2018, los gobernadores.

Raymundo Riva Palacio.

El voto táctico, conocido como el voto útil, ha estado presente en las tres últimas elecciones. En 2000, cuatro millones de electores, que votaron por la izquierda, le quitaron su apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas para dárselo a Vicente Fox. En 2006, los gobernadores del PRI vieron el naufragio de Roberto Madrazo y respaldaron a Felipe Calderón. En 2012, al no despegar Josefina Vázquez Mota, el PAN ayudó a Enrique Peña Nieto. La primera de estas elecciones fue la de la alternancia en el sistema político. Las siguientes, una estrategia para impedir que Andrés Manuel López Obrador conquistara el poder. El próximo año se repite esta historia. Para que el candidato de Morena pierda por tercera ocasión la presidencia, el PRI y el PAN necesitan forjar una alianza de facto. Matemáticamente, en este momento, es lo único que pueden hacer para impedir el triunfo de López Obrador.

El PRI y cualquiera de sus aspirantes a la candidatura presidencial se encuentran muy debajo de López Obrador, y detrás de cualquier candidato del PAN. No es una situación muy distinta a lo que se vivía en 2006, donde López Obrador y Calderón eran los competidores. La diferencia con el proceso de 2018 es que el PAN camina actualmente a una división que puede ser insuperable cuando se decida su candidatura presidencial, y Peña Nieto, aunque reconociendo en privado que la elección para gobernador en el Estado de México estuvo lejos de arrojar los resultados que hubiera deseado, pudo probar que la estrategia desarrollada y la maquinaria priista le dio la victoria.

Para 2018, varios son los factores que entran en juego. En el texto anterior se abordó el tema del candidato priista que más sume hacia fuera del PRI. Pero tan importante esa decisión como lo que Peña Nieto logre negociar con los actuales gobernadores. El próximo año nueve entidades cambian de gobierno, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. De éstas, sólo gobierna el PRI en Jalisco y Yucatán, porque, aunque forma gobierno en Chiapas, el Ejecutivo estatal está en manos del Partido Verde. En este grupo se encuentran cinco de las siete entidades con mayor peso electoral, de las cuales el PRI sólo gobierna en una, Jalisco. ¿Cómo puede negociar Peña Nieto? El quid pro quo con los gobernadores sólo puede plantearse aquí en hipótesis de trabajo:

1.- El PRI no tiene posibilidades en la Ciudad de México, que gobierna una coalición de izquierda con el ciudadano Miguel Ángel Mancera, y en Guanajuato, que gobierna el panista Miguel Márquez. Los dos son enclaves ideológicos del liberalismo y del conservadurismo, aunque en la capital federal la posibilidad de que Morena y López Obrador se impongan es altamente probable en este momento. Guanajuato ha votado desde hace una generación sistemáticamente por el PAN, con el PRI como segunda fuerza. No se ve que este equilibrio vaya a modificarse el próximo año. En la Ciudad de México, clave para 2018, necesita formarse una alianza total contra Morena. El PRI ha estado sosteniendo pláticas con el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien podría ir abanderado por Movimiento Ciudadano, con todos los partidos, salvo Morena, trabajando para él.

2.- Movimiento Ciudadano es parte importante en el esquema. El poder del partido de Dante Delgado lo tiene el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, que controla la bancada de 19 legisladores en San Lázaro. Alfaro es el único de los poderosos de 2018 que sólo piensa local. La opción es que el gobierno saque las manos de la elección en Jalisco para que se convierta en gobernador, a cambio de que el partido no participe en una alianza con Morena. Delgado anticipó en una reciente entrevista con El Universal que no se sumarían con López Obrador.

3.- En Veracruz, Miguel Ángel Yunes desea que quien lo suceda en la gubernatura sea su hijo, en la actualidad alcalde de Boca del Río. Yunes trabajó con el gobierno de Peña Nieto en las recientes elecciones locales, al ser el autor intelectual de los videos de la famosa candidata de Morena a alcaldesa, Eva Cadena, donde la presunción de corrupción se trasladó en negativos para López Obrador y rompió el momentum de Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, que se perfilaba para derrotar –de hecho, lo hizo en las urnas a nivel partido– al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. La fórmula puede repetirse fácilmente.

4.- Una negociación similar se puede dar en Puebla. El gobernador Antonio Gali es la cara del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien, si Peña Nieto pudiera incidir en el proceso de sucesión en el PAN, sería su candidato. Moreno Valle ayudó al PRI a ganar en el Estado de México, y una opción de negociación es apoyar a su esposa Erika Alonso, que quiere ser gobernadora, a alcanzar el cargo y allanarle lo que sea necesario para que Moreno Valle se convierta en senador.

Puebla, como Jalisco y Veracruz, son estados que pueden ser sacrificados si a cambio de ello Peña Nieto recibe las garantías de que operarán contra López Obrador y a favor de su candidato en la elección presidencial. La alianza del PRI con el Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social e incluso el PT, no es suficiente para ganarle a López Obrador. El presidente necesita al PAN si quiere mantener, o contender con posibilidades de victoria, frente a López Obrador. Por lo menos, en las coordenadas políticas de este momento.