Raymundo Riva Palacio.
La premisa fue clara tras el análisis
de las consecuencias del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde
murieron dos personas: “si no se contiene de manera correcta este suceso,
pondrá en tela de juicio proyectos como el tren México-Toluca y el nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. La discusión, dentro del equipo de estrategia de Los Pinos, urgía una serie de
acciones para controlar los daños derivados de esa tragedia que contemplaba la
renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza
y, en una acción de poder, que el presidente Enrique Peña Nieto no se la
aceptara porque él “no es el responsable directo”. El objetivo de la estrategia era que la responsabilidad se contuviera
en el delegado de la dependencia en Morelos y en las constructoras, para, de
esa forma, convertir a la secretaría de victimario a víctima. ¿Qué sucedió? La
estrategia no funcionó. Fracasó antes de nacer.
Una copia del documento para el
control de daños y el manejo de crisis, elaborada por los estrategas
presidenciales, refleja lo que sucedió en las primeras 48 horas de la tragedia
la semana pasada: una crítica generalizada en los medios de comunicación por la
pasividad mostrada por las autoridades, y las primeras declaraciones equívocas
del secretario Ruiz Esparza, que sugerían que el gobierno quería eludir su
responsabilidad. En
el centro del primer diagnóstico de impacto que realizaron está el secretario, a quien observaron en un papel declarativo lleno de
contradicciones y con un “bajo nivel argumentativo”, que generó más confusión y dio margen a que se pensara que se estaba
protegiendo a la empresa constructora hispano-mexicana Aldesa.
La
recomendación de los estrategas era que la empresa constructora, el supervisor
y el realizador del proyecto ejecutivo de obra debían hacerse responsables de
la tragedia, y que no recayera en la SCT el papel de victimario. La realidad ha sido un deslinde
generalizado de responsabilidades, donde nadie tuvo culpa alguna de nada.
Aldesa, que ha enviado un equipo de ejecutivos a México para controlar el daño
y manejar la crisis que enfrenta, rechazó el cuestionamiento sobre la
integridad de la empresa. Epccor, la
otra empresa que colaboró con Aldesa en la construcción del Paso Exprés, culpó
al gobierno de Morelos por falta de mantenimiento y limpieza del drenaje.
La falta de control sobre los
declarantes y la ausencia de un secretario firme, que pudiera unificar una
respuesta y homologar el mensaje, contribuyó al desorden comunicativo y a la
crisis que no se detiene.
La declaración del vocero de Epccor
molestó a las autoridades de Morelos, que se agravó cuando Ruiz Esparza dijo
que al delegado de la SCT en el estado lo había recomendado el gobernador Graco
Ramírez. La respuesta fue fulminante y abrió nuevos
flancos al gobierno federal. Ramírez dijo no haber conocido jamás al delegado
–al anterior, agregó, pidió que lo removieran por corrupto–, y comentó que al
representante de la SCT lo había nombrado la Secretaría de Gobernación.
El documento
retomó la información aportada por Ruiz Esparza a la prensa, de que la tragedia
había sido causada por una fuga de agua en un drenaje, consecuencia de lluvias
atípicas en la zona. “La atipicidad de las lluvias en el centro del país es una
variable fácilmente comprobable”, indicaron los estrategas. Roberto Ramírez, director de Conagua, dijo
una semana antes que, si bien se estaban registrando lluvias atípicas en el
centro del país, en el promedio del año había llovido menos en 2017 que en
2016. En la zona del socavón, empero, la lluvia fue de 54.4 milímetros, cuatro
milímetros más que el promedio histórico. La atipicidad de las lluvias y la responsabilidad sobre las
constructoras que se sugería como “la narrativa gubernamental”, quedó hecha
trizas antes de que comenzara a aplicarse.
Ruiz Esparza no ha logrado que los ejecutivos de Aldesa
ofrezcan una rueda de prensa, como se pide en el documento, para responder los
cuestionamientos técnicos. Tampoco se preparó un análisis del suelo (mecánica
de suelos) donde se realizó la obra “para atender cualquier otro riesgo y
prevenirlo”, que, de acuerdo con Óscar Callejo, subsecretario de
Infraestructura de la SCT, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo
que deslindó una vez más a las constructoras.
Ruiz Esparza y su equipo demolieron la
estrategia. Primero dijeron que no había peligro y que el subsuelo de la obra
en el área del socavón estaba firme y estable. Después tuvieron que limitar el
flujo por el Paso y más adelante suspenderlo. A los habitantes de la zona, a
quienes no habían volteado a ver salvo para asegurar que estaban seguros,
tuvieron que desalojarlos a medianoche ante los riesgos de más víctimas. Los
estrategas plantearon que se debía mantener en confidencialidad los montos del
apoyo a las familias, pero el secretario declaró que se les daría un millón de
pesos por “el mal rato que pasaron”, que fue una declaración que volvió a
incendiar a la opinión pública por la insensibilidad -es lo menos que se puede
decir- del comentario.
“Mediáticamente, Gerardo Ruiz Esparza
ha resultado y será señalado como el principal responsable. En materia de
opinión pública, el asunto es altamente complejo y de alta densidad por la
percepción de corrupción e incompetencia contra la actual administración y su
ambicioso programa de infraestructura”, iniciaron los estrategas su documento. La estrategia
pretendía evitar que las percepciones se convirtieran en la historia oficial de
la tragedia. Lo que no anticiparon es
que el fracaso del plan contribuirá a hacer realidad lo que querían impedir.
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