La madrugada del 23 de junio de 2015,
autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron un autobús de
pasajeros, que se dirigía de Motozintla a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y obligó a
descender a una adolescente de 17 años, con el pretexto de que “parecía
guatemalteca”. Desde entonces, la menor de edad permanece desaparecida.
Los hechos ocurrieron en una garita
migratoria ubicada en el ejido San Gregorio Chamic, del municipio Frontera
Comalapa, instalaciones en las que el mismo INM reconoce que fue ingresada la
menor de edad para ser interrogada, y que, por cierto, son monitoreadas las 24
horas por cámaras de videovigilancia.
Según la versión del Instituto
Nacional de Migración, la adolescente fue detenida a las 3:00 horas de la
madrugada, y supuestamente liberada, minutos después, al confirmarse que era
mexicana. Sin embargo, según la versión de las autoridades, para ese momento su
autobús ya había partido, y ella se alejó caminando en la oscuridad, por el
monte.
Al detectar que la menor no llegó a
su destino, sus familiares comenzaron por su propia cuenta la búsqueda, y luego
de varios días lograron identificar y contactar a otros pasajeros del mismo
autobús, quienes les informaron sobre la detención de la adolescente.
La familia tardó 22 días en dar con
esos testigos y, por ello, fue hasta el 14 de julio de 2015 que se presentó una
denuncia formal por la desaparición, ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, de la
entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, hoy Fiscalía Estatal.
Con base en
esta denuncia, las autoridades
chiapanecas solicitaron al INM que entregue los videos de las cámaras de
vigilancia. Esta solicitud fue formulada el 6 de agosto de 2015, es decir, 45
días después de la aprehensión y desaparición de la menor. Sin embargo, el INM
ignoró la petición.
El Ministerio Público insistió una
semana después, el 13 de agosto, y luego de seis días (el 19 de agosto),
Migración informó que los videos habían sido borrados, porque “lo solicitado
excedía el tiempo de almacenamiento” en los servidores de la institución, el
cual es, según ésta misma, de 60 días.
Sin embargo,
dicho argumento es mentira: las dos
peticiones del MP chiapaneco solicitando los videos fueron presentadas dentro
del tiempo de 60 días e, incluso, para el momento en que el INM emitió su
negativa formal, en realidad sólo habían transcurrido 58 días desde la
desaparición.
Es decir: el Instituto Nacional de Migración se negó
a proporcionar estas imágenes, alegando que ya habían sido borradas, cuando aún
faltaban 48 horas para que el sistema las eliminara.
Por ello, la familia de la menor desaparecida acudió
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para solicitar ayuda,
institución que insistió en la presentación de los videos, con los mismos
resultados: primero ignorar la solicitud, y ante un recordatorio, informar que
los videos ya habían sido borrados.
Finalmente, la familia presentó una
denuncia por la desaparición de la menor ante la Procuraduría General de la
República (PGR), ya que los presuntos responsables de los hechos son los dos
servidores públicos federales, adscritos al Instituto Nacional de Migración,
que la capturaron.
A ellos, cabe destacar, se suma un tercer servidor
público, pero estatal: un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad
Público de Chiapas, que resguardaba las mismas instalaciones.
Tal como
constató la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la
investigación que emprendió desde agosto de 2015 (y cuyos resultados se
incluyen en la recomendación 31/2017), los
dos funcionarios del INM aseguraron desconocer el paradero de la menor, y
afirmaron que ella abandonó las instalaciones en un momento de “descuido”, por
lo que se dedicaron a buscarla en las inmediaciones de la garita, sin lograrlo.
Sin embargo,
durante una segunda declaración ante las
autoridades, estos mismos funcionarios afirmaron que luego de que la menor
salió de las oficinas, no la siguieron porque “ya le habíamos otorgado el
beneficio de la duda y no teníamos motivos para detenerla”.
A esa contradicción en las
declaraciones de los funcionarios federales se suma una más, del tercer
servidor público involucrado, el policía auxiliar estatal que vigilaba el
acceso a las instalaciones, y quien afirmó que la menor recibió la indicación
de que se fuera.
Este policía afirmó que no se
preocupó por la seguridad de la adolescente (varada en medio del monte, en la
madrugada), ya que “mi función como policía es resguardar las instalaciones y
la integridad de los agentes federales de Migración”.
A dos años de que esta menor fue
obligada a descender del autobús en el que viajaba, ninguna de las autoridades,
ni la Fiscalía Estatal de Chiapas, ni la PGR, ni el Instituto Nacional de
Migración han aportado elementos que permitan dar con el paradero de esta
adolescente.
En este tiempo, las únicas
investigaciones que arrojaron algún resultado fueron aquellas realizadas por
sus mismos papás y hermanos.
Ellos han recabado distintas pistas,
inclusive la identidad de una persona que se dedica a la trata de mujeres, y
que opera en el ejido San Gregorio Chamic (el mismo donde fue desaparecida la
menor), un lugar en el que desde hace 20 años proliferan establecimientos donde
se explota sexualmente a mujeres y niñas, principalmente indígenas, mexicanas o
centroamericanas.
Según esos testimonios, esa persona
(cuyo nombre se mantuvo bajo reserva) “ha bajado (de autobuses de pasajeros) a
otras menores y las vende, en ese lugar todos los vecinos saben eso”.
Asimismo, la familia recabó el testimonio de una
persona que reconoció a la menor, en el municipio de Comitán, cuando era
trasladada por dos mujeres mayores, que la custodiaban, en agosto de 2016, un
año después de su desaparición.
No obstante,
ninguna autoridad ha realizado acciones
para constatar la veracidad de estos testimonios y la víctima, hoy de 19 años,
permanece ausente.
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