La activista y defensora de los
derechos humanos, Yndira Sandoval Sánchez, fue detenida, torturada y violada
por policías de Tlapa de Comomfort, Guerrero, luego de que participara en una
conferencia en la Universidad Autónoma de Guerrero sobre la violencia contra
las mujeres.
En
entrevista con La Jornada, Yndira
Sandoval, relató que los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre en Tlapa.
La activista recordó que durante su estancia se accidentó con un clavo que le
lastimó una zona cercana a un seno, motivo por el cual decidió acudir con un
compañero con el que viajaba a la Clínica San Antonio para recibir atención
médica.
La activista
contó que en primera instancia el doctor
le cobró 2 mil pesos, pero ante la insistencia bajó el costo del servicio a 900
pesos. Cuando Yndira intentó pagar con su tarjeta, el médico le explicó que
sólo aceptaba dinero en efectivo y que tenía que buscar un cajero para poder
cubrir los gastos.
Cuando salió de la clínica recordó
que había olvidado su teléfono celular y regresó. Fue en ese momento cuando se
percató de que seis elementos de la policía municipal de Tlapa intentaban
detener a su compañero por supuestamente haberse negado a pagar la cuenta del
doctor.
¿Por qué lo detienen? Soy defensora
de derechos humanos, les dijo, y un agente le contestó: “usted también está
detenida”.
Yndira Sandoval, relató al medio que
se negó a subir a la patrulla, pero una oficial, identificada con el nombre de
Claudia Juárez Gómez, la aventó hacia el interior de la batea de la camioneta y
la apretó de la herida a pesar de que la joven le había dicho que estaba
lastimada.
“Todo el trayecto hacia la
comandancia municipal me tuvo de rodillas, jalándome el cabello hacia atrás,
apretándome la herida y me preguntaba, riéndose: ‘¿Te duele?’”.
Una vez que
fue trasladada a la cárcel municipal de Tlapa, Yndira fue ubicada en una celda, en donde fue sometida por la policía
Claudia Juárez Gómez. La oficial le manoseó los senos le bajó el pantalón e
introdujo sus dedos de manera violenta en su vagina.
“Me penetró con sus dedos, me lastimó
mucho. Luego me soltó, me aventó, me pateó, mientras otra mujer policía,
cómplice, vigilaba la entrada a la celda. Yo ya no sabía qué seguía después de
la tortura”, relató
Sandoval Sánchez.
Tras ser agredida sexualmente, Yndira
fue liberada. Pero ese era tan sólo el inicio de un viacrucis que continúa
hasta el día de hoy, pues ha vivido en carne propia las burlas, la inoperancia
de los servidores públicos y la manera en las que son expuestas las mujeres
víctimas de ataques sexuales.
Un día después, el 17 de septiembre
Yndira presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Guerrero, en la Unidad
de Investigación 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar
Región Montaña, con la carpeta número 12080470200090170917, y el 13 de octubre ante la
Procuraduría General de la República (PGR), con la célula de investigación de
la agencia tercera de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la carpeta
FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017.
Pese a las circunstancias, la
defensora de los derechos humanos ha continuado con las denuncias que ha
provocó que su casa fuera allanada y que incluso recibiera amenazas de muerte,
sin embargo, dice seguirá buscando justicia.
“El hecho que me violara una mujer me
confirma que nos está carcomiendo el propio sistema, que normaliza la violencia
y nos quiere obligar a pensar que este es nuestro destino. Las instituciones
están podridas.
Quiero caminar sin miedo; el Estado
me pudo haber quitado la seguridad, pero no me va a quitar ni la dignidad ni mi
vocación de seguir defendiendo los derechos de las mujeres”.
Los ataques contra personas y
colectivos que defienden los derechos humanos en el país constituyen una
práctica generalizada en México, lo que refleja la falta de voluntad del Estado
para proteger a las personas defensoras.
Al menos mil 37 personas (273
indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo
de abuso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hasta julio de 2017
se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, reveló un informe de la Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y
todos”.
Por regiones, el 69 por ciento de los
casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México,
Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.
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