Luego de trabajar 12 años para la
Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, Mayela fue
despedida sin liquidación y sin que se le reconociera ningún derecho laboral.
La razón: haber sufrido un derrame cerebral.
“Yo era empleada de la Unidad Administrativa
de la Defensoría de Derechos Humanos –narra Mayela–, y luego fui asignada a la
Visitaduría General, siempre como auxiliar administrativa, pero el 22 de
septiembre de 2015 sufrí un derrame y pasé un mes inconsciente, en el hospital,
y luego estuve varios meses más bajo incapacidad médica, en rehabilitación.”
Mayela fue atendida por especialistas
del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la dieron de alta el 22 de agosto
de 2016. “Entonces, yo me presenté a laborar a la Defensoría, pero cuando
llegué, me dijeron que no me podían asignar funciones ni horarios, porque no
existía relación laboral.”
Mayela no lo sabía, pero a principios de ese año,
el gobierno estatal de Querétaro y la Defensoría de Derechos Humanos de la
entidad convinieron una reestructuración de la nómina de este organismo, y en
esa reestructuración la plaza de esta empleada administrativa fue eliminada.
Pero la Defensoría no sólo dio por
concluida la relación laboral, sino que asumió que ésta nunca había existido, y
que Mayela no tenía derecho a una liquidación por sus 12 años de antigüedad.
“Aunque mi plaza fue eliminada desde
enero de 2016, en el Seguro Social me siguieron atendiendo, porque por ley no
pueden suspenderte un tratamiento, pero desde inicios del año pasado dejé de
recibir mi salario.
Yo presenté una demanda laboral en febrero de 2016, pero fue hasta agosto, cuando me dieron el alta médica, que pude acudir
a ver qué pasaba, por qué me habían dejado de pagar.”
El de Mayela
no es un caso aislado. Al menos una
decena de personas, la mayoría mujeres, fueron despedidas injustificadamente
por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, durante la administración
de Miguel Nava Alvarado, por motivos tales como estar embarazadas o negarse a
ampliar el horario de trabajo (sin remuneración) a otros empleados.
En febrero
de 2017, al frente de la Defensoría fue nombrada la doctora Roxana Ávalos. “Yo me acerqué a la doctora en marzo de
2017 –explica Mayela–, le plantee mi caso, le señalé que yo necesitaba mi
trabajo, que necesitaba continuar con mi rehabilitación médica, que necesitaba mi
Seguro Social, y ella me dijo que sí, que iba a ver mi situación, pero pasó un
mes, y luego otro, y luego otro”.
Fue hasta junio de 2017, detalla
Mayela, que logró una reunión con la Defensoría.
“Yo tomo actualmente 11 medicamentos,
uno solo me cuesta mil pesos, y otro más, que sólo tiene cinco cápsulas, me
cuesta 250 pesos cada cajita… yo tuve que vender mi casa para poder enfrentar
esta situación, porque estoy sola, no tengo nadie que me respalde, entonces, mi
situación es muy urgente, no puedo estar así indefinidamente, entonces busqué
esta reunión, y el área jurídica de la Defensoría me ofreció recontratarme, y
pagarme 50% de los salarios caídos”.
Esta oferta, sin embargo, “es algo
que no podía aceptar, porque yo no puedo perder mi antigüedad: soy una mujer de
55 años, y para aspirar a una pensión mínima, tendría que trabajar hasta los 70
años.”
En agosto, no obstante, la Defensoría
retiró su oferta.
“Tuve otra reunión –lamenta Mayela–,
y me dijeron que el titular del área jurídica había sido cambiando, y el nuevo
no sabía nada de mi caso, de hecho, llegó preguntándome yo qué quería. En esa
última reunión, me dijeron que no había recursos, así de sencillo.”
A dos años de haber sufrido el
derrame cerebral, Mayela aún sufre las secuelas, “y no puedo esperar cuatro o
cinco años, hasta que esto se resuelva en tribunales laborales –explica–. ¿Cuál
es la sensibilidad de la doctora Roxana Ávalos, de la Defensoría de Derechos
Humanos de Querétaro? Si así tratan a sus mismos empleados, ¿qué puede esperar
la demás gente?”
Desde agosto
de 2017, Animal Político solicitó una
entrevista con la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, para conocer su
postura en torno a los casos de despido injustificado, acumulados por la
institución durante la administración de su anterior titular, y que se
mantienen sin resolver hasta la fecha.
La respuesta del organismo fue que se
dirimen en tribunales laborales 14 demandas, y que “estamos a la espera de que
el Tribunal emita una determinación en cada uno de los asuntos”.
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