Cuando están
por cumplirse dos semanas del sismo de 7.1 grados que causó enormes daños en la
Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, y a 25 días del
terremoto de 8.2 grados que impactó a poblaciones de Oaxaca y Chiapas, así como
el del sábado 23 de septiembre –que de acuerdo con los especialistas se sintió
en Oaxaca y en la capital del país–, se sabe ya que la reconstrucción de estas
zonas costará, al menos, 38 mil millones pesos.
Esos
desastres naturales han arrojado un saldo oficial superior a 420 muertos,
alrededor de 150 mil viviendas dañadas, así como 12 mil 931 escuelas afectadas,
de las que 577 se deberán reconstruir totalmente, y afectaciones en al menos
mil 500 inmuebles con valor histórico o cultural.
Los 38 mil millones que, hasta el
momento, se calcula costará la reconstrucción es una cifra parcial, pues los
gobiernos federal y locales no han terminado de cuantificar los censos de la
destrucción.
Aun así, con
ese monto general, arrancará la asignación de 16 mil 500 millones pesos para
vivienda, ocho mil millones para los daños causados al patrimonio cultural y
más de 13 mil millones de pesos que se destinar para reconstruir escuelas
dañadas.
En este
contexto de emergencia, hay voces que se pronuncian por cortar más gastos.
Aunque desde 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que entraría en un
programa de austeridad eso no ha sucedido.
Por ejemplo,
el gasto en publicidad oficial de la administración peñista, de enero de 2013 hasta
el primer semestre de 2017, asciende a 37 mil 725 millones de pesos, un monto
que es similar al que el presidente anunció el pasado 28 de septiembre para la
reconstrucción de los daños por los tres sismos que sacudieron a México.
Las
organizaciones Red por la Rendición de Cuentas y Fundar, Centro de Análisis e
Investigación plantean que los gastos “superfluos” de los gobiernos sean
cancelados o limitados para que estos montos se destinen a reconstruir las
zonas afectadas.
“Nos parece
necesario que, más allá de oportunismos políticos, se diseñen estrategias que
contribuyan de manera efectiva a la reducción de estos gastos para que puedan
aprovecharse estos recursos en atender las necesidades de la población
afectada”, dijo Justine Dupuy, coordinadora del programa de Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, en entrevista con SinEmbargo.
En este debate ha entrado también la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM),
calificado como “la gran obra” del sexenio de Peña Nieto, luego de que
fracasara en su objetivo –planteado desde su toma de posesión el 1 de diciembre
de 2012– por construir una red de ferrocarriles para “mover a México”.
De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza,
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hasta febrero
de este año, cuando dio un reporte del proceso de licitación, se habían
otorgado contratos por unos 35 mil millones de pesos, tres mil millones menos
de lo que, hasta el momento, costaría la reconstrucción de la zona centro y sur
del país tras los sismos.
El 1 de
septiembre de 2014, cuando el presidente anunció la construcción del NAICM,
afirmó que se trata de un proyecto autofinanciable, de manera que se pagará por
sí mismo, lo que permitirá que quede a cargo del Estado, y dijo que la
inversión estimada será de más de 120 mil millones de pesos.
Desde aquella presentación, miembros
de la oposición política calificaron a la llamada máxima obra del Gobierno
federal como “innecesaria, cara, sospechosa y absurda”.
Y, ahora, tras la devastación y la
crisis económica en la que se encuentra el país no han quitado el dedo del
renglón.
El viernes
pasado, Andrés Manuel López Obrador,
líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso que el
presupuesto de 200 mil millones de pesos para la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sea destinado para
apoyar a las víctimas de los sismos en México, pero también planteó la
exigencia de cancelar el proyecto.
“Hicimos la propuesta de cancelar la
construcción del nuevo aeropuerto porque es un gasto oneroso, 200 mil millones
de pesos. Cancelar
esa obra y de inmediato construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa
Lucía sería lo recomendable, se puede resolver la saturación del actual
aeropuerto”, afirmó en un VIDEO difundido a través de sus redes sociales.
UN PROYECTO
OPACO.
Poco después
del anuncio de la obra, el Senado de la República aprobó la Comisión Especial
para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México, conformada por 11 legisladores que darían seguimiento a la
construcción del gigante y del dinero federal que ahí se invierte. Esa comisión, en su carácter de especial,
tiene en teoría las facultades de llamar a comparecer a funcionarios, solicitar
información e informes y realizar visitas de observación.
Pero se cumplieron ya 32 meses en los
que los trabajos del NAICM han avanzado lo mismo que las inversiones, sin la
supervisión legislativa que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debía
encabezar y en la que tenía derecho a cuatro integrantes. Junto con el apoyo
del Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se
insistió que ese trabajo lo realizaría la Comisión de Comunicaciones y
Transportes de la Cámara Alta.
Luego de las
afectaciones del sismo del pasado 19 de septiembre en la capital del país, uno
de los integrantes de la comisión, el
Senador panista Víctor Hermosillo y Celada, hizo un llamado urgente para que se
instale esta Comisión Especial y se comiencen a auditar los gastos que, hasta
el momento, se han erogado en el gigante aeroportuario pues, a la fecha, nadie
sabe bien a bien cuánto será el costo de su construcción final.
“Ahora, ante
todo lo ocurrido en torno al sismo y la destrucción causada, la instalación de
esta comisión resulta más importante para tener un trabajo continuo”, afirmó el
legislador de Baja California.
Lo que hace falta para que la
Comisión trabaje es que el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
designen a las personas que van a trabajar en conjunto con las del PAN, PRD y
Morena en la supervisión de la obra que, a la fecha y a decir de miembros de la
oposición, se desconoce su costo total.
“Hay muchos
intereses ahí de todo tipo y ha habido una insistencia en el tema. En la
ejecución no ha habido transparencia a pesar de que ellos lo dicen. Si uno checa la página, no hay ni
seguimiento ni modificación de los contratos. Eso también lo dicen los invitados
de la sociedad civil como Mariana Campos [de México Evalúa]. Es complicado seguir todo, como a qué tasa
de interés han burzatilizado los bonos del derecho al Aeropuerto. […] Es muy
probable que tengamos un aeropuerto y que tengamos que pagar su operación
porque las cuotas que paga la gente ya se usaron para hacerlo; ahí hay muchas dudas. Será una obra que ya
que esté nos cueste”, comenta el Diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales en
entrevista con SinEmbargo.
La propia
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas del think tank México Evalúa, plantea que comparando con los estándares
de transparencia internacional, la información del NAICM tiene todavía muchas
deficiencias.
“Se subieron
[a la página web oficial] recientemente algunos indicadores de ejecución de
algunos contratos cuando en el estándar internacional absolutamente todos los
contratos tienen que estar abiertos al público; debe haber una revisión
sistemática no ocasional […] En todas
las obras grandes de México hay sobrecostos, sería muy raro que ahí no los
hubiera. Es difícil que en México un proyecto de obra pública quede en el
margen del presupuesto establecido. Podemos
esperar más incrementos a lo largo de la obra porque es el estilo de ejecución
que tiene el sector público mexicano. Aunque el tema del dólar es bastante
justificable –dado que muchos de los insumos están relacionados con esta moneda–,
actualmente no hay límites explícitos sobre ajustes en los contratos”, agrega.
LA COMISIÓN
QUE NO FUNCIONA.
Hermosillo y
Celada explica a este diario digital que a
pesar de lo que digan Ruiz Esparza, su equipo de la SCT y el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el gran problema del NAICM es la
opacidad y que no hay ninguna razón por la que una obra de ese tamaño padezca
de esos problemas.
Hermosillo,
junto con Alejandro Encinas Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel y Fernando Mayans
Canabal, trató de instalar la Comisión
Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México, pero señala que si no se ha hecho algo a la fecha ha
sido por falta de voluntad política.
“La presidencia de la Comisión la
ocuparía el PRI, pero en teoría sólo están Alejandro Encinas, Fernando Mayans,
el Senador Ernesto Ruffo y yo. Está incompleta, no han querido instalarla y
hemos hecho muchos exhortos al respecto. Incluso se lo pedimos al mismo Ruiz
Esparza, lo hicimos más de 50 senadores para que informara exhaustivamente
sobre el estatus del nuevo aeropuerto. Se le entregaron firmas y jamás sucedió. Sólo nos invitaron al campamento del
NAICM y nos enseñaron no la obra, sino la torre de control como para
deslumbrarnos con la manera en cómo controlan los aviones. Pero nosotros no
íbamos a eso, íbamos a ver qué pasaba con el aeropuerto”, narra Hermosillo.
El legislador añade que hicieron una
serie de exhortos al respecto, pero la respuesta ha sido el silencio, “han
hecho oídos sordos”. Y ahora, a un año de que se acabe esta administración, el
problema sigue,
destaca.
“Aunque no
nos den información y no se haga la Comisión, tarde o temprano se van a tener
que entregar resultados, tanto de cuándo van a terminar y cuánto costó al
final. Yo considero que se van a pasar los presupuestos y no será una cosa que
nos extrañe por cómo se mueven este tipo de obras. La responsabilidad de la
Comisión es del Senado y de los Grupos Parlamentarios. Esta comisión está presidida por el PRI, pero hasta hace unos meses,
quien era el coordinador de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier
Lozano, tampoco la quería instalar y dijo que para eso estaba esa Comisión,
pero si no dan la información está mal”, afirma.
De acuerdo
con una revisión realizada por SinEmbargo, desde
2015 el GACM ha registrado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT)
86 contratos relacionados con la construcción del NAICM, por los que se han
erogado 5 mil 425 millones 829 mil 909 pesos.
La mayoría de esos contratos fueron
otorgados a través de Adjudicación Directa o con “Invitación a tres personas”, que es un mecanismo mediante el cual
la dependencia que licita selecciona a los tres candidatos que considera más
aptos.
En 2015, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) constató que la contratación de los
servicios se realizó mediante 50 procesos de adjudicación directa,18 por
invitación a tres personas, 14 licitaciones públicas nacionales y dos de
licitaciones públicas internacionales.
Destaca el pago de asesorías,
concepto por el que se han gastado 117 millones 450 mil 328 pesos; por
publicidad y “posicionamiento” se han erogado otros 17 millones 947 mil 913
pesos; también hay un “programa de logística”, que costó 309 millones 200 mil
069 pesos, además del Servicio de Protección Federal, por el que se pagaron 858
millones 330 mil pesos.
Para 2016,
el primer año de actividades de Federico Patiño Márquez como director general
del GACM, desde el Gobierno federal se le otorgaron al proyecto 75 mil millones
de pesos más, cuando solamente se había
hecho uso del 1.31 por ciento del presupuesto.
De ese año a la fecha, el daño al erario
asciende a 140 millones 107 mil 247 pesos, de acuerdo con la revisión anual de
la (ASF).
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