Jenaro
Villamil.
Antes de
renunciar como tercer procurador general de la República en este sexenio, Raúl Cervantes Andrade admitió que no se
pudo realizar la “nueva arquitectura institucional y administración del cambio”
en esta dependencia, y dejó pendientes mil 134 investigaciones en materia de
corrupción (719 averiguaciones previas y 415 carpetas de investigación) que
involucran a un total de mil 937 personas.
Así lo informó Cervantes Andrade en
el documento “Desafíos y Acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”,
enviado el 16 de octubre al Senado de la República, el mismo día que anunció
ante la Junta de Coordinación Política que abandonaba el cargo.
“La arquitectura institucional de la PGR es
inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los procesos del nuevo sistema penal
acusatorio”, sentenció Cervantes, porque “hay un uso
muy limitado de los medios y de las salidas alternas de solución de
controversias previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales
(CNPP)”.
Y porque “también se tienen
capacidades limitadas de investigación, reflejadas en el reducido éxito de
asuntos en los cuales no hay detenidos; se sigue trabajando mucho con casos
donde hay flagrancia”, sostuvo el ex procurador.
El ex abogado
del PRI y senador de la República advirtió
en su primer diagnóstico de la procuraduría que “a lo largo de los últimos cien
años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos
años, lo que a su vez ha sido negativo para el adecuado desarrollo
organizacional de la PGR y la calidad de los servicios de procuración de
justicia”.
El mismo
Cervantes Andrade duró apenas 11 meses en el cargo, después de sustituir a
Arely Gómez, también exsenadora y actual titular de la Secretaría de la Función
Pública, quien a su vez tomó el cargo en sustitución de Jesús Murillo Karam,
procurador en los dos primeros años del sexenio.
En el
informe enviado al Senado, Cervantes Andrade asumió que el “Nuevo Modelo de Procuración de Justicia” que quiso emprender no se
pudo concretar y tampoco se pudieron echar a andar las reformas derivadas de la
consulta nacional sobre este nuevo modelo. Dicha consulta inició el 25 de
mayo de este año, se integró por 8 mesas temáticas y 9 foros regionales
abiertos. El 29 de agosto concluyó la consulta y el próximo 25 de octubre se presentarán sus “principales hallazgos”.
El mismo
texto advirtió que la independencia de
la nueva Fiscalía General de la Nación “no se logra en automático con la
creación de tal suerte de organismos constitucionales, sino, precisamente,
mediante la profesionalización de los operadores jurídicos, la homologación de
los procedimientos y de la estructura institucionales”.
Cervantes
Andrade asume en este informe que dejará
pendientes homologar la actuación de las 33 procuradurías del país, incluida la
PGR; implementar la Base de Datos de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias; e integrar un nuevo modelo de evaluación y seguimiento del
Sistema de Justicia Penal.
El gran pendiente que dejará será en
materia de lucha anticorrupción.
Ante la
ausencia de un fiscal en esta materia, en diciembre de 2016, se suscribió un
contrato de arrendamiento para trasladar esta fiscalía a un predio de la
avenida Fray Servando Teresa de Mier Número 81. Se creó una provisión de 250
plazas de estructura, sustantivas y administrativas, para que el nuevo fiscal
pueda disponer de ellas.
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