La Procuraduría General de la
República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se han negado a
entregar al Poder Legislativo la información relacionada con la empresa del
brasileño Marcelo Odebrecht, a través de la cual entregó sobornos a autoridades
mexicanas por 10.5 millones de dólares.
Por lo
anterior, la diputada federal de Morena,
Rocío Nahle, e integrantes de la Comisión Permanente, presentarán este
miércoles otro punto de acuerdo para que los titulares de ambas dependencias,
Raúl Cervantes y Arely Gómez, respectivamente, comparezcan ante diputados y
senadores para dar una explicación.
Nahle
recordó que desde el pasado 5 de abril –luego de que el 16 de febrero el
procurador acudió a Brasil para enterarse de primera mano del caso, y la
titular de la SFP anunció días después, el 20 de febrero, que estaban
realizando auditorias “transversales” para los diversos contratos que firmó
Odebrecht con el gobierno federal y autoridades estatales– la Cámara de Diputados exhortó todos los organismos de gobierno
“suspender” cualquier contrato vigente.
“Anulen… rescindan y absténganse de
promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes
mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de
corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y
nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de
servidores públicos mexicanos”, se indicó en aquel exhorto de la Comisión de Transparencia.
Dicho
acuerdo se logró después de que los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM)
lo bloquearon una semana antes.
También se acordó pedir a la SFP y la PGR que
presentaran un avance de sus indagaciones, y a esta última “la lista de todos
los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, S.A., sus filiales o
subsidiarias y la administración pública federal”.
Incluso se aprobó que Petróleos Mexicanos (Pemex)
diera a conocer el contrato con Etileno XXI (firmado por Braskem (filial de
Odebrecht), mediante el cual la petrolera mexicana le vende gas etano a la
brasileña.
Ese mismo
día por la noche, Pemex subió a su plataforma de internet cuatro contratos
suscritos con Odebrecht, la mayoría de los cuales estaban ilegibles o testados.
El semanario Proceso obtuvo el contrato y dio a conocer el documento totalmente
legible, donde podían verse perfectamente los nombres de los funcionarios de
Pemex y de Braskem que la empresa “tachó”.
De eso han transcurrido poco más de
dos meses, y hasta ahora ni la PGR ni la SFP han entregado nada de lo exigido
por la Cámara baja. “No obstante, el escándalo Odebrecht sigue su curso”, destaca la diputada Rocío Nahle en
el punto de acuerdo que este miércoles será presentado a la Comisión
Permanente.
También recuerda que el 18 de mayo
pasado se dio a conocer que Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo de
reparación económica y su colaboración para aportar información en la
indagatoria que realice sobre los presuntos sobornos a funcionarios de Pemex.
Además,
dice, “trascendió que Odebrecht pidió no
utilizar contra sus empleados y exempleados la información que revelen y
respetar la inmunidad que tienen ante la justicia de Brasil y de Estados
Unidos”.
En el mismo
punto de acuerdo destaca que Carlos Requena, representante legal de la
constructora brasileña, fue entrevistado por dos diarios nacionales, en los
cuales soltó: “Lo que se está pidiendo es el acuerdo reparatorio en favor de la
persona jurídica Odebrecht México, porque las personas físicas tienen ya un
procedimiento penal y administrativo y civil en Brasil y Estados Unidos, donde
ya han llegado a un acuerdo conciliatorio… Son los que han estado declarando,
cuya declaración o relato debe estar bajo reserva en las investigaciones
penales y administrativas, pero respetándoles a ellos su derecho a la no
autoincriminación y, sobre todo, respetándoles la inmunidad, en virtud de tener
ya procedimientos legales en Brasil”.
Cuando se le
preguntó cuántas personas de Odebrecht México tienen un procedimiento en
Brasil, respondió: “Eso lo sabe la PGR.
Lo que sí puedo decir es que esas personas están bajo el amparo del derecho a
la no autoincriminación, el derecho a no ser juzgadas dos veces por los mismos
hechos, al derecho de mantener la reserva en sus declaraciones y al derecho de
inmunidad mientras mantengan un espíritu de colaboración en favor, en este
caso, de las investigaciones en Brasil; seguramente también en un futuro
próximo en México”.
De concretarse el acuerdo con
Odebrecht México, sólo serían acusados penalmente los funcionarios y ex servidores
públicos. Ante dicho escenario, el abogado rechazó que se genere impunidad al
no imputar a los integrantes de la empresa. “La respuesta es que no puede ser
entendido ni interpretado como favorecimiento de impunidad, sino todo lo
contrario”, subrayó.
En su punto de acuerdo, Nahle
sostiene que los hechos de corrupción derivados del escándalo internacional que
involucran a Pemex y Odebrecht obligan a la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión a pronunciarse, con el objeto de que las autoridades mexicanas
encargadas de investigar el caso “rindan un informe a esta soberanía, y por
ello se demanda la comparecencia del procurador Raúl Cervantes y la titular de
la SFP, Arely Gómez”.
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