Desde 2014,
primer año de la puesta en marcha de la Reforma Energética, que impulsó Enrique
Peña Nieto, la liberación del sector energético –para que empresas privadas
participen en todos los eslabones de la extracción, producción y venta de hidrocarburos–
se convirtió en una fuente de negocios sobre todo para empresas ligadas a un
reducido grupo de ex funcionarios públicos, que tuvo su origen en el sexenio
del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, dijo Alejandra Salas–Porras.
La profesora
e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más
reconocidas especialistas en economía política del desarrollo y las redes
corporativas en México, no tiene duda: ese puñado de ex funcionarios
tecnócratas usa esa información privilegiada en beneficio propio y de sus
cercanos.
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