El titular de la Secretaría de
Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, anunció la realización de la primera
licitación para subastar yacimientos no convencionales para explotar gas
natural y petróleo en la Cuenca de Burgos y Tampico-Misantla como parte de la
Reforma Energética. Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking
advirtió que por la característica de estos bloques se requerirá la técnica de
fractura hidráulica, lo que implica riesgos y daños inevitables a la salud y al
ambiente, por lo cual se ha prohibido en Francia, Bulgaria o Nueva York.
“De concretarse estos planes, el
Estado mexicano estará incumpliendo sus obligaciones de garantizar, proteger y
respetar los derechos humanos, al poner en riesgo el medio ambiente, la salud,
el agua, la alimentación y la vida de las comunidades de estas zonas y de la
población general del país”, acusaron las organizaciones que la conforman.
Aroa de la
Fuente, de la Alianza, destacó en entrevista que la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
no han especificado de manera oficial las áreas y municipios que se subastarán
a las empresas privadas. Pero, según lo dijo por Coldwell en el Foro de
Análisis de la Reforma Energética, los bloques terrestres a licitar en las
próximas semanas se encuentran en la Cuenca de Burgos y en la Provincia de
Tampico-Misantla, situadas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
San Luís Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla.
Los yacimientos no convencionales
tienen baja permeabilidad, es decir, el petróleo y el gas se encuentra atrapado
en pequeños poros de rocas. Para extraerlo es necesario fracturar la roca para
que fluyan los hidrocarburos hacia los pozos. En este procedimiento del
fracking se inyectan de 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo
combinados con sustancias químicas, las cuales puede provocar cáncer y
mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema
nervioso.
Las fugas de agua contaminada con
estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el
subsuelo han contaminado fuentes de agua, el suelo y el aire. Adicionalmente, la fractura hidráulica presenta significativas fugas de metano a la
atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento
global. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde,
por los altos volúmenes inyectados, puede provocar sismos.
“Por lo que estamos viendo en las
últimas licitaciones relacionadas con el fracking hay gran desinformación. No
hay información de manera previa ni algún documento público donde se conozca
con exactitud cuál es el área que van abriendo y en qué tiempos, salvo en
intervenciones en foros o comunicados de prensa. El Gobierno no publica esa
información, no es el Gobierno en las rondas el que dice el orden de qué áreas
va a abrir, sino responde a la petición de las empresas según el interés
específico que tengan en las diferentes áreas”, aseguró De la Fuente.
El secretario
Pedro Joaquín argumenta la necesidad de extraer gas natural propio ante los
problemas de seguridad energética por la dependencia de México de las
importaciones de gas.
No obstante, la Alianza Mexicana contra el Fracking
asegura que la solución no es extraerlo de nuestro territorio sin importar las
consecuencias ambientales, sociales y climáticas, sino apostarle a la
eficiencia energética y las energías renovables con pleno respeto a los
derechos de las comunidades donde se establecen los proyectos para generar y
transmitir, como el de una consulta libre, previa e informada. De lo contrario,
se vulneraría su derecho a la autodeterminación y al uso y disfrute de la
tierra, el territorio y los recursos naturales.
“Se ha señalado en otras partes del
mundo que hay evidencia científica, demostrada y contundente, sobre los fuertes
impactos negativos que esta técnica tiene sobre la salud de la población, el
medio ambiente y el clima. También está demostrado que los impactos no se
pueden evitar a través de la regulación. La única manera de evitar los daños es
con su prohibición como ya sucedió en Francia, Bulgaria, Irlanda y en ciudades
como Nueva York”, expuso Aroa de la Fuente.
LA
SIMULACIÓN DE LA REGULACIÓN.
Este anuncio de la Secretaría de
Energía sobre subastar yacimientos no convencionales se hizo tras la aprobación
en marzo de los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en
tierra, sin embargo, se trata de una “simulación, con términos jurídicamente
débiles e inoperable”, evaluó la Alianza Mexicana contra el Fracking.
También se encuentran aún en revisión
por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) los
Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales.
“En un país donde la impunidad y la
corrupción reina, donde las instituciones que debieran vigilar el cumplimiento
de la Ley son incapaces de hacerlo, se quiere hacer creer que con estos
lineamientos quedarán protegidas las comunidades de una práctica experimental
que ha generado daños graves en Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina”, destacó.
Esta regulación, expuso la Alianza,
es “una simulación” por parte del Gobierno federal al querer hacer creer que el
fracking se hará de forma segura y responsable, cuando se trata de una técnica
inherentemente insegura, devastadora y cuyos impactos negativos “son imposibles
de controlar”. La regulación es “inefectiva para evitar sus daños irreversibles
e irreparables, además de ser jurídicamente débil e inoperable”.
En
representación, Aura de la Fuente añadió que incluso ingenieros petroleros han demostrado que no es posible evitar
los daños causados por el fracking a través de una regulación, la cual –además–
“es deficiente en su operatividad”.
La Alianza
ha destacado que van en aumento los
lugares en el mundo donde ha sido prohibida, con base en el principio
precautorio. Sumado a lo anterior, los lineamientos son “jurídicamente débiles”
al utilizar verbos como “promover” o “fomentar” así como términos como “mejores
prácticas”, al tiempo de que habla de principios para la minimización de
riesgos a un nivel “Tan Bajo Como Sea Razonablemente Factible”, es decir, que
no represente un costo exageradamente alto para las empresas.
Además, los lineamientos “son inoperables”. Si la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) es incapaz de inspeccionar las descargas a
los ríos de industria y municipios, ¿cómo vigilará el cumplimiento de estos
lineamientos? Lo mismo aplica para la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) creada con la Reforma Energética
que, además de limitados recursos, cuenta con una autonomía limitada, consideró
el grupo de organizaciones.
La Alianza Mexicana contra el
Fracking y las organizaciones que la integran exigen que el gobierno prohíba el
uso de esta técnica en todo el territorio nacional, como responsablemente han
hecho gobiernos y parlamentos de otros países.
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