jato”. Esos
equipos conjuntos actuarán “con plena autonomía técnica” y procurarán
“comunicaciones e informaciones espontáneas”.
Si bien esa declaración también menciona que habrán de respetarse las
limitantes que imponga el debido proceso, y a sabiendas de que hay un secreto
sobre el expediente de Odebrecht que vence el 1 de junio de este año, a pesar
de lo que firmó ese día la PGR, la discretísima actuación del gobierno
mexicano en este caso contrasta, como ya se ha mencionado en este espacio, con
el protagonismo que otras autoridades de la región han asumido en el escándalo
de Odebrecht.
Porque mientras este domingo el presidente Pedro Pablo
Kuczynski insistía en entrevista con La República en que Odebrecht se tiene que
retirar del Perú, castigando así no sólo los sobornos por 29 millones de
dólares que Odebrecht dio a peruanos, sino aplicando una sanción
contundente a la empresa brasileña que tiene contratos en esa nación andina por
miles de millones de dólares, en México
no se habla de nada parecido.
Es más, ni siquiera se han vuelto tema de discusión las razones por las
que se da gas a precios preferenciales a la planta Etileno XXI, operada por
Braskem, una filial de grupo Odebrecht. El respectivo contrato, firmado en 2009, ha sido reservado por
veinte años, y ni el escándalo internacional ha logrado que en México se
revisen, de cara a la opinión pública, los negocios que hace esa empresa en
nuestro país. Periodistas que han
solicitado acceso a ese contrato de Etileno XXI han encontrado una y otra vez
la negativa de Pemex. (http://bit.ly/2mtPVi7)
Veremos si en las próximas semanas
el procurador Cervantes hace bueno el compromiso firmado en Brasilia, porque de
ser el caso tendríamos que ver en qué se traduce el punto siete de esa
Declaración, donde se deja en claro que habrá que “insistir en la recuperación
de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos,
incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país”.
Veremos si sirvió la llamada de
atención brasileña.
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