Investigadores
de organizaciones civiles llamaron al Gobierno a transparentar el origen y
destino de los ingresos públicos, pues
los excedentes que pudieran invertirse en pagar deuda pública son catalogados
como “otros”.
Asimismo, la vigilancia a los ingresos debe ir de la
mano de una reforma de gasto público eficaz, dijeron.
Alejandro
García, de México Evalúa, ha destacado que,
aunque para 2018 no se esperan ingresos extras por los remanentes del Banco de
México (Banxico), la dinámica ha sido la de registrar más ingresos de lo
estimado.
“No es un monto menor. Cien mil
millones de pesos cada año no sabemos de dónde vienen”, dijo.
Pese a tener mayores ingresos, no se
reduce la deuda sino se gasta más y el gobierno se aproxima a su techo de endeudamiento,
evaluó.
García pidió transparencia porque
está cifra excedente se cataloga como “otros”.
En los últimos 15 años ha habido 4
billones de pesos de ingresos excedentes, documentó Adriana Berrocal, del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Adrián
García, investigador del CIEP, desglosó
que los ingresos públicos para 2018 se estiman en 13 por ciento del PIB, de los
cuales el 5.6 por ciento vienen del petróleo y la mayoría de la recaudación de
impuestos.
“No habrá más ingresos tributarios a
menos que haya una reforma hacendaria”, declaró.
Enrique Díaz
Infante, del CEEY, leyó una presentación del investigador Marcelo Delajara,
quien enfatizó que este Paquete Económico es el último del sexenio.
Ante ello, la herencia del gobierno de Enrique Peña
Nieto es la Reforma Fiscal de 2013 que ayudó a disminuir la dependencia a los
ingresos petroleros al aumentar la recaudación de impuestos luego de gravar la
gasolina y alimentos chatarra.
Sin embargo,
falta la reforma al sistema de seguridad
social (la mitad de los trabajadores informales no tienen acceso a ese
derecho), y, añadió Delajara, el costo de la deuda y las pensiones.
Desde 2008, cuando
la deuda pública se disparó por la crisis financiera mundial, no se ha reducido
significativamente pese a que para 2018 se aspira un superávit primario.
Finalmente,
los investigadores exigieron al
siguiente Gobierno una reforma fiscal integral con IVA generalizado a alimentos
y medicinas, así como tasas proporcionales a los ingresos de la ciudadanía.
Esto debe ir acompañado de una reforma a la seguridad social universal.
También es necesaria una reforma al gasto público,
pues el mayor nivel de ingresos a través de la recaudación debe tener un
destino de calidad y eficiente, concluyeron.
LA DEUDA NO
SE REFLEJA EN INVERSIÓN.
Luego de que
el gobierno ha roto principios de finanzas públicas ante la ausencia de oposición del Congreso, la deuda pública de México
ha aumentado de 38.6 por ciento en 2013 a 48 por ciento en 2017, lo cual
ata al gasto público y obliga a transparentar su destino ya que no se ve
reflejada en inversión pública.
Sobre el
costo de deuda, Mariana Campos, de México Evalúa, documentó que el costo de la deuda por intereses de 2018
será de 698 mil millones de pesos, esto es, casi 3 por ciento del PIB, el
máximo histórico.
Luego de que
las calificadoras lanzaron una alerta amarilla sobre el nivel de endeudamiento,
la deuda ha bajado en los últimos años de 50 a 48 por ciento del PIB, fue por
los remanentes recibidos del Banxico equivalentes al 1.5 por ciento del PIB, es decir, la reducción fue por eventualidad
en vez de diseño, aseguró Ricardo Cantú, investigador del CIEP.
“¿Cuánto es el costo de deuda
necesaria para empezar a decir que ya tenemos mucha?”, preguntó Cantú.
El
investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Díaz
Infante, dijo que las causas del
endeudamiento -sin contar la oculta- son porque en los últimos años el gobierno
ha gastado tres veces más de lo ingresado; los programas sociales son
financiados con deuda; se debe pagar intereses de deuda; y no hay contrapeso en
el Congreso.
“Se han roto los principios de
finanzas públicas al financiar gastos con ingresos no recurrentes [el petróleo]
y nos hemos comido el patrimonio de las siguientes generaciones”, declaró.
Finalmente,
la investigadora de IMCO, Melina Ramírez, evaluó la deuda a largo plazo.
De 1990 a
2016, el promedio de la deuda pública es de 29 por ciento del PIB, pero de 2008 a 2016 el promedio ya era de
40 por ciento del PIB.
México no es de los países más
endeudados del mundo, no obstante, los recursos requeridos no se materializan
en resultados como en el nivel de inversión pública, aseguró Ramírez, por lo que subrayó la importancia de dar seguimiento al destino de
este dinero público.
La mesa fue moderada por el Senador
Francisco Búrquez, quien ha votado en contra del Paquete Económico de los
últimos años por el alto saldo de deuda pública.
“Cada familia debe más de 300 mil
millones de pesos”,
ejemplificó. “Siempre en manos del gobierno la deuda termina mal”.
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