En la ilegalidad.

Georgina Morett.

Es increíble cómo cuando se confrontan las fuerzas políticas, los ciudadanos nos enteramos de que vivimos en la ilegalidad. La destitución del fiscal Especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto, nos ha mostrado muchas de las irregularidades cometidas por distintos personajes.

Desde su aprobación por parte del Senado, que se llevó a cabo con voto en el tablero, cuando, de acuerdo con el artículo 97 fracción III del Reglamente del Senado, tenía que hacerse por cédula, pero, claro, en ese momento hubo acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y obtuvo 97 votos a favor y una abstención.

Pero cuando no hay acuerdo, vemos posiciones encontradas y cada parte habla de la legalidad de su propuesta y remarca las ilegalidades anteriores.

Y como ahora se trata de objetar la destitución, los priistas aseguran que es obligatorio el voto secreto por cédula, aunque sea un caso inédito en la historia del país.

Este voto es el tema central del conflicto entre PRI-PVEM y PAN-PRD-PT-Morena, ya que la oposición asegura que si se vota de forma secreta comprarán a los senadores: otra ilegalidad.

Desde hace años hemos escuchado que el partido en el poder compra a los legisladores, pero que lo digan los mismos senadores es muy grave.

Una precisión respecto al voto a favor de la destitución es que algunos aseguran que habría sólo cinco votos de panistas, conocidos por su oposición a su coordinador, que son Roberto Gil Zuarth –quien asegura que no ha tomado una decisión–, Ernesto Cordero, Javier Lozano y Luisa María Calderón. Pero otros, cercanos al PRI, señalan que serían 16 votos de panistas inconformes.

Otra ilegalidad respecto a este tema es que el fiscal Santiago Nieto ya había filtrado información con la que perjudicó al militante del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, que era subsecretario de Gobernación, por haber repartido tarjetas “Premia Platino”.

A pesar de que fue una filtración a los medios, no hubo una destitución inmediata por violar el Código de Ética, como sucedió en esta última ocasión.

También ahora nos enteramos de que el encargado del despacho en la PGR no cuenta con los requisitos para ocupar el cargo, ya que debe tener 10 años de ejercer como abogado, y Elías Beltrán obtuvo su cedula profesional hasta el 2011.

Lo peor de todo esto es que quien tiene mayoría se impone y los políticos están llegando al cinismo, sin que les importe sacar sus trapitos al sol cada vez que se pelean.

Y si no se han dado cuenta, los ciudadanos están cada vez más hartos.

Por lo pronto, ya reinició sus trabajos la Comisión de Hacienda en el Senado y es muy probable que hoy se vote si continúa en el cargo Santiago Nieto, quien de cualquier forma tendrá que enfrentar procesos penales, ya que la PGR, después de la destitución, está obligada a dar parte a la Visitaduría General, además de que Emilio Lozoya lo acusará de violación al debido proceso.

Por lo que sostenemos que se imponen los acuerdos por encima de la legalidad.