Darío Ramírez.
Los problemas que enfrentamos como
país son gravísimos y variados. Las instituciones que buscan darle forma y
orden al Estado están cooptadas (o secuestradas) por intereses que no van en
concordancia con el interés general de la sociedad. De esta manera, nuestro
andamiaje institucional se ve debilitado ante una realidad desastrosa que
avasalla sistemáticamente a cada ciudadano/a. Nuestro sistema de Estado está
dañado de gravedad.
Si
recordamos a Durkheim y su teoría del funcionalismo estructuralista en la que
señala cómo una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema
complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y
estabilidad del mismo Estado, o bien, como decía Herbert Spencer, quien
presenta estos sectores de la sociedad como “órganos” que trabajan para el buen
funcionamiento del “cuerpo”, como un todo. Bueno, nuestros órganos y sistemas lejos de proveer el buen funcionamiento del
todo están siendo la vía para el continuo debilitamiento de la intención de
mejor y cambio en nuestro país.
Algunos dirían que no está en todo el
sistema la enfermedad, pero basta ver un día de estampas de nuestra realidad:
INE que está
en su peor momento.
Estamos ante
unas elecciones (2018) sumamente reñidas y transcendentales para la historia y
desarrollo de nuestro país. El árbitro
electoral está enfermo. El órgano electoral está lejos de poder dar certidumbre
y confianza para que la sociedad se dirija con ánimos para emitir su sufragio
el próximo año. Voces conocedoras avisaban que la elección del Estado de
México era un entrenamiento para lo que será la elección presidencial del
próximo año. El martes el Instituto
Nacional Electoral (INE) rechazó las quejas sobre irregularidades en el gasto
de las campañas del Edomex. Al respecto, algunos concejeros como Benito Nacif descalificaron los alegatos
arguyendo que “eran cosas normales en una elección”. Luego se hizo público que
el fiscalizador de las campañas había sido subordinado de Alfredo del Mazo
(PRI). El rechazo a la evidencia y su capacidad de sanción de la elección
coloca en el peor de los mundos al INE de cara a la elección. Aquello que se
había ganado con la transición democrática se ha ido perdiendo lentamente
porque a la clase política le incomoda un árbitro imparcial. Entonces, lo que debería ser una pieza fundamental
para garantizar la democracia en nuestro país, ha sido cooptada por las
voluntades de los partidos políticos y ha desembocado a que los partidos
vuelven a tener impunidad y negociaciones políticas en las narices de los
consejeros electorales del INE. Y todo eso ya desembocó en que el 42 por
ciento de los mexicanos no confía en las autoridades electorales y más de la
mitad de los jóvenes no se identifican con ningún partido político y que el
49.61 por ciento está convencido de que los políticos no se preocupan por
ellos.
El socavón
de Ruiz Esparza.
Gerardo Ruiz Esparza ha sido un alfil
de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Es un funcionario que a lo largo del
sexenio ha coleccionado flagrantes actos de presunta corrupción (el presunta es
irónica). Su gran acierto es pertenecer al círculo cercano de Peña. Desde las llamadas con OHL en las
que dibujaba la estrategia contra Infraiber hasta la más reciente que es el
socavón del Paso Exprés de Cuernavaca en la que murieron dos personas por la
negligencia de otro órgano de nuestro sistema. El inepto funcionario otorgó una
indemnización de un millón de pesos a las víctimas del socavón y fulminó el
caso diciendo que “era por el mal rato que pasó la familia”. El socavón en una obra recién estrenada,
que costó más que lo presupuestado, que lo hizo una empresa que ha sido
ampliamente beneficiada por la administración federal es solamente un caso más
del socavón de la corrupción que padecemos día con día y hace que las familias
más pobres dediquen el 33 por ciento de su ingreso a pagar la corrupción.
Es decir, en nuestro sistema sí hay una relación entre el dinero robado,
desviado en el paso exprés y la ausencia de una distribución del gasto más
igualitaria entre la población.
La pifia de
la PGR y Javier Duarte.
El villano
favorito pisó suelo mexicano. Esposado y con cara menos sonriente, Javier
Duarte, quien cargará con todos los muertos del sexenio, fue enviado al
Reclusorio Norte. En la que debería
haber sido la audiencia más fácil la Procuraduría General de la República, hizo
el ridículo. Y no es una interpretación, sino las crónicas así lo relatan.
La PGR les había dicho a los medios de comunicación que podía imputar a Duarte
el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos.
Sin embargo, la pifia de Ricardo Cervantes consistió en que solo pudo explicar
con datos la desviación de 38 millones de pesos que salieron de la Secretaría
de Educación de Veracruz. “Los números
no cuadran, eso está claro”, fue lo que concluyó el juez de control ante la
ineficacia que había expuesto a la PGR. Inclusive, las inconsistencias en los señalamientos de la PGR arribaron al punto
en que el juez les comentó a los fiscales que sus datos eran “incongruentes” y
que las cifras contradecían con lo que la misma PGR había exhibido
anteriormente. La pregunta obligada
es si ¿fue error de preparación y novatez de los fiscales o claramente la PGR
no quiere ganar? Difícil tragarse la
idea que el error es humano. Pero la procuración de justicia sigue siendo
parte fundamental del entramado de impunidad y corrupción que vive libremente
en nuestro sistema.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.