En vísperas del inicio formal del
proceso de sucesión de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, la Procuraduría
General de la República (PGR) entró en una crisis institucional sin precedente.
Su tercer
titular en el sexenio, Raúl Cervantes Andrade, presentó su renuncia el lunes
16; el presidente y el PRI decidieron posponer hasta después de los comicios la
designación del fiscal general de la República; quedó acéfala la fiscalía
anticorrupción, por desacuerdos entre el PRI y el PAN, y el viernes 20 Alberto Elías Beltrán, en su calidad de suplente del
procurador general, cesó al titular de la Fiscalía Especial Para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.
Beltrán justificó el cese de Nieto
Castillo porque “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de la dependencia y citó los
artículos 30 de la Ley Orgánica y 137 del reglamento de la dependencia y las
facultades previstas en el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional
del 10 de febrero de 2014, que dio origen al diseño de una nueva Fiscalía
General de la República.
El equipo jurídico de Nieto prepara
su defensa para este lunes 23 ante el Senado de la República, ya que la
remoción del titular de la FEPADE sólo le corresponde al fiscal general, ahora
inexistente, y es facultad constitucional de los senadores objetar o ratificar
esta decisión en un plazo de 10 días hábiles.
Consultados
por Proceso, integrantes del equipo de Nieto también argumentan que el Código de Conducta citado por la PGR no está
publicado en el Diario Oficial de la Federación y no es una norma que pueda
imponer sanciones.
Además,
agregan, se les olvidó un “pequeño
detalle”: si Nieto Castillo cometió alguna irregularidad al revelar
documentación de una investigación en curso, se le debió haber iniciado un
procedimiento a través de la Visitaduría General de la PGR, con garantía de
audiencia, lo que nunca sucedió.
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