Ante la
posibilidad de que el PRI utilice su mayoría simple en el Senado para imponer a
Raúl Cervantes como el primer fiscal general de la nación para un periodo de
nueve años, organizaciones sociales han elaborado una propuesta para rediseñar
de fondo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la puerta de salida del
gobierno de Enrique Peña para enfrentar los escándalos que han marcado a su
gobierno y a su partido.
Aunque la corrupción permea a todas
las fuerzas políticas, como partido en el poder el PRI es el más interesado en
asegurar impunidad ante casos como Odebrecht, OHL, el socavón, Javier Duarte o
Roberto Borge, por mencionar sólo los más recientes escándalos que han abonado
a la impronta de la corrupción durante el gobierno de Peña Nieto.
Si algo puede hundir al PRI en las
elecciones del próximo año es precisamente esa larga y pesada cadena de abusos
de los gobernantes de ese partido.
Hay que
insistir en que la corrupción no es exclusiva de ese viejo partido nacido en el
autoritarismo. Los gobiernos panistas, perredistas o verdes también han dado
carta cabal a lo que el periodista estadunidense Alan Riding escribió en los
años ochenta en su libro Vecinos distantes, que la corrupción es el aceite y el
engrudo del sistema en México.
El escándalo en torno a las
propiedades del presidente del PAN y su familia es la muestra del día en el catálogo
de la corrupción en el país.
Cuando juró
como presidente, Peña se comprometió a crear una comisión anticorrupción como
una de sus propuestas más importantes de gobierno. El próximo 1 de septiembre,
en su Quinto Informe de Gobierno podrá referirse al SNA como una institución
creada durante su gestión. Pero es un
organismo atado y cooptado por la clase política y gobernante en los tres
poderes del Estado, en el que el tema de la participación ciudadana es una mera
formalidad, casi casi anecdótico.
Uno de los
ejes del SNA es la Fiscalía General de la República (FGR), que reemplazará a la
centenaria Procuraduría General de la República (PGR). El ideal para el presidente y los priistas es que el actual titular de
la PGR, Raúl Cervantes, el responsable jurídico de la campaña presidencial de
Peña Nieto, se convierta en el primer fiscal general del país.
Por eso es por
lo que un amplio sector social, compuesto por más de un centenar de
organizaciones no gubernamentales, académicos, profesionistas, empresarios y víctimas
de la violencia han elaborado un “dictamen ciudadano” para reformar el diseño
de la FGR.
Es una
propuesta impulsada por los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMas que
recoge las nueve iniciativas que han sido presentadas en el Congreso de la
Unión desde 2015, y que será presentada este martes 29 en un acto simbólico en
el Ángel de la Independencia.
El principio fundamental del dictamen
es la creación de una FGR con verdadera independencia política, lo que a todas
luces Raúl Cervantes no garantiza. La idea es que el fiscal no hay sido
registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección
popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; lo que tampoco
garantiza Cervantes Andrade porque fue senador del PRI en la actual
legislatura.
Los colectivos proponen también
reducir de nueve a seis años improrrogables la duración en el cargo y que
inicien el 1 de octubre del quinto año de gobierno, para reducir el grado de
influencia del presidente de la República en la FGR.
Aunque deja
en el Senado la facultad de proponer al Ejecutivo federal una lista de seis
candidatos a fiscal, para que sean los senadores los que finalmente elijan,
buscan que la postulación sea mediante concurso público, tomando en cuenta la
trayectoria, en especial en las áreas de seguridad pública, procuración o
impartición de justicia.
El actual diseño deja en el FGR la
facultad de designar a sus dos fiscales especializados: de delitos electorales
y combate a la corrupción. Lo que las organizaciones proponen es la creación de
una fiscalía de Derechos Humanos y otra para Asuntos Internos o Inspección
General. Sus titulares serían designados por el Senado por convocatoria pública
y a través de una Comisión de Designaciones, integrada por nueve ciudadanos
seleccionados también por el Senado.
Cuando el próximo viernes comience el
antepenúltimo periodo ordinario de sesiones del actual sexenio, el PRI estará
obligado a definirse: si reafirma su vocación antidemocrática y corrupta o contribuye a la construcción de
las bases mínimas para castigar los agravios que la corrupción causa a la vida
pública, como sucede en casi todo el mundo, incluidos muchos de América Latina
que han destituido presidentes o ministros y los han llevado a la cárcel por
abusar del poder. Aunque no habrá que esperar demasiado, ya sabemos de qué lado
está esa fuerza política.
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