A 16 meses
de la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los hechos ocurridos el 19 de
junio del 2016, en el que murieron siete personas, son “un ejemplo de lo que no
debe ser” en materia de desalojos de vialidades.
Y es que
–dijo– no se observaron coordinación ni
protocolos de actuación entre las corporaciones estatales y federales, además
de que se registró un uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y tratos
crueles inhumanos y degradantes.
Al presentar
la Recomendación 7VG/2017, el ombudsman nacional señaló que las violaciones a derechos humanos ocurridas en el operativo
policiaco en el que participaron miembros de la Policía Federal, la Gendarmería
y policías estatales y ministeriales fueron “graves”, al registrarse entre
ellas siete fallecidos, 174 civiles lesionados, 45 de ellos por arma de fuego,
así como 106 policías heridos, cuatro por arma de fuego.
Acompañado
del segundo visitador Enrique Guadarrama, González Pérez acusó a autoridades estatales y federales de obstaculizar el trabajo
del organismo, lo que atribuyó a “falta de voluntad a que se conozca la verdad,
para que se pueda llegar al fincamiento de responsabilidades, que esto limite la
reparación del daño, y sobre todo el que se esté invisibilizando hechos como
éstos, se evite generar garantías de no repetición”.
En una
exposición detallada de la investigación –realizada durante siete meses por
personal del organismo– que se desplegó a Nochixtlán, así como a las
comunidades de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, hasta
donde se expandió el operativo, el
ombudsman exigió fincar responsabilidades a todos los servidores públicos
responsables de los abusos cometidos, en un operativo dirigido a desalojar a
agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Estamos
pidiendo que todos los que tuvieron que ver con la planeación, diseño,
ejecución de este operativo se investigue precisamente su participación en ese
mal diseño y, desde luego, quienes más tuvieron conocimiento de esos sucesos”,
sostuvo.
El
presidente de la CNDH señaló que, en una
revisión de la indagatoria penal, personal del organismo detectó “la existencia
de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia de la
normatividad aplicable por el personal ministerial de la Fiscalía estatal, las
cuales no han sido subsanadas en su totalidad por la PGR, que atrajo la carpeta
de investigación y en más de un año no se han realizado diversas diligencias
necesarias para conocer la verdad y determinar responsabilidades”, pues ni
siquiera se ha realizado la reconstrucción de los hechos ni se han tomado
declaraciones de testigos ni víctimas.
Recomendaciones.
La CNDH
emitió 26 puntos recomendatorios dirigidos al gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat; el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia; el
encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto
Elías Beltrán, y al fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Entre ellos se cuenta que las
autoridades estatales y federales tendrán que ofrecer una disculpa pública a
las víctimas y a los habitantes de los pueblos afectados, además de proceder a
la reparación de daños e iniciar investigaciones penales y administrativas.
González
Pérez señaló que en las investigaciones
de personal del organismo se determinaron violaciones graves al derecho a la
vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad, al interés superior de
niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, así como al derecho
a la verdad y al recurso jurídico efectivo.
Al señalar
que la recomendación considera como
sujetos de reparación a víctimas individuales y colectivas, entre ellas 20
personas que fueron detenidas sin haber participado de los hechos, el
funcionario puntualizó que, debido a la mala planeación del operativo,
atribuido a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca, no sólo civiles
resultaron afectados, sino también personal policial.
El ombudsman
explicó que entre los afectados destacan
unos 30 elementos de la banda de guerra y personal administrativo de la Policía
estatal que fueron enviados al evento y que “no tenían la capacitación última
para contender con ese tipo de operativos, eso muestra la desorganización del
operativo”.
El segundo
visitador Enrique Guadarrama agregó que el
operativo fue monitoreado desde un hotel ubicado en la ciudad de Oaxaca,
precisamente por el Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por el secretario
general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de
Operación Regional de la Secretaría General de Gobierno, el delegado estatal de
la Segob, el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, el
comisionado de la Policía Estatal, el delegado estatal del CISEN, el
coordinador Estatal de la Policía Federal en Oaxaca, División de Seguridad
Regional y el encargado del Sexto Agrupamiento de Gendarmería.
Al insistir
en la urgencia de investigar a policías y a integrantes del Grupo de
Coordinación Oaxaca para el deslinde de responsabilidades, el ombudsman
advirtió que las autoridades señaladas tienen un plazo de 15 días hábiles para
aceptar la Recomendación.
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