Con la entrada en vigor del Sistema
Nacional Anticorrupción, habrá sanciones administrativas y penales a servidores
públicos y particulares; se persiguen de oficio los casos de corrupción, y el
ciudadano debería de tener instituciones articuladas para investigar casos de
corrupción… al menos en teoría eso debió suceder desde ayer.
El SNA está́
integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el
Sistema Nacional de Fiscalización y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción. Con
todo este mecanismo vienen tres cambios:
Ahora ya no se necesita una denuncia
para iniciar una investigación por corrupción. Si un medio de comunicación da a
conocer algún acto ilícito, la fiscalía anticorrupción de la entidad o la
federal tiene la obligación de seguir de oficio estos casos.
“Cuando suceden este tipo de
noticias, la fiscalía anticorrupción, en su calidad de Ministerio Público, al
enterarse de que hay un delito donde tiene facultades para investigar, tiene
que iniciar oficiosamente una investigación para cerciorarse que existen los
elementos del tipo penal e imputarle alguna responsabilidad a alguna persona”, explicó el especialista en temas de
transparencia, Ricardo Peralta, quien además forma parte de la terna de
candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción.
Como él,
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, coincidió en que éste es uno de los principales logros de la Ley
General del SNA, ya que no se necesita de una denuncia forzosamente para
iniciar las investigaciones a un funcionario corrupto, o en este caso a un
exgobernador.
Otro cambio
sustantivo, es el arranque de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, que ya incluye sanciones
administrativas y penales a servidores públicos y particulares. De tal manera que durante el proceso de una
investigación por corrupción se pueden emitir medidas cautelares contra “quien
resulte responsable”, entre ellos: suspensión
de cargo, exhibir los documentos originales para evitar que sean alterados,
embargo de bienes y multas, y en caso de que se determine que se cometió un
delito, se canaliza a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso
penal.
Y otro avance relevante es la armonización de
las instituciones y la participación de la sociedad civil en el seguimiento de
casos de corrupción. En las 32 entidades las seis instituciones y el Comité de
Participación Ciudadano que integran el Comité Coordinador del SNA estarán
relacionadas para, en sus atribuciones, seguir las investigaciones por actos de
corrupción.
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