La
Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de autoridades de
Veracruz, logró identificar a una de las personas clave en la operación de la
red de empresas fantasma en dicho estado, con las cuales se desviaron recursos
públicos en la administración del exgobernador Javier Duarte.
Se trata de JMM (su nombre y datos
personales los reserva Animal Político, por presunción de inocencia y para no
entorpecer su localización) quien además de fungir como apoderado de al menos
15 compañías fachada, era quien tenía las facultades para operar las cuentas
bancarias a nombre de éstas, y realizar movimientos y retiros.
Un juez federal ya ordenó la
aprehensión de esta persona, por lo que su estatus oficialmente es el de
prófugo de la justicia.
De acuerdo
con las investigaciones, JMM no aparecía
de inicio como accionista en las compañías fantasma, sin embargo, sí ocupaba el
puesto de apoderado legal, luego de asambleas que se realizaban para modificar
estatutos de dichas empresas.
De hecho, los accionistas eran en realidad personas
de bajos recursos o empleados que, aun cuando eran los socios fundadores de la
empresa, no tenían accesos a sus recursos ni mucho menos a las cuentas
bancarias.
En cambio, JMM (y otras personas que
aún siguen bajo investigación) sí estaba autorizado para realizar retiros
bancarios de las empresas fondeadas con dinero público, y que presuntamente forman
una red o varias redes de lavado de dinero.
Entre esas
empresas vinculadas a JMM se encuentran varias de las reveladas por Animal
Político, en el reportaje denominado Las Empresas Fantasma de Veracruz, las
cuales fueron fondeadas a través de contratos irregulares otorgados por las
Secretarías de Educación, Desarrollo Social, Protección Civil, y del DIF
Estatal (que encabezaba Karime Macías).
Este grupo
de empresas fachada se utilizó además para facturar pagos por supuestos gastos
de comunicación social de una decena de dependencias, como lo confesó el
exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, en su
declaración presentada en la audiencia contra el exgobernador Javier Duarte.
Cabe señalar que desde el año pasado
el Servicio de Administración Tributaria, y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, han procedido con el embargo de las cuentas bancarias de las empresas
fantasma involucradas en el caso, ya que además no se cubrieron los pagos de
impuestos, por las operaciones millonarias que facturaron.
Pero en el caso de algunas de las empresas, como
Mogarver SA de CV, Comersil SA de CV, e Importadora Denylk SA de CV, las
cuentas bancarias prácticamente estaban en ceros en el momento en que fueron
intervenidas, por lo que se presume que el dinero fue triangulado hacia otras
personas y empresas, en una compleja red de lavado de dinero.
Los prófugos
clave.
La PGR ya retiró los cargos que en su
momento presentó en contra de dos ex abogados (Alfonso Ortega y Juan José
Janeiro) que colaboraron con Javier Duarte en las operaciones de lavado de
dinero. Lo anterior, luego de que decidieron confesar ante las autoridades,
para facilitar las investigaciones.
Pero la lista de prófugos en el caso
aún tiene varios nombres clave. Todos cuentan con orden de aprehensión y ficha
roja de localización, emitida por la Interpol.
El de mayor
relevancia en cuanto a la investigación es el de Moisés Mansur Cysneiros,
empresario identificado por la PGR como el principal prestanombres de Duarte.
Según la investigación, se hizo pasar por campesino para adquirir terrenos
ejidales y revendérselos a sí mismo, con un sobreprecio de 15,000%, esto con la
intención de lavar recursos públicos.
La PGR sostiene que Mansur coordinaba
prácticamente todas las operaciones irregulares, y aceptó poner a su nombre
propiedades que en realidad eran de Duarte. Construyó un patrimonio
inmobiliario que supera los mil millones de pesos.
Animal Político publicó el miércoles
pasado que la PGR ya puso en marcha los trámites para conseguir la detención y
extradición de Mansur, quien se encuentra escondido en Canadá desde el año
pasado.
Otro prófugo importante es Rafael
Rosas Bocardo, quien también presuntamente participó en la compra simulada de
terrenos ejidales, y fungió como prestanombres en varias operaciones
irregulares. Por ejemplo, él aparecía como propietario del rancho Las Mesas, en
el Estado de México, adquirido con presuntos recursos desviados.
Además, faltan por ser capturados Santa Bartolo
Acuña y Miguel Velázquez Nieva. La investigación de la PGR ubica a ambos como
comisarios ejidales, los cuales presuntamente se coludieron con Mansur para
simular que él era un ejidatario, y luego venderles terrenos ejidales a precios
ínfimos.
Una orden de
aprehensión que ya se cumplió fue la girada contra Javier Nava Soria, contador
que fungía como representante legal de las dos principales empresas fundadas
por Mansur, para lavar dinero, entre otras cosas. Nava fue capturado en
Barcelona, y su proceso de extradición se encuentra en trámite.
Las únicas dos personas sentenciadas
por el caso son las hermanas Nadia Isabel Arzate Peralta y Elia Arzate Peralta,
quienes fungieron como accionistas de una empresa fantasma. Actualmente cumplen
una condena de cuatro años de cárcel, por el delito de lavado de dinero, en el
penal femenil de Santa Martha Acatitla.
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