La promoción de Raúl Cervantes
Andrade para ser el eventual Fiscal General de la República es un intento por
blindar la corrupción y la impunidad que se ha cometido durante este sexenio,
acusaron legisladores de oposición.
La falta de
procuración de justicia en México ha sido resaltada por diferentes
instituciones y organizaciones. La
última alerta se dio a conocer este día por parte de la Universidad de las
Américas de Puebla (UDLAP) en su Índice Global de Impunidad (IGI) 2017.
A grandes
rasgos el documento expone que México
ocupa el primer lugar de impunidad en el continente americano y el cuarto de un
total de 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El próximo viernes iniciará el
penúltimo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura en el Congreso
de la Unión y se tiene previsto que se nombre al Fiscal Anticorrupción y el
marco legal sobre el paso de la Procuraduría General de la República a Fiscalía
General de la República.
“Evidentemente, aparte de que no
tiene la capacidad sería permitir blindar al presidente Peña Nieto y a todo su
Gobierno ante una posible acción de la justicia una vez que termine su
Gobierno”, dijo
Víctor Sánchez Orozco, Diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano
(MC) y quien es parte de la Comisión de Justicia.
Recientemente
el Senador del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) y presidente de Mesa Directiva de la Cámara Alta, Pablo
Escudero Morales, manifestó su interés de impulsar la designación de Cervantes
al frente de la Fiscalía.
Una designación que contradice una
iniciativa mandada por el presidente Peña Nieto, en noviembre del 2016, para
modificar el transitorio constitucional que dará vida a la Fiscalía y prohibir
que un funcionario titular pase en automático de Procurador a Fiscal.
“No hay todavía un acuerdo en el
grupo parlamentario sobre el artículo 102, que es el pase automático. […]. Lo
someteré a votación, para ver cuál es la decisión final sobre si vamos a ir a
aprobar este artículo 102”, dijo Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada priista, apenas el
pasado 24 de agosto.
El PRI presiona al PAN, en donde
Escudero ha buscado encontrar eco para que apoyen la candidatura de Cervantes.
Y lo ha encontrado en figuras como la del Gobernador de Durango José Rosas
Aispuro Torres, quien apoya a Cervantes.
Sin embargo, al menos para la dirigencia panista, la
elección de Raúl Cervantes como nuevo Fiscal sería un grave retroceso.
“No vamos a permitir que el actual
Procurador, con militancia priista, coordinador jurídico de campaña
Presidencial de Enrique Peña Nieto sea el Fiscal durante lo que está de este
sexenio, todo el siguiente y una tercera parte del que seguirá”, dijo Ricardo Anaya, presidente del PAN.
En esta
misma línea lo han seguido el coordinador de la bancada en el Senado, Fernando
Herrera Ávila, quien sostuvo después de la plenaria blanquiazul del fin de
semana que buscarán dictaminar la iniciativa presidencial que prohíbe el pase
automático.
La modificación del artículo 102
requiere dos terceras partes en el Senado, por lo que, de negarse el
blanquiazul, el PRI y el Verde quedarían casi imposibilitados para que
convertir a Raúl Cervantes en el primer Fiscal General de la República.
El Senador
del PRI Miguel Ángel Chico Herrera, expuso en La Jornada: ‘‘Vamos a ver en la negociación quién tiene mayoría; vamos a convencer
a los senadores que no son del PRI o del Partido Verde que pueden estar con
nosotros’’.
CERVANTES,
SIN CREDENCIALES.
Los legisladores de oposición
sostienen que Raúl Cervantes no puede ocupar el cargo ante la falta de
persecución de los delitos en su gestión, que inició en octubre del 2016 cuando
relevó a Arely Gómez González, quien hoy ocupa la Secretaría de la Función
Pública (SFP).
Ese podría ser el caso de los bienes
del Joaquín “El Chapo” Guzmán, deportado en enero a los Estados Unidos. Una
solicitud de información de SinEmbargo dio cuenta de que al capo sólo le han
sido asegurado un inmueble desde 1994.
“Cervantes ha demostrado una gran
incapacidad para llevar adelante la PGR. Como un claro ejemplo se sigue
combatiendo al narcotráfico, y hay serias debilidades en establecer mecanismos
para combatir el lavado de dinero. Ahí hay cero resultados”, dijo Orozco.
Sin embargo,
también está en tela de juicio el peso de los colores durante la gestión de
Raúl Cervantes. La PGR se ha visto
incapaz de iniciar procesos bilaterales con Estados Unidos para pedir la
extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
El 19 de junio, un Juez ordenó la
captura de Duarte con base a una acusación de la Fiscalía Especializada para la
Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por el desvío de 79 millones de
pesos.
Asimismo, el ex Gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira Valdés, junto a su hermano Rubén Moreira Valdez,
carecen de investigaciones que hayan derivado en órdenes de captura. Pese a que
el primero fue temporalmente detenido en España, el 15 de enero, por presunto
lavado de dinero, y el segundo ha sido denunciado en la PGR por crear empresas
fantasmas, acusación presentada por el Senador panista Luis Fernando Salazar
Fernández.
“[Cervantes],
aunque es un hombre reconocido por su honestidad, siempre va a generar en el
ciudadano la duda de que va estar condicionado o alineado a los designios del presidente,
y cuando ya no sea Presidente [Peña], pues del ex Presidente”, dijo Waldo
Fernández González, Diputado federal del partido de la Revolución Democrática
(PRD).
Raúl Cervantes no ha sido capaz de
acreditar pruebas en casos emblemáticos.
Dos semanas atrás, Guillermo Padrés
Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quedo en libertad
después de que la PGR considerase la falta de pruebas para sostener la
acusación de lavado de dinero.
El caso de Emilio Lozoya Austin, ex
director de Petróleos Mexicanos y denunciado por tres directivos de la
constructora Oderbrecht de recibir sobornos que sumarían 10 millones de
dólares, avanza apenas tras la presión de la prensa nacional e internacional.
Lozoya fue
citado a declarar el 17 de agosto, y se abrió una carpeta de investigación de
la que el ex director de Pemex dijo contiene pruebas en su contra.
“Lo que estamos viendo es que no solo
hay una incapacidad, sino también una posible complicidad de parte del
Procurador para no investigar, ni perseguir con la acción de la justicia a ex
gobernadores como Duarte Jáquez, Moreira, o en Nayarit, donde empiezan a surgir
irregularidades. A eso agreguémosle el caso Oderbrecht, donde no hay ninguna
investigación seria por parte de la PRG, que sepamos. Somos el único país donde
no se haya hecho nada al respecto”, dijo Víctor Sánchez Orozco.
Representantes
de la oposición exigen que se investigue si el dinero que supuestamente recibió
Lozoya ingresó a la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña
Nieto, los diputados de Morena, incluso,
han exigido que Cervantes se excuse del cargo debido a que fue coordinador
jurídico de la campaña del mexiquense.
A este caso se suma que el caso de
espionaje en contra de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas
tampoco ha sido resuelto, pese a que las denuncias públicas datan desde el año
pasado.
Una vez que
se declare la autonomía de la Fiscalía General de la República, el Senado de la
República deberá iniciar el procedimiento para nombrar al nuevo Fiscal General.
El 10 de
febrero del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma
político-electoral que detallaba la constitución de la PGR en una Fiscalía,
cuyo titular saldrá de una terna propuesta por el Senado y enviada para la
selección al Ejecutivo.
Pese a que el primer Fiscal pasará
nueve años en su cargo. La designación no comenzará sino hasta que se expida la
Ley de la Fiscalía General de la República, que se congeló en el Senado. La
oposición lejos de retardar la designación del próximo Fiscal asegura, se
encuentra dispuesta a entrar al debate.
“Peña quiere negociar la impunidad.
Pero nosotros no caemos en ese juego. Urge que se elija al nuevo Fiscal, pero
que sea un académico, no al dedazo. Debe surgir de la sociedad, que no tenga
relación con ningún partido político”, dijo Alfredo Basurto Román, Diputado federal del partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Basurto,
quien también es miembro de la Comisión de Justicia, sostuvo que, aunque su partido no tiene mayoría en las Cámaras, el
acercamiento de las elecciones hará que los partidos oficiales se inhiban de
proponer a Cervantes.
Sin embargo,
la participación ciudadana en el proceso
queda bajo reserva. El perredista Fernández Gonzáles señaló que es tarde para
incluir a las organizaciones civiles en un proceso de designación.
“Hubiera sido muy buena esa
posibilidad anterior al proceso, me parece que podrían hacerse algunos foros,
pero la verdad es que es una facultad exclusiva del poder legislativo, en este
caso de la Cámara Alta del Senado, hay que recordar que en teoría los Senadores
y los diputados somos representantes populares”, señaló Fernández.
Este martes, organizaciones sociales
presentarán sus propuestas para una Fiscalía General de la República “verdaderamente
autónoma y eficaz”.
Decenas de
grupos civiles y de académicos llamaron a ser incluidos en la discusión para
conformación de esta institución y el proceso de los nombramientos.
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