En 2014, por realizar cobros que excedieron
al precio pactado por sus servicios, Oceanografía fue inhabilitada por la
Secretaría de la Función Pública (SFP) para trabajar para el Gobierno mexicano
durante un año, nueve meses y 12 días.
Además, fue tomada por el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes (SAEB) debido a un fraude comprobado por
400 millones de dólares en contra de Banamex Citigroup. La naviera fundada en 1967 con más
contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) le debía también al Instituto
Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit). Por el fraude financiero, Amado Yáñez Osuna,
el dueño en segunda generación, fue consignado ante las autoridades y
permaneció en prisión durante dos años y medio.
Pese a sus problemas y su incapacidad
legal para brindar trabajos al Gobierno federal, la naviera continuó con
prestación de servicios para Pemex Exploración y Perforación (PEP) en el
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2014 y 2015) con un contrato por 862
millones 332 mil 174 pesos, según consta en una lista de empresas
subcontratadas
entregada a este medio digital mediante una solicitud de información hecha a
través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) y que fue cotejada con datos del Portal de Obligaciones y
Transparencia (POT).
Oceanografía
pudo continuar como contratista de Pemex Exploración porque en febrero de 2016, el juez federal, Felipe Consuelo Soto (en
estos momentos inhabilitado por el proceso que llevó Mexicana), determinó que
Pemex debía prorrogar nueve contratos para que se pudiera dar flujo a los
ingresos de la compañía. Entre esos convenios se encontraba el signado el
14 de noviembre de 2013 con el número 428233856 destinado a mantenimiento a
instalaciones costa afuera y apoyo a perforación en la estimulación e inducción
de pozos, en las instalaciones del Golfo de México, con apoyo de una embarcación
con posicionamiento dinámico.
El juez también autorizó que se
ejercieran los contratos 421002810, 421002811, 421002812, 421002813, 421002814,
428232833, 428232834 y 428233804, por Servicio de Transporte de Personal,
Materiales y Equipos Ligeros con Abastecedor Rápido [sólo de flete], con un
valor total de tres mil 342 millones 14 mil 223 pesos, firmados en 2012 y 2013 para
servicios de transportación y otras obras de infraestructura. Pero ninguno de
estos aparece en la lista de empresas subcontratadas por Pemex Exploración y
Producción obtenida por este medio digital, lo que indica que esos contratos y
ese dinero fue desechado por Oceanografía.
El dinero que le pagó Pemex a
Oceanografía mientras estaba inhabilitada no resultó un respiro. Al contrario,
se esfumó y no quedó registro de a dónde fue a parar. La
empresa fue declarada en quiebra en septiembre de 2016. Tampoco hay pruebas que
así, desmantelada e inhabilitada, Oceanografía haya cumplido a cabalidad con el
único contrato que revivió para atraerse flujo.
De hecho, en esos años no contaba con trabajadores.
Datos de la misma empresa indican que cuando fue enajenada por el SAE, la
nómina era de 11 mil 419 empleados y una flota de 69 navíos. Para octubre de
2015, cuando se ejerció este contrato, tenía sólo 600 empleados.
El mismo año
de la desgracia de Oceanografía. Enrique Peña Nieto quien escribía los nuevos
días del Partido Revolucionario Institucional en la Presidencia de la
República, promulgó la Reforma Energética, un conjunto de leyes con las que se
abrió el sector energético a la inversión privada. Una de las promesas fue la Transparencia. “El Gobierno promete abrir el
sector al escrutinio de la sociedad con varias medidas de vigilancia”, fue una
de las cláusulas en un listado ofrecido por la Presidencia de la República.
Pero Pemex Exploración se resistió a
responder sobre cómo trabajó esos años con sus empresas subcontratadas, entre
ellas, Oceanografía.
A la pregunta expresa mediante el INAI regresó el oficio
PEP-DG-SPBS-GMCG-135-2017 que indica:
“No se cuenta con un documento que
contenga el número de trabajadores subcontratados, debido a que no existe
obligación de contar con dicha información, ya que los contratistas o
proveedores serán [por Ley vigente] los responsables de las obligaciones de
contrato”.
Ese año en Ciudad del Carmen,
Campeche, los trabajadores de Oceanografía bloquearon algunos de los accesos al
muelle para reclamar el pago de sus salarios y liquidaciones. Pemex admitió que
estas acciones entorpecieron las labores y el traslado de trabajadores hacia
las plataformas. En alta mar unos cien trabajadores abandonaron el buque “Don
Daniel” con ayuda de pequeños botes pesqueros.
De 2000 a 2012, Oceanografía fue una
gran contratista de Petróleos Exploración y Producción, filial de Petróleos
Mexicanos. En esa década, la Presidencia de la República estuvo ocupada por los
Gobiernos de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012), un
periodo que se conoció como la alternancia porque se trataba de hombres que no
provenían del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De 2003 a 2014, logró 110 contratos
por poco más de 50 mil 981 millones 819 mil 596 pesos, según el POT (Los
contratos de 2000 a 2003 no están publicados. La cantidad equivale a la inversión
del sector salud en la compra consolidada de medicamentos e insumos durante
2017, el monto más alto en la historia de la salud pública.
El grueso de contratos se encuentra
de 2003 a 2006, que correspondió a la última parte del sexenio de Vicente Fox.
Fueron 37 contratos que significaron diez mil 530 millones 409 mil 673 pesos;
es decir, 20.6 por ciento del total del dinero que obtuvo durante los Gobiernos
panistas.
La buena fortuna continuó en el
Gobierno de Enrique Peña Nieto cuando signó otra decena de convenios por unos
cien millones de pesos cuando apenas tenía unos meses de Gobierno, según el
mismo portal.
Pero en
2014, la desgracia la cubrió. Citigroup Inc. informó en un comunicado que
descubrió un fraude en contra de Banamex, su brazo en México, relacionado con
la firma de servicios petroleros Oceanografía que le recortó su ganancia neta
de 2013 en 235 millones de dólares. La operación fraudulenta involucró casi 585
millones de dólares en un crédito a corto plazo.
Casi al mismo tiempo, una
investigación, contenida en nueve expedientes, probó que la empresa realizó
modificaciones a contratos con PEP mediante convenios, con los cuales se
incrementaron los cobros a la paraestatal hasta llegar a tres mil 250 millones
de pesos adicionales, además de la omisión de casi 150 millones de pesos en
fianzas de la empresa a la paraestatal.
Oceanografía
fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para recibir
contratos del Gobierno después de varias
investigaciones de la dependencia que arrojaron que la empresa realizó cobros
que excedieron el precio pactado por sus servicios.
Amado Yáñez
Osuna, el dueño de la naviera, fue encarcelado luego de que el fraude fuera
revelado. La autoridad intervino a la proveedora de servicios a empresas
petroleras, incluida Pemex, y en 2016 se le declaró en concurso mercantil. Hace
unos meses fue declarada en quiebra.
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