Ernesto Villanueva.
El diputado
local del PAN, Enrique Flores Flores, quien forma parte del Congreso de San
Luis Potosí jamás hubiera pensado que, de un día a otro, se convertiría en una
figura nacional. Una videograbación fue la razón de ello. El diputado Flores Flores vino a confirmar-
porque la presunción siempre ha existido de estos “acuerdos”- cómo la
corrupción es una forma de vida de la partidocracia mexicana, en mayor o menor
medida.
Y ahora no sólo fue el PRI, sino
también el PRD y el Partido Verde. En el citado video se observa y se escucha
al diputado Flores, revelar con detalles cómo se utiliza al órgano
“independiente” de fiscalización de San Luis Potosí. El cinismo del que hace
gala el diputado Flores lo deja sin salida alguna y- se supone- ahora se
debería actuar conforme a derecho. Lo más probable es que si no hay presión
ciudadana no pase nada o muy poco. Se va apostar al olvido gradual de este
oprobioso hecho.
Es casi
imposible en San Luis Potosí – y en prácticamente todos los estados- que se vea
una movilización como la muestra el documental Winter on Fire: Ukraine’s Fight
for Freedom que relata cómo el pueblo ucraniano salió a las calles para
defender su derecho a que Ucrania formara parte de la Unión Europea, tras
semanas de resistencia pacífica, pero activa y al costo de cientos de nuestros,
la sociedad obligó al presidente a salir en medio de la noche a Moscú donde fue
asilado. En México eso no pasa ahora y
seguramente no pasará en mucho tiempo porque se ha inoculado con mucho éxito el
germen de la apatía, de la indiferencia y de ausencia de cultura cívica entre
los mexicanos. El PRI generó una sociedad acostumbrada al paternalismo y con un
problema serio de autoestima colectiva.
El diseño institucional de los
órganos de vigilancia y de los organismos autónomos está pensado para
defraudar, chantajear, extorsionar y – por supuesto- para hacer negocios al
amparo de la impunidad. Transformar las formas de designar a los vigilantes y requerir de ellos
credenciales anticorrupción efectivas es una lucha a largo plazo. Peor aún, no
hay quien demande que las cosas cambien, me refiero a las grandes porciones de
la comunidad mexicana.
Al mismo
tiempo, aquí en la Ciudad de México, el
Contralor General de la capital del país, Eduardo Rovelo Pico, declaró que es
“imposible, eliminar la corrupción”. Tiene razón el contralor en esa
afirmación. Es más, la comparto plenamente. La corrupción es imposible de
erradicar. No hay país alguno donde no haya corrupción. La enorme diferencia,
empero, es que cometer actos indebidos trae aparejada una reacción jurídica en
forma sanción en las democracias, lo que hace que los niveles de corrupción
sean mínimos. En México, por el
contrario, la suma de corrupción más impunidad es la ecuación perfecta,
parafraseando al diputado Flores.
Propuestas,
ideas y estudios de por qué y cómo debe transformarse el diseño de las
instituciones existen durmiendo el sueño de los injustos. No es la falta de
ideas, sino la ausencia de voluntad política para una reforma normativa, de
acuerdo con los mejores estándares internacionales tropicalizada al caso
mexicano.
El diputado Flores hace recordar lo
mucho que debemos cambiar para que los diputados Flores sean severamente
sancionados. El problema es que los diputados y senadores- salvo, como siempre,
honrosas excepciones- tienen la atribución de designar a todos los titulares de
quien vigila las arcas públicas- es un decir- donde la lógica de cuotas se
antepone a cualquier interés superior del país.
Un
experimentado legislador me comentaba su lógica: “Nosotros somos electos para una legislatura, tratándose de diputados y
dos si somos senadores. Son periodos muy precisos y no sabemos que nos depara
el futuro. Lo que sí es seguro es que hay que seguir pagando los colegios y
universidades privada de los hijos y preservar nuestra calidad de vida. Es por
ello por lo que al estar dentro del Congreso hay que aprovechar cualquier
fórmula que permita salir con cierto desahogo económico”.
El cambio debe iniciar por generar
valores de ética pública que hoy brillan por su ausencia y después – o en
paralelo- hacer las reformas normativas necesarias. Es muy difícil, sin duda,
pero más difícil va a ser si no se empiezan a dar los primeros pasos. El
desafuero y aplicar las sanciones penales y administrativas a que haya lugar al
diputado Flores y a sus cómplices sería un buen punto de partida.
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