Pobladores de la comunidad La
Colorada señalaron haber sido descartados por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) ante su demanda de ser despojados de sus propiedades por la
minera Plata Panamericana.
“La comunidad era hecha y derecha,
tenía todo. Y nosotros vivíamos ahí de la agricultura y la ganadería. Y la
llegada de esta empresa lo cambió, llegaron ofreciendo trabajo y pensamos que
las cosas iban a mejorar, pero no fue así”, dijo Moisés Guerrero Pasilla, apoderado legal de la
comunidad.
Al menos 47 comuneros interpusieron
el año pasado una demanda en el Juzgado de Distrito Agrario de Zacatecas para
reclamar terrenos que han sido apropiados por la empresa, de acuerdo con la
versión de dos de los apoderados legales de la comunidad.
La respuesta legal se dio después de
que al menos 150 propiedades fueron demolidas en el 2015 por la empresa,
señalaron los comuneros.
Plata Panamericana buscaba trasladar
a estas personas a casas en otro punto de la localidad.
“Ellos empezaron a construir una zona
habitacional. No teníamos la idea de que era para destruir nuestra comunidad. A
raíz de eso nos dijeron que nos iban a cambiar a este complejo. Nosotros
preguntamos por qué nuestras casas iban a ser derrumbadas”, relató Miguel
González, otro apoderado legal de la comunidad.
Alrededor de 250 pobladores fueron
trasladados a las nuevas instalaciones, se trataba de unas casas de lámina, que
no contaban con condiciones dignas de vida, señaló David Cayetano, miembro de la Red
Internacional de Defensores de los Pueblos Indígenas, quien acompaña a la
comunidad en su oposición a la mina.
Los locales aseguraron que la empresa
se apoderó de tierras, incluidas aquellas donde habían construido sus casas
desde hacía décadas atrás.
A la fecha, los comuneros denuncian
que Plata Panamericana no cuenta con las escrituras de estas tierras, cuya
clasificación debía ser la nacional.
En tanto que
la mina alega estar registrada en el Registro de la Propiedad del municipio
cercano Sombrerete, y estar sobre 8 mil 395 hectáreas, que se componen por 56
tierras solicitadas para minería, de las cuales 7 aún esperan un título, de
acuerdo con el reporte Técnico Preliminar para la expansión de la Mina La
Colorada.
González relató que pese a los intentos
de denunciar la demolición encontraron la desatención por el Ministerio Público
más cercano que corresponde al municipio de Sombrerete. Y tampoco la
encontraron cuando el caso llegó a oídos de la Secretaría de Gobernación
estatal.
De acuerdo
con las palabras dadas por Carlos
Bárcenas Pous, titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas, durante un
evento el 27 de enero, la mina consolidó la generación de empleos en la zona.
Al menos 740 directos y mil 250 indirectos.
“Juntos, autoridades y empresa,
contribuimos al desarrollo de las comunidades donde trabajan las minas, porque
para nosotros las localidades y los trabajadores son nuestros socios y crecemos
juntos”,
correspondió el presidente de la mina Ross J. Beaty.
No obstante, a los ojos de los comunitarios
la empresa de origen canadiense les ha cerrado las puertas para dedicarse a
otras actividades que no sean la minería.
“A mi mamá por ejemplo, el ingeniero
Juan Villegas González [gerente general] le prohibió vender comida a los
empleados de la mina, les dijo que los despediría si compraban”, denunció González.
En tanto que el Presidente Municipal
de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, del Partido Revolucionario
Institucional, les ha llegado a ofrecer despensas a los inconformes, dijo Guerrero.
Plata
Panamericana no tiene planes de irse de La Colorada.
Un proyecto de expansión iniciado en
el 2013 hará que la mina pase de procesar mil 229 toneladas por día a mil 800
al final del 2017. Por lo tanto, se espera un aumento en la producción anual
del 64 por ciento, hasta llegar a 7.7 millones de onzas de plata en el 2018.
VIOLENCIA
CONTRA POBLADORES.
La empresa canadiense ha sido
señalada en reiteradas ocasiones de utilizar a las fuerzas de seguridad privada
para someter a los pobladores.
Tenemos unos corrales con marranos y
vacas. Cuando en eso, Karla Sosa, la de recursos humanos de la minera manda a
vigilancia a que quitemos los animales de ahí, porque iba a haber una medición
de los terrenos”,
dijo González.
Estos mismos guardias son los que
someterían a los locales a cumplir con un reglamento para quienes viven en las
casas construidas por la mina para sus trabajadores.
La
rigurosidad queda a criterio de la empresa. Una copia del reglamento entregada a este medio devela que la comunidad
pese a ser rural sólo puede contar dentro del complejo residencial con gatos,
perros o peces.
No se permiten fiestas afuera de las
casas, y el volumen de cualquier radio debe ser apagado a las 11 de la noche.
No hay espacio para los negocios ni las tiendas, ni la modificación de ninguna
de las propiedades.
A cambio, las viviendas se hayan equipadas con
aparatos electrodomésticos y los gastos de servicios corren por cuenta de la
empresa, según se constató en el contrato de comodato celebrado entre un
trabajador y la empresa Argentum Panamericana.
La
instalación de megaproyectos es una de las principales causas de violaciones a
los derechos humanos.
De acuerdo
con el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos
y las empresas transnacionales y otras empresas”, realizado con la colaboración
de más de 100 organizaciones civiles durante la visita de representantes de
Naciones Unidas, en México se constaron
al menos 60 casos de violaciones de derechos humanos por empresas.
“Una preocupación que se expresa
repetidamente en este documento es que el Estado está sujeto a los intereses de
las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se
cumplen los compromisos”, apuntó el informe presentado en junio.
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