Sebastián
Barragán y Juan Omar Fierro
Las empresas responsables por el
atropellamiento y muerte de la suegra del secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pagaron una indemnización de 30 millones de
pesos para poner fin a una negociación que sólo duró cuatro meses.
Aristegui
Noticias obtuvo copia del convenio de transacción mediante el cual las hermanas
María del Rocío y Blanca Paloma Dosal Noriega recibieron 15 millones de pesos,
cada una, de las empresas Transportes Lipu y Autotransportes Miguel Meza
Sánchez.
Blanca Elena
Noriega García fue atropellada el 12 de febrero de 2014 en la colonia Lomas de
Chapultepec, en la Ciudad de México, por un autobús escolar.
La unidad
era conducida por Víctor Hugo Aguilar Pérez, quien fue detenido y sometido a
proceso bajo la causa penal 21/2014.
Tras cuatro
meses de negociación, los familiares de Ruíz Esparza y los transportistas se
convocaron para firmar el convenio el 12 de junio de 2014 en la Ciudad de
México.
Según el documento, el pago se hace
para cubrir “los conceptos de responsabilidad objetiva, debido a las
afectaciones que se ocasionó” a las hermanas Dosal Noriega por la muerte de su
madre.
En la cláusula tercera se acordó que
las empresas deberían cubrir el dinero en cuatro entregas, distribuidas entre
junio y septiembre de 2014.
Según el documento, este acuerdo
quedó elevado a “sentencia ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada”, para
terminar cualquier disputa relacionada con este tema.
Al final, se
incluyen las firmas de los representantes legales de las hermanas Dosal y las
empresas responsables.
Relaciones.
Lipu tiene 45 concesiones de la SCT
para operar y explotar servicios turísticos mediante autobuses de pasajeros.
Autotransportes Meza tiene otros 25
permisos para su flotilla.
Entre 2013 y 2016, ambas empresas
obtuvieron 23 contratos por la suma de 11 millones 657 mil pesos por prestar el
servicio de transporte de pasajeros a distintas dependencias gubernamentales,
de acuerdo con la plataforma Contratobook que permite realizar búsquedas
rápidas de contratos y licitaciones públicas en el sistema Compranet.
Por esa razón, ambas empresas sabían
que en este caso no podían arriesgarse a una mala negociación o un
enfrentamiento con la máxima autoridad responsable de su sector.
La
negociación del socavón: víctimas
reciben ofrecimientos 10 veces menor
Esta negociación entre privados sirve
como punto de comparación con la indemnización que se ofrece a los familiares
de los dos hombres fallecidos en el Paso Exprés de Cuernavaca.
El 12 de
julio de este año, dos hombres fallecieron en un socavón que se abrió en la
obra supervisada por la SCT de Ruiz Esparza y cuyos trabajos corrieron a cargo
del consorcio Aldesa y Epccor.
El abogado de los familiares, Darío
Oscos Coria, ha denunciado que la SCT los ha presionado para aceptar una
indemnización de 1.5 millones.
Incluso, el secretario llamó por
teléfono a una de las familiares convencerla de aceptar el dinero y evitar un
juicio largo, según una nota del diario Reforma.
En su comparecencia ante el Congreso,
el secretario dijo que ha ofrecido la gestión para “realizar un camino
sencillo”, sin necesidad de juicios y que sea satisfactorio para las partes.
Apoyo
institucional a abogado corrupto.
El abogado Abel Huitrón Rosete cuenta
con experiencia como servidor público y es propietario de su propio despacho
denominado Huitrón, Consultores Jurídicos y Contables. Entre 1994 y 1997 fue
presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México. Cuando concluyó el
cargo, regreso a litigar.
En septiembre del 2004 lo invitaron
de nuevo al sector público, pero ahora en el Gobierno del Estado de México,
donde fungió como Subsecretario para la Región Nororiente de la Secretaría de
Gobierno.
En
septiembre del 2006 se retiró de la administración pública y regresó a su
despacho.
A partir de agosto del 2007, se
incorporó a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), primero como asesor y posteriormente como Abogado General.
En esa dependencia de gobierno
permaneció hasta mayo del 2011. Su periodo en funciones coincide con un fraude
de mil 300 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR)
investigó al interior de la CFE.
Las indagatorias del caso señalan que
una red de abogados que laboraba para esa dependencia se dejaba ganar todos los
casos en donde la contraparte reclamaba el pago de indemnizaciones, litigios en
los que después cobraban una comisión o moche.
En ese mismo
periodo, Abel Huitrón Rosete trabajó de
manera coordinada con Luis Gerardo Fonseca Guzmán, actual coordinador de
asesores de la Subsecretaría de Transporte de la SCT, instancia que se encarga
de regular a todos los transportistas de carga y pasajeros en territorio
nacional.
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