La organización Somos Más presentó
hoy una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)
para la separación inmediata del cargo de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la
SCT, así como de otros dos funcionarios por su presunta corresponsabilidad en
los accidentes en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.
En rueda de
prensa, Carlos Augusto Morales, vocero de Somos Más, explicó que esta denuncia incluye también a los
servidores públicos Clemente Poon Hung, director general de Carreteras, y a
José Luis Alarcón Ezeta, director general del Centro SCT Morelos.
La denuncia
es la segunda que interpone esta organización.
La semana pasada presentó otra de
carácter penal en la PGR contra Ruiz Esparza, a fin de deslindar su
responsabilidad por los hechos del Paso Exprés y la posible comisión de delitos
calificados como corrupción por el Código Penal Federal, entre ellos abuso de
autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de
funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y los que resulten
derivados de la investigación.
Habrá una tercera denuncia ante la
CNDH porque existe un número importante de carreteras y obras viales
construidas en este sexenio que colocan en riesgo la vida de los mexicanos.
En el documento presentado ante la
SFP, la organización argumenta que datos oficiales “precisan que la
construcción de la carretera Paso Exprés no contó con la supervisión
suficiente, los materiales utilizados fueron deficientes y se hicieron pagos
por trabajos que no fueron ejecutados”, según el reporte 15-0-09100-04-0380 de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Las fallas conducen a un probable
daño al erario por 302.3 millones de pesos, según el dictamen de la ASF, del
que además se desprenden 10 observaciones emitidas en diciembre de 2016”, se advierte en el documento.
Otra anomalía que argumenta Somos Más
es la serie de pagos extraordinarios de 257.6 millones de pesos a las empresas
Aldesem y Epco, “sin que se justificaran los rendimientos de la mano de obra,
los materiales y equipos considerados en la obra”.
A la
delegación de la SCT de Morelos se le señala por incumplir disposiciones
legales y normativas.
El entonces
delegado Alarcón Ezeta firmó con los representantes legales de las empresas
constructoras la entrega de la obra y señaló que aquéllos “cuenta con los
recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato”.
Exigen
investigar a empresas.
En paralelo,
la coordinadora del PRD en el Senado,
Dolores Padierna, demandó que deben ser investigadas tanto las dos empresas
constructoras, Aldesa y Epcor, así como el propio titular de la SCT.
“La responsabilidad de este consorcio
no puede quedarse en simples declaraciones vacías o sin sentido de las
autoridades de la SCT, quienes prometen como siempre hacer una investigación
exhaustiva que también como siempre no arribará a ninguna conclusión para
sancionar o inhabilitar a dichas empresas”, afirmó Padierna en un comunicado.
La
legisladora recordó que, de acuerdo con la nueva Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la
SFP debe iniciar un procedimiento de investigación contra estas empresas, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 71 y 72 de la nueva norma.
“Ha pasado una semana de que esta
nueva ley entró en vigor, veamos si el Sistema Nacional Anticorrupción y la
Secretaría de la Función Pública están a la altura de las circunstancias o si
simplemente le apuestan, como siempre, a la impunidad, la protección de sus
intereses y la perpetuación de la corrupción”, remató Padierna.
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