Georgina Morett.
Una vez más en la Cámara de Diputados
se retrasa el juicio de procedencia contra quienes fueron colaboradores del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y ahora el pretexto proviene de la
Mesa Directiva.
Cuando los escándalos de corrupción
llenaron los medios de información y la alternancia en algunas entidades
provocó que se hicieran públicos los excesos de los mandatarios estatales, EL
PRI SE COMPROMETIÓ A LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD.
Sin embargo,
un priista connotado, el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, al
parecer se tomó muy en serio su papel de garantizar “el fuero constitucional de
los diputados y velar por la inviolabilidad del recinto legislativo”.
Ayer rechazó la decisión que había
tomado por unanimidad la sección instructora, de que fuera el Pleno el que
definiera los desafueros de los legisladores priistas Tarek Abdalá y Alberto
Silva, al afirmar
que los dictámenes no cumplen los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Congreso
general.
Ramírez
Marín devolvió ambos expedientes a la sección instructora encargada de dar
trámite a los juicios de procedencia, en un oficio remitido a su
correligionario Ricardo Ramírez Nieto, presidente del órgano jurisdiccional de
la Cámara de Diputados. Ramírez Marín
argumentó que los dictámenes “sólo pasarán al Pleno si son votados por la
mayoría de los integrantes”.
El 12 de
octubre pasado, la sección instructora votó los dictámenes sobre los juicios de
procedencia contra Abdalá y Silva, pero en ambos casos registró tres empates
consecutivos, con dos votos a favor y dos votos en contra, por lo que los
dictámenes se turnaron a la Mesa Directiva para determinar su eventual
votación.
El diputado Omar Ortega, del PRD,
considera que la interpretación jurídica de Ramírez Marín es incorrecta, por lo
que exige ratificar el trámite.
Por desgracia, esta decisión del PRI,
de mantener la impunidad que tanto daño ha hecho al país, al parecer le da la razón a Ramírez
Marín, ya que el artículo 45 de la Ley Orgánica señala en su numeral 7 segundo
párrafo que:
“Los
proyectos de dictamen de la sección instructora y los de las comisiones
encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de
responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia,
sólo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes
respectivos”.
El problema es que cuando hacen las
leyes y los reglamentos, todos se ponen de acuerdo para mantener la impunidad,
y ante la opinión pública aseguran que están contra el fuero.
Tarek Abdalá, extesorero de Javier
Duarte en Veracruz, fue acusado por la Fiscalía estatal de desviar más de 23
mil millones de pesos, y el ex vocero de Duarte, Alberto Silva, de desviar
cuatro mil millones.
Así los
priistas no tendrán que mostrar en el Pleno su apoyo a los colaboradores de
Javier Duarte, y como señala Omar Ortega: con esta decisión, cuando ya inició el año electoral, evitan
poner más rayas al tigre; el problema es que “ya es pantera” de tantos
manchones negros”, asegura el diputado.
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