Si bien la
mayoría de los estados cumplió con reformas constitucionales y leyes para sus
sistemas anticorrupción –cuyo plazo venció ayer martes–, una revisión detectó causas de preocupación en los nuevos marcos legales,
sobre todo en el aprobado el lunes en la Ciudad de México.
De acuerdo
con la más reciente actualización del “semáforo anticorrupción” difundido esta
tarde por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México contravino los términos de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción al eliminar, por ejemplo, el requisito para que el secretario
técnico del sistema local no haya formado parte de un partido político o haber
desempeñado cargo de elección popular en los cuatro años anteriores.
También,
indica la revisión del IMCO, los
diputados locales aprobaron trasladar a la Asamblea el nombramiento del
Secretario Técnico, que en la Ley General quedaba en manos del presidente del
comité de comité coordinador, única representación ciudadana de todo el
entramado de participantes.
Otra
observación del semáforo es que, si bien
la Ley General establece siete lugares en el comité coordinador del Sistema
Nacional, los legisladores locales (mayoría de PRD, PAN, PRI y PVEM) agregaron
otras dos posiciones: el Órgano de Control Interno del Congreso y el Consejo de
Evaluación.
También,
dice IMCO, establecieron la figura de
comité de selección del consejo de participación ciudadana, pero no se
especifica que debe estar compuesto por ciudadanos o algún otro de los
requisitos considerados por el modelo del SNA.
“El plazo constitucional para la
implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción se venció; sin embargo,
debemos presionar a los congresos locales para que lleven a cabo su obligación”,
dice un comunicado emitido hoy por el IMCO.
La
adaptación del marco legal en la Ciudad de México a los términos de la Ley
General del SNA se realizó el pasado lunes, en una sesión de varias horas en
las que se crearon seis nuevas leyes y se reformaron otras cinco.
Lo aprobado, sin embargo, fue
cuestionado desde un inicio por la fracción del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), que advirtió un traslado de facultades de la ciudadanía al
Jefe de Gobierno en, por ejemplo, el nombramiento del Fiscal Especializado
Anticorrupción.
“Es a todas luces evidente que estos
partidos intentan, a toda costa, cuidarse las espaldas, por eso están empeñados
en sembrar a funcionario”, dijo el coordinador de Morena en la ALDF, César Cravioto.
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