En el marco de la presentación del
informe Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México,
realizado por Amnistía Internacional (AI), dos de los asistentes al evento
alzaron la voz para denunciar que fueron objeto de una detención política, y
otro para decir que al menos 20 personas han desaparecido en la colonia el
Cerro del 4 en este año.
En su
informe AI refiere que la combinación de
los policías sin la capacitación adecuada, un sistema judicial deficiente y una
impunidad generalizada fomentan la tortura, ejecuciones y desapariciones
forzadas.
Además, menciona que la policía en el país detiene
arbitrariamente de forma rutinaria a las personas para extorsionarlas. A la vez, es frecuente que los elementos
fabriquen pruebas para demostrar que están combatiendo la delincuencia, o para
castigar activistas de derechos humanos.
Tania
Reneaum explicó que “la policía parece
estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para
hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue
nada, más que poner a todas las personas en el país en peligro de sufrir
violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos”.
También,
mencionó que AI con su informe hace tres aportaciones: “La primera de ellas, es
el rigor de la investigación y de las recomendaciones; la segunda, la manera en
que los aproxima e interpela sobre la confianza ciudadana hacia las personas
que operan el sistema de justicia penal, y la tercera aportación es que nos
entrega evidencia empírica sobre la forma de actuación de las autoridades”.
Detalló que entre 2016 y mayo de
2017, se entrevistaron a 25 personas que se desempeñaron o aún laboran en la
operación del sistema de justicia penal. “Los funcionarios de distintas zonas
geográficas del país, nos dieron su testimonio y en ocasiones, sin sorprenderse
de que estamos haciendo una investigación sobre detenciones arbitrarias,
asumían con un dejo de naturalidad que era una práctica cotidiana en el sistema
de justicia penal”.
Prosigue: “Encontramos relatos de policías
ministeriales que nos describen la falta de preparación, la indignidad de sus
salarios, la precariedad de las condiciones laborales; las historias nos
enfrentan al contrasentido de un estado que han hecho del sistema de justicia
penal su herramienta favorita para resolver prácticamente todos los problemas
sociales”.
Por lo
tanto, AI recomienda que los operadores
de justicia reciban salarios dignos, prestaciones sociales que correspondan al
trabajo desempeñado y que cuenten con los materiales necesarios para sus
labores.
Las violaciones a los derechos
humanos más frecuentes al momento de la detención son no informar de qué se les
acusa, nula identificación de la autoridad aprehensora, y no poner a
disposición de manera inmediata al arrestado ante la autoridad. Incluso, los
informes policiales carecen de datos importantes como el nombre de los
aprehensores, lugar, día, hora, circunstancias, y motivos.
La Comisión
Nacional Derechos Humanos (CNDH)
mencionó que el año pasado las detenciones arbitrarias ocuparon el cuarto lugar
en materia de violaciones de derechos humanos. A la vez informó que de 2006 a
2015, en el organismo se recibieron más de 10 mil quejas por detenciones
arbitrarias.
La CNDH también reportó que en México
hay 250 mil personas en prisión, de estas más de 95 mil están en espera de una
resolución judicial. En ese sentido, AI “recomienda al Congreso de la Unión
eliminar de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva
oficiosa, dejando la decisión sobre su adopción, en la determinación
individualizada que hagan los jueces”.
En el
informe de AI que fue hecho público previamente en la Ciudad de México, también
se presentan seis casos que ilustran las violaciones de derechos humanos
derivadas de una detención arbitraria.
Detención
política y desapariciones.
El primero en alzar la voz tras
concluir la presentación del informe de AI fue el profesor Plácido Rodríguez
Perales, quien aseguró haber sido presidente municipal en Ahuacatlán, Nayarit,
así como profesor de una secundaria. Sin embargo, en 2007 fue detenido por
presuntamente transportar droga.
Dijo que su encarcelamiento es una
venganza del exgobernador panista, Emilio González Márquez, cuando se opuso a
la construcción de un fraccionamiento Villa Fontana –propiedad de Valente
Aguirre, amigo del exmandatario–, donde se depredó un área verde.
Mostró un documento que emitió la
Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas en que se confirma que le fabricaron
delitos y que su detención fue ilegal.
Después tomó
la palabra el sacerdote Alberto Ruiz, quien
mencionó que este domingo se oficiará una misa para pedir por los
desaparecidos. Explicó que, en este año, en la colonia El Cerro del 4, ya suman
20, mientras que en 2016 fueron 15.
Dijo que se hizo un listado de las personas
desaparecidas, la colonia que se ubica en el municipio de Tlaquepaque, el cual
se colocó en la Iglesia, pero después los familiares pidieron el retiro de la
hoja, ante presiones del gobierno.
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