El grupo parlamentario de Morena
propuso formalmente la abrogación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza
Pública en el Estado de México, tras considerar que, pese a las observaciones
de la Corte, aún es violatoria de los derechos humanos.
“Muchos de los conceptos que se
consideran violatorios no fueron materia de estudio de la Corte, al desechar la
acción de inconstitucionalidad presentada por diputados y pronunciarse sólo por
las promovidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos…
quedaron sin claridad”, consideró el diputado Vladimir Hernández al plantear su iniciativa ante
el pleno.
El
legislador recordó como una garantía
individual y social el derecho a la manifestación pacífica de ideas y
exigencias, que merece especial tratamiento, “debido a que representa un modo
de acción ciudadana para la exigencia y la defensa de derechos, pero también
resulta muy sensible a las reacciones del gobierno y al uso abusivo o violento
del poder público en contra de los ciudadanos”.
“Movimientos estudiantiles,
sindicales, agrarios, políticos y, recientemente, la búsqueda del
reconocimiento a las garantías y derechos, hacen que los ciudadanos salgan a
las calles a manifestar su rechazo frente a una obra pública inadecuada, al mal
actuar de sus gobernantes, frente a los actos de corrupción que enfrentamos
diariamente, a la inseguridad y la violencia, a los secuestros y feminicidios,
por mencionar algunos casos”, dijo.
El propósito de estos movimientos es
llamar la atención pública sobre ciertos asuntos ciudadanos y reclamar su
urgente solución.
Las manifestaciones, prosiguió, casi
siempre son la fase final de una lucha; aparecen después de que los ciudadanos
han agotado todos los canales de solución con las autoridades y cuando se exceden
los límites de espera a la atención de problemas sociales por indiferencia,
opacidad o incapacidad del gobierno.
Por tanto, consideró que las autoridades estatales
deben ser sensibles al respeto de los derechos de los ciudadanos en la
manifestación de sus ideas e inconformidades y en su libertad de reunión.
La también
denominada Ley Atenco, recordó, fue promulgada en Gaceta de Gobierno el 18 de
marzo de 2016, pero por su naturaleza generó una inusual controversia entre los
mismos diputados que la aprobaron, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) y la propia CNDH, quienes consideraron que muchos de sus
artículos transgreden la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A su vez,
motivó la promoción de diversas acciones de inconstitucionalidad por la
presunta violación a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica,
libertad de expresión y reunión; al derecho a la salud, y al de la integridad
personal.
También se le considera violatoria de los
principios de legalidad y seguridad jurídica respecto del uso de las armas
letales y de fuego, a la capacitación de los miembros de seguridad pública; a
los principios constitucionales en materia de reinserción social y justicia
para adolescentes, y de última razón en el empleo de la fuerza pública.
Además,
consideró, transgrede la esfera de
facultades del Congreso de la Unión y es omisa en sanciones por abuso o uso
excesivo de la fuerza y capacitación de los miembros de seguridad pública.
La iniciativa fue turnada a las
comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Seguridad Pública para su
discusión y dictamen.
En
entrevista posterior, Hernández Villegas apeló
a la sensibilidad y sentido común de la bancada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) –la mayoritaria–, sus aliados, y hasta de los partidos
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) –quienes en su
momento avalaron la también conocida como Ley Eruviel– para que rectifiquen el
yerro.
Aclaró que Morena no se opone a
regular el uso de la fuerza pública, pero advirtió que deber ser en sentido
inverso, para que no atente contra las libertades ciudadanas sino frene los
abusos de los cuerpos policiacos.
Para
garantizar una discusión amplia, una ley respetuosa de los derechos humanos y
eficiente para los fines que se pretenden, planteó la necesidad de realizar
foros en los que participen todos los sectores involucrados.
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