La administración de Enrique Peña
Nieto ha sido un fracaso en la contención de delitos sexuales. Especialistas en
violencia de género explican a SinEmbargo que la falta de interés en las
autoridades por implementar medidas de prevención es la principal causa.
“El tema de la violencia sexual, y en
general contra las mujeres, es que no existe una sola política pública de
prevención. Por el contrario, el continuar en una sociedad en donde la
promoción de las mujeres como objeto sexual, uso y desuso, pues claro que
incrementa estos casos”, dijo la investigadora Guadalupe Ramos Ponce.
A nivel nacional, el número de violaciones sexuales se encuentra estancado y los grupos
civiles ven al Gobierno federal pasivo ante el fenómeno. En los primeros cinco
meses del año se registraron 5 mil 222 carpetas de investigación por este
delito; éstas son 38 más que en los mismos meses del 2016.
Ayer, un
hombre que presuntamente abusaba sexualmente de una joven de 16 años fue
detenido casi en el acto luego de que la pareja de la víctima escapó de los
supuestos agresores y fue a pedir auxilio a una patrulla que hacía su rondín de
rutina en las calles de Iztapalapa, Ciudad de México.
Y el jueves de la semana pasada,
vecinos intentaron quemar una combi en Los Reyes La Paz por la presunta
participación de un chófer en la violación de una menor de 16 años en la ruta
Pegaso.
El incidente remitió a otro reciente
en el Estado de México, la violación y asesinato de Valeria, una niña de 11
años, en la ruta de 40 de Nezahualcóyotl el pasado 9 de junio.
“Hay una cuestión de prevención, y
otra de impunidad. Porque mientras no agarren a los culpables de estos delitos
hay carta abierta para que los sigan cometiendo”, dijo Ponce.
El Estado de México junto con
Guerrero son las entidades con mayor número de incidencia delictiva. Sin
embargo, en cuanto a las violaciones sexuales las condiciones de peligro son
distintas, el primero registra entre enero y mayo 790 carpetas de
investigación, y el
segundo, 96.
IMPUNIDAD DE
LOS CASOS.
La impunidad se ha vuelto un problema
para estos casos,
indicó Alejandra Núño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(CEDEHM): “Seguro que, de todos los
delitos de género, ni siquiera el 10 por ciento es denunciado. No sólo la
violación, la trata, el propio feminicidio, el incumplimiento a los deberes
alimentarios, y en algunas ocasiones tiene que ver con las dificultades
normales de tener conocimiento del caso. Pero en otras ocasiones tiene que ver
con la insistencia de una cultura patriarcal”.
De acuerdo
con el trabajo, publicado en 2016, “Diagnóstico sobre la violencia sexual” de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de cada 100 agresiones sexuales registradas entre el 2010 y 2015 sólo
seis fueron denunciadas, y tres terminan recibiendo sentencia.
A las pocas sentencias también se
suman los retrocesos en algunos estados para castigar estos delitos.
Chihuahua es la entidad con más años
con el nuevo sistema de Justicia Penal, desde el 2007. Y a la vez, un estado en
el que los niveles de violación no retroceden. Entre enero y mayo hubo 389
carpetas de delitos sexuales; en el mismo periodo 2016 hubo 395.
Allá el constante cambió de 13
magistrados durante el periodo del Gobernador César Duarte, hoy prófugo, echó
atrás avances en el sistema penal para los casos de violación, dijo Nuño; cuyo trabajo en instancias
de apelación había demostrado enmendar sentencias de jueces que no favorecían a
las víctimas.
“¿Qué ha
pasado en Chihuahua? En el inicio del
sistema acusatorio se capacitó a muchos ministerios públicos. Pero, en los
últimos años hubo una rotación muy importante de a esas personas”, relató.
En cuanto a
las autoridades de Gobernación, Nuño señaló que las autoridades fallaron en la generación de diagnósticos y en la georreferenciación
de la violencia contra las mujeres. Un mapa de incidencia delictiva que les
podría dar claridad de en dónde realizar programas y campañas de prevención.
SE DUPLICAN
LOS CASOS.
Hay entidades que registran
peligrosos aumentos. Entre ellas están Puebla y San Luis Potosí. La primera
registró en los primeros cinco meses del año 279 carpetas de investigación,
contra 217 del año pasado.
En San Luis
Potosí, los primeros cinco meses del año sumaron 204 carpetas de delitos
sexuales, en contra de las 101 que registró el mismo periodo el año pasado.
Vianeth
Rojas Arenas, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos
(Odesyr), en Puebla, explicó que los
programas de prevención han fallado, y las denuncias aumentaron, pese a que el
subregistro en términos generales sea amplio.
“El índice de denuncias ha aumentado.
También sabemos que se les sigue revictimizando, una vez que las chicas llegan
a los ministerios públicos. En el acompañamiento que le hemos dado, sí vemos
que no se les está aplicando la norma 046 sobre violencia sexual”, dijo Rojas.
La norma, entre otras medidas,
tendría que ofrecer la pastilla anticonceptiva del día después para evitar un
embarazo. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público adolecen del
conocimiento de la norma; “y los que la saben no la están aplicando”, dijo.
El tema de
las agresiones sexuales ha sido un tema de cuidado en los discursos de las
autoridades federales y estatales, coincidieron las entrevistadas.
En el caso
de Puebla, la nueva administración estatal, que encabeza el Gobernador de
Acción Nacional (PAN) Antonio Gali Fayad
desde febrero empezó a hablar de los delitos por violencia de género, después
del silencio con que caracterizó el manejo del Gobernador Rafael Moreno Valle,
quien ha manifestado su deseo de ser candidato presidencial del PAN.
“Ahora hay un poco de disposición. La nueva
administración menciona el tema, en la anterior no se habló jamás. No se escuchó
a Moreno Valle hablar de feminicidios, ni a agresiones, ni acciones”,
sostuvo Rojas.
Las acciones en Puebla se han quedado
meramente en documentos firmados por la autoridad, señaló Rojas, después de que
la Secretaría de Gobernación recién prolongará el plazo de cumplimiento de
recomendaciones de la solicitud de Alerta de Violencia de Género.
“A mí me
parece grave que, en esas ocho recomendaciones, donde da el Conavim da otros
seis meses más, dice que hay que hacer un diagnóstico de la situación de la violencia
a nivel estatal, sobre todo. Una recomendación que fue una de las primeras
planteadas desde el año pasado [abril del 2016] y no se ha generado”, apuntó la
activista.
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