Ex consejeros electorales ven incapaz
al Instituto Nacional Electoral (INE) de esclarecer los manejos de recursos de
campaña que llevaron a Enrique Peña Nieto a la Presidencia, ni de evitar que
esto se vuelva a repetir.
Será el
próximo 1 de julio de 2018 cuando los ciudadanos voten por quiénes ocuparán más
de 3 mil cargos públicos, entre presidente de la República, gobernadores, Jefe
de Gobierno, alcaldes, y los congresos de la Unión y locales.
La elección
presidencial se prevé especialmente difícil debido a que el virtual candidato
de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador
encabeza las encuestas y en los dos procesos federales pasados ha denunciado
fraude en los resultados.
Además, porque el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) ha sido señalado en otras ocasiones de usar
dinero ilegal para financiar a sus candidatos -la constructora OHL, es la más
reciente-, sumado a los recursos públicos a los que tiene acceso en los
Gobiernos federal y estatales.
Alfredo Figueroa Fernández, ex consejero
del INE, sostuvo que la información que ha surgido desde los ex directivos de
Odebrecht sería suficiente para que una institución autónoma abriera una
investigación profunda.
“Es un asunto gravísimo. No sólo
sería ilegal que de cualquier empresa se estuviese recibiendo dinero, sino aquí
estamos en uno de los tipos más graves. Hay prohibición de recibir recursos del
extranjero. Estamos hablando de un tipo administrativo y penal que está
vinculado a la soberanía”, dijo Figueroa Fernández en entrevista con este medio.
La información sobre los posibles
vínculos de la empresa brasileña y la campaña presidencial de 2012 no salió de
las instituciones mexicanas sino de informes periodísticos que citan y revelan
las declaraciones hechas ante la Fiscalía de Brasil.
Ayer
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que Carlos Fadigas, ex director de Odebrecht, testificó que la
filial Braskem transfirió 1.5 millones de dólares a una empresa presuntamente
vinculada con Emilio Lozoya, otrora director de Pemex y ex coordinador de
Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Las
sumas de parte de la compañía sumaron 3.1 millones de dólares en tiempos de
proceso electoral.
El texto periodístico da cuenta de
otras reuniones que sostuvo el expresidente de la constructora brasileña
Marcelo Odebrecht -hoy en la carcel- y Peña Nieto como Gobernador del Estado de
México, candidato presidencial y presidente de la República, entre los años
2010 y 2013.
Los expertos suponen que los montos
serían sólo una muestra del manejo que hizo el PRI durante las últimas
elecciones presidenciales. “Son la punta del iceberg”, calificó Eduardo Huchim, ex consejero
del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Las sospechas parten a raíz de que
los procesos electorales pasados no estuvieron libres de controversias, como
las del caso Monex, donde el PRI habría comprado votos a partir de la
repartición de tarjetas, y Odebrecht ha delatado antes las autoridades que
repartió millones de dólares para campañas de políticos en varios países para
recibir obras a cambio.
“Esa portación [de 3.1 millones de
dólares] no la pudo detectar el INE. Ni lo que dio Javier Duarte en Veracruz,
César Duarte en Chihuahua, ni Borge. Es decir, los gobernadores priistas que
ahora sabemos que aportaron más de mil millones de pesos a la campaña”, acusó Huchim.
Estas ilegalidades, agregó el
especialista, habrían valido la salida del presidente Peña Nieto si la
independencia del sistema de justicia fuera similar a la de otros países: “El
Presidente ya tendría que estar en la cárcel”.
¿EL INE ES
INDEPENDIENTE?
Figueroa sostuvo que la imposibilidad
de rastrear hoy el dinero ilícito se debe a la falta de independencia del
Consejo Electoral, compuesto por 11 consejeros ciudadanos.
“Hoy tenemos suficiente evidencia de
tener un Consejo General secuestrado por el PRI y sus aliados. Y eso, al igual
que lo sucede en el Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación],
me parece uno de los problemas graves de nuestra democracia”.
La cooptación, a los ojos de
Figueroa, ha crecido a la fecha, “las instituciones que concebimos autónomas,
justo al margen de los gobiernos y fácticos, son hoy dolorosamente parte de un
secuestro institucional que no tiene precedentes desde el 97 para acá”.
Eduardo Gurza Curiel, director de la
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, sostuvo el ex consejero, ha
hecho falsas investigaciones.
“Admite las
no respuestas por parte del poder Ejecutivo, y el encargado de las transacciones inusuales e ilegales [en Hacienda] es
nada menos que el señor Alberto Bazbaz, quien actuó como Procurador del Estado
de México [del 2008 al 2010]”.
El conflicto de interés que suponen
las inclinaciones políticas de los funcionarios del INE, recordó Huchim,
evitaron en el 2012 atajar la opacidad sobre el manejo de recurso en las
campañas.
“El Jefe de la Unidad de
Fiscalización, entonces era un ente autónomo, la unidad estaba dirigida por un
personaje propriista que la verdad no ocultó mucho sus filias, se trataba de
Alfredo Cristalinas”,
resaltó el también analista.
En febrero del 2015, siete de 10
partidos acusaron a Cristalinas, quien había sido encargado durante seis años
de esa unidad, de favorecer la candidatura de Enrique Peña Nieto a la
Presidencia de la República. Los señalamientos orillaron al encargado de la UFT
a renunciar.
Dos años antes, en el 2013, la Unidad
de Fiscalización estableció que Peña Nieto había gastado 330 millones de pesos
para su campaña política. Una suma “risible”, e “inverosímil”, catalogó Huchim.
“Yo insistí que no podía ser que la
campaña de Peña Nieto se burlara de esa forma del Instituto Federal Electoral. Y lo que vemos ahora son algunos de
los casos. Porque lo de Odebrecht es obvio que fluyó dinero a la campaña”,
agregó.
ANTES NO SE
PODÍA.
Arturo
Sánchez Gutiérrez, ex director del Consejo Electoral del INE, afirmó que en el
caso de la campaña del presidente Peña Nieto, la fiscalización de las elecciones del 2012 generó controversias, como
Monex, resultas por los tribunales. Mas no hubo quejas en contra de las
empresas brasileña.
“No hubo de
manera que el INE pudiera vincular esos recursos a una investigación sobre el
financiamiento de la campaña del PRI en aquel entonces. Lo que también es
cierto, es que como sucedió en el caso Pemexgate, o amigos de Fox, el INE
tendría que realizar la investigación correspondiente si se presenta una queja
que genere los indicios suficientes”, explicó.
Hoy, con la nueva información
aportada desde Brasil, señaló, el INE tendría que ser cuestionado sobre si
existe una queja relacionada al caso Odebrecht, aunque la fiscalización del
2012 esté concluida, y resolver si tiene obligación de actuar en este asunto.
“No estamos hablando de un personaje
o empresa, en particular. EL INE tendría que averiguar si el partido [PRI] se benefició
de recursos que provenían de este tipo de empresas y no se reportaron en su
momento al INE”,
puntualizó Sánchez.
Figueroa recordó que la reforma
constitucional electoral del 2014 brindó al INE de los dientes suficientes para
perseguir delitos: “Una capacidad de investigación que ha decidido no
desarrollar. El tipo
de investigaciones que hace el instituto son aquellas que ha convalidado el
Tribunal”.
El INE contó con un presupuesto original este año
de 15 mil 473 millones de pesos, de los cuales 276 millones 609 mil fueron
destinados a la Unidad Técnica de Fiscalización.
“Si uno denuncia al Gobierno federal,
el INE le va a preguntar al Gobierno federal si ha actuado con desvío de
recursos públicos. La respuesta es ‘no los hemos desviado’. Este es el modelo
para investigar. Por
lo tanto, en el 2018 lo que podemos
vivir es un desvío millonario de recursos públicos”.
Sobre este
punto difiere el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
Ricardo Espinoza Toledo.
“En realidad la capacidad de
fiscalización es limitada. Lo que hace en términos de fiscalización es vigilar
que los recursos públicos que se le otorgan a partidos y candidatos. Y en cuanto al dinero ilícito, tampoco puede ser supervisado. Las
limitaciones no las puso el INE, sino las estableció el poder legislativo,
donde están los partidos”, expuso.
Las
elecciones en el 2017 habrían corroborado la percepción de incapacidad. En el
Estado de México, se hizo entrega de una gran cantidad de recursos, fueron
ganadas por el PRI, a quien la candidata rival Delfina Gómez acusó de hacer
fraude. En tanto, las elecciones de Coahuila aún se debaten en los tribunales
por excesos en los topes de gastos de campaña del partido tricolor.
“Hoy sabemos que sólo en 2016 y tres
entidades se desviaron cerca de mil 500 millones de pesos. Eso es cuatro veces
más de lo que habrá de tope gastos de campaña a la candidatura presidencial”,
resaltó Figueroa.
El reciente
despido de Santiago Nieto, hasta la semana pasada Fiscal de Delitos Electorales
de la Procuraduría General de la República, ha agravado la percepción sobre un
Gobierno que se resiste a un escrutinio real sobre la campaña del 2012.
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