Pasaron ya cuatro años de aquel 13 de
septiembre en el que el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”
desataron una de las mayores crisis en el sureste de México, misma que, desde
entonces, ha sido atendida a cuenta gotas.
El suceso es ampliamente recordado
porque a las imágenes de la gente sin casa y con sus muertos, a la deriva por
una lluvia que no cesaba y con el escenario de una región que históricamente ha
sido condenada a la pobreza, le antecedieron las de una fiesta para 300
personas que ofreció el entonces Gobernador de la entidad, el perredista Ángel
Aguirre Rivero.
Mientras
adentro se celebraba, afuera los afectados iban creciendo una cifra que llegó a
un millón de personas afectadas por “Ingrid” y “Manuel”, y una cifra letal de
157 muertos, de los que 101 fueron de Guerrero, 14 de Veracruz, 10 de Oaxaca y
el resto en otros 18 estados que también fueron blanco de los meteoros.
Cuatro años
después, de acuerdo con el seguimiento del diario El Sur y con los informes de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se sabe que las víctimas siguen esperando lo que la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –entonces encabezada por el
priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín– les prometió: viviendas dignas,
reconstrucción de sus comunidades, hospitales y escuelas, entre otras ofertas
hechas por el propio presidente Enrique Peña Nieto.
El 18 de
septiembre de 2013, en una breve visita a Nuevo León, el jefe del Ejecutivo
federal dijo: “Los eventos climatológicos que se viven en el país no van a
frenar el desarrollo”.
Horas antes,
la Secretaría de Gobernación (Segob) había reportado que el número de muertos
por los fenómenos naturales había llegado a 60, pero la probabilidad de que
aumentara era alta, dada la desaparición de decenas de personas. Sólo en el
poblado La Pintada, en la Costa Grande de Guerrero, un alud les había robado la
vida a por lo menos 20 personas y había dejado entre su revoltura a otras
sesenta.
Pero, aun cuando el presidente prometió una
reparación total, a la fecha no hay en las plataformas de datos abiertos
información sobre los contratos que la Sedatu federal celebró para la compra de
terrenos y construcción de viviendas, sólo comunicados de prensa y fotografías
en las que se presume la entrega de casas a afectados, aunque en unos casos no
se especifica el número.
De los datos
abiertos, de acuerdo con información ubicada en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT), en 90 contratos
celebrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos
(Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se pagaron 70 millones 987 mil 538
pesos para la atención y reparación de daños.
El contrato más caro fue uno de
Pemex, destinado a la rehabilitación de caminos, pozos e instalaciones por 25
millones 977 mil 953 pesos. Le siguió uno de la CDI de 19 millones 154 mil 172
pesos para la adquisición de cobijas. Esas dos sumas, además, fueron similares
a lo que la Sedatu, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, ha
gastado en la compra de terrenos.
COMPRAS DE
SEDATU Y CONAGUA.
Pasada la crisis, llegaron las
promesas desde el Gobierno federal, el estatal y de la Sedatu, dirigida por
Ramírez Marín. Primero se atenderían los daños y luego sería la entrega de
casas nuevas a quienes habían perdido la suya.
Pero hoy ya no está a cargo de
Guerrero el perredista Aguirre Rivero y el priista Ramírez Marín ha cambiado de
objetivo: hoy su prioridad es ser Gobernador de Yucatán.
Al mando de la continuidad de las
obras quedó Rosario Robles Berlanga, quien llegó a la titularidad de la Sedatu,
luego de que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aumentó el número
de pobres en 2 millones, justo a los dos años de que ella era la encargada de
la política para la erradicación de la pobreza en el país.
Información
de El Sur plantea que sólo en el
municipio de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, la Sedatu entregó a
las personas damnificadas 30 de las 94 casas que hay en el fraccionamiento
Nuevo Azinyahualco, a pesar de que se tenían 59 llaves que iban a ser
entregadas.
El fraccionamiento Nuevo Azinyahualco
fue un proyecto que, en un principio, buscaba la reubicación total de la
comunidad, incluía la construcción de escuelas de nivel básico, la comisaría y
el centro de salud, pero sólo se construyeron una primaria y 59 casas, de las
cuales se entregaron llaves a sólo 30 de los damnificados.
Por dentro, las viviendas tienen espacio para sala,
comedor y cocina; además de dos cuartos, un baño y una pequeña terraza. Sus
techos son de lámina y, desde el mediodía, el calor dentro de las viviendas se
acentúa y se vuelven un horno, dicen quienes las habitan.
Además, las casas que fueron entregadas a la
población afectada en el fraccionamiento Nuevo Mirador –también en
Chilpancingo–, fueron invadidas. Las familias comenzaron a abandonarlas pues
estaban lejos de la ciudad, había escasez de agua potable y les representaba
más gasto transportarse hasta escuelas o lugares de trabajo. Así que pronto
regresaron a las casas que habitaban antes del impacto de “Ingrid” y “Manuel”.
En la revisión de las cuentas
públicas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación detectó fallas
cometidas por la Sedatu, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y también la
Secretaría de Gobernación.
En la de 2014, se encontraron
irregularidades por parte de la Sedatu en la compra de por lo menos 22 terrenos
en los que se construirían casas para las personas que tenían que ser reubicadas
y se estimó un daño a la Hacienda Pública por 23 millones 765 mil 228 pesos.
Los terrenos adquiridos tenían un
precio mayor y la Sedatu no tuvo pruebas documentales de que hayan sido
entregados a las familias damnificadas, lo que supondría otro daño a la
hacienda pública por 11 millones 882 mil 614 pesos.
La compra se hizo a dos empresas
privadas, pero hasta el momento no hay información pública sobre las compras
que ha realizado la Sedatu y tampoco se sabe el número de beneficiarios
reubicados, sus datos generales, la extensión recibida y evidencia de que tanto
las propiedades, como las escrituras fueron entregadas.
“La SEDATU no demostró
documentalmente cuál fue la justificación para realizar la adquisición de los
terrenos independientemente de la declaratoria de desastres naturales, cómo se
determinó la cantidad de terrenos, a quiénes se beneficiaría, qué superficie se
requería, y qué estudios de factibilidad se realizaron para conocer que los
terrenos eran los idóneos, además de que no existen dictámenes valuatorios para
determinar el precio al que tenían que comprar los terrenos (adquisición a
personas físicas) y el área encargada de vigilar y supervisar el ejercicio de
los recursos”,
expuso la ASF.
“Cabe señalar que no se
proporcionaron las escrituras públicas de los terrenos adquiridos, ni tampoco
las cesiones de dominio, los poderes notariales que acrediten a los
representantes legales de las empresas vendedoras y a las personas a quienes se
les realizó la transferencia bancaria; asimismo, no se demostró cómo se
verificó la validez de las empresas vendedoras como propietarias de los
terrenos en el Registro Público de la Propiedad”, agrega el documento.
Por su
parte, la Conagua incurrió también en fallas.
Entonces a
cargo de David Korenfeld Federman [quien dejó la dirección de la Conagua el 9
de abril de 2015, luego de que fueran exhibidos sus viajes personales en un
helicóptero oficial] inició
procedimientos de arrendamiento de 50 y 100 camiones tipo pipa para suministrar
agua potable a los Municipios de Zihuatanejo, Chilpancingo y Acapulco.
De acuerdo con la dependencia, se
cubrirían los periodos del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2013 (50 pipas)
y del 4 al 18 de diciembre 2013 (100 pipas). Sin embargo, no se justificó cómo
se determinó la cantidad requerida de pipas, la capacidad solicitada de 10 mil
litros, ni los periodos de la prestación de los servicios y las localidades que
serían beneficiadas.
Tampoco se realizó ni una mínima
investigación para realizar la compra.
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