Este martes, durante el acto
realizado en el Ángel de la Independencia, organizaciones sociales y
empresariales rechazaron el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Fiscal
General de la República. Y no fueron pocos. Se trata de 299 grupos civiles y
organizaciones patronales, además de ciudadanos que exigieron que el titular
del nuevo Misterio Público del país sea autónomo del presidente Enrique Peña
Nieto.
Se trata de un coro pocas veces
visto, de voces que vienen desde distintas partes de la sociedad civil.
“Podemos decir que este Procurador no
ha hecho su trabajo. Es alguien que es parte del problema, por eso se ha
organizado este colectivo”, sostuvo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMPDHD) durante el mitin.
No es la
primera vez que un nombramiento de Cervantes causa controversia, el pasado 26
de octubre, su designación como titular de la Procuraduría General de la
República (PGR) conmocionó a grupos críticos y de oposición que lo bautizaron
en redes sociales como el #FiscalCarnal, en alusión a la cercanía que mantiene
con Enrique Peña Nieto y su equipo.
Sin embargo, el presidente se sostuvo
y lo convirtió en el sucesor de Arely Gómez González y en su tercer encargado
de la PGR.
Hoy, los grupos civiles y
empresariales que se oponen al pase automático levantaron la voz nuevamente y
no solo ello, tienen una propuesta. En los próximos días las organizaciones
firmantes enviarán un proyecto de dictamen al Congreso de la Unión para que
sean modificados transitorios de la reforma político electoral hecha a la
Constitución en el 2014, el centro de la iniciativa de los cientos de
organizaciones civiles es la “independencia política”. Que dejaría virtualmente
fuera a Raúl Cervantes Andrade.
En el proyecto ciudadano, ningún
aspirante podría ocupar el cargo, si ha tenido un puesto de elección popular en
los últimos cuatro años y Cervantes fue Senador del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) hasta el 25 de octubre del año pasado.
Las organizaciones parecen tener
claro la necesidad de acotar los poderes del Fiscal. Ricardo Corona, director jurídico
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detalló que también se proponen cambios que harían
contrapeso al próximo Fiscal dentro de la misma dependencia, al incluir un
Consejo del Ministerio Público de la Federación, compuesto por seis consejeros,
que se encargaría de evaluar el desempeño de la futura institución.
La propuesta plantea además sustituir
el plazo de este cargo de nueve años, como se estableció en el 2014, a cuatro
para el primer Fiscal, y que, a partir del segundo, este encargo se alargue a
seis años.
“Esto es interesante porque va a
romper la lógica sexenal. Y en cuanto a la reducción de años, […] pues si tú
ves es un cargo que conlleva mucha presión”, señaló Corona.
EL DESGASTE
DE CERVANTES.
El ex Gobernador del PRI César Duarte
Jáquez, acusado desviar 79 millones de pesos, continúa prófugo, sin que se
hayan iniciado un proceso junto con los Estados Unidos, para extraditarlo. A
esto se suma, el caso de espionaje a activistas y defensores de derechos
humanos del que hasta la fecha no hay responsables.
En tanto que recientes escándalos por
sobornos de Odebrecht entregados al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio
Lozoya Austin, han terminado en la apertura de una carpeta de investigación sin
repercusiones para el ex funcionario, pese a que tres directivos de la
constructora brasileña lo acusan de recibir 10 millones de dólares, cuatro de
ellos cuando Peña Nieto era candidato presidencial.
Todos estos casos recientes y de
impacto mediático más los que arrastra la dependencia desde los primeros años
-caso Ayotzinapa, Tlatlaya y el asesinato de periodistas, entre otros- han
minado la gestión de Cervantes, a decir de sus críticos:
“Lo que yo
te puedo decir es que, en materia de los delitos relacionados con violaciones
graves de derechos humanos, el trabajo
del Procurador ha sido sumamente deficiente”, consideró Guevara.
No sólo es a nivel interno que la PGR
de Cervantes no actúa, incluso ante ordenamientos de instituciones
internacionales, reclaman los opositores. Uno de ellos es el caso de Rosendo Radilla Pacheco,
desaparecido en 1974 por el Ejército, un caso que no ha sido atendido a pesar
de haber una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH).
Otro caso
que no ha sido atendido enlistó el director ejecutivo de la CMPDHD, es el de
cuatro civiles de Rosarito, que de acuerdo con el Comité contra la Tortura de
Naciones Unidas fueron torturados por el Ejército, “entonces este Procurador no tienen ningún mérito
para poder pasar a ser Fiscal General y menos aún por nueve años”, agregó
José Antonio Guevara.
PASE
AUTOMÁTICO.
La
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adelantó que Raúl Cervantes tendrá, si es que los partidos
lo promueven como candidato, que pasar por los mismos filtros de idoneidad que
el resto de candidatos.
“Cualquier persona que tenga un
interés y la calificación deberá de seguir un proceso formal para que pueda
analizarse la vialidad de ser electo. Eso incluye al actual Fiscal, y cualquier
otro funcionario”, dijo
Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
El mensaje
podría estar directamente dirigido a las bancadas del PRI, que hoy mismo
anunció públicamente su respaldo para que sea Raúl Cervantes el próximo Fiscal
General, pese a que el presidente Enrique Peña Nieto envío una iniciativa en
noviembre del año pasado para reformar el Artículo 102 de la Constitución para
cancelar el pase automático.
Sin embargo, previendo una
designación a dedazo, las organizaciones han pedido desde ya ser parte de las
discusiones de los diferentes dictámenes de ley que darán origen a las leyes secundarias
de la futura Fiscalía General.
“Se está buscando tener un proceso de
análisis con una apertura, que pueda sensibilizar a la gente del proceso que
están tomando sus representantes, y generar consciencia”, dijo Corona, sobre el
interés de las organizaciones de que las discusiones se lleven bajo el formato
de “Parlamento Abierto”, el cual incluye la divulgación de las propuestas de
cada partido a través de plataformas digitales.
Los
empresarios aseguraron que no impulsaran el fracaso del Sistema Nacional
Anticorrupción. De Hoyos dijo que la Coparmex estará apoyando el presente
proyecto de dictamen, así como una nueva ola de leyes.
“La primera
es una nueva Fiscalía General, vamos por más, por una nueva Ley de Obra
Pública, de Adquisiciones, del régimen de financiamiento de partidos políticos
y, desde luego, por un nuevo régimen en materia del fuero constitucional”,
advirtió el presidente de la Coparmex.
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