El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, quien busca ser presidente en 2018, aumentó la deuda pública de su
estado a alrededor de 33 mil millones de pesos, el 4.6 por ciento del PIB, por
lo que estudiantes de bajos recursos y normalistas de una de las entidades más
violentas del país no han podido acceder a sus becas. Además, su gestión tiene
una serie de pendientes por aclarar a la Auditoría Superior de la Federación
(ASF).
El
perredista Aureoles Conejo tomó protesta para Gobernador de Michoacán para el
periodo 2015-2021, luego de no lograrlo en 2011. A la mitad de su gestión ha
manifestado su interés en solicitar licencia para postularse como el candidato presidencial
del Frente Ciudadano por México integrado por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Sin embargo, durante sus dos años de
gobierno ha atacado a esos jóvenes a los que prometió un “respaldo total” al no
dar las becas que les corresponden y al reprimir protestas de los normalistas.
El Gobierno
federal transfiere recursos públicos para que el estatal brinde becas de
manutención a estudiantes de bajos recursos. No obstante, la gubernatura de Aureoles Cornejo no tiene acceso a ese
dinero al no haber cubierto sus adeudos millonarios desde hace dos años, por lo
que 849 estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) no han recibido
ese apoyo económico, dijo el director del Instituto, Paulino Rivas Martínez, al
diario local Provincia.
El ex
Presidente Municipal de Zitácuaro y ex Senador recibió una deuda pública por casi 33 mil millones de pesos en octubre
de 2015, el 4.3 por ciento del PIB. Al segundo trimestre de 2017, se encuentra
en 4.6 por ciento del PIB lo que la coloca en el semáforo rojo de la
organización México, ¿Cómo Vamos?, ya que el promedio nacional es de 2.9 por
ciento.
Con una tasa de interés de 8 por
ciento, el 98 por ciento de la deuda pública de Michoacán está contratada por
el Gobierno estatal y el resto por los gobiernos municipales. El Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados la ha medido por cápita,
respecto al PIB y con base en sus ingresos.
En un estado
que creció 4.7 por ciento en el segundo trimestre del año, por cápita, es el décimo más endeudado del país por lo
que cada michoacano “debe” 4 mil 500 pesos; es el octavo más endeudado al
representar su deuda el 4.6 por ciento del PIB; y respecto a ingresos –que
incluye participaciones federales, impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y transferencias federales–
es el noveno más endeudado por equivaler el 30 por ciento en comparación con el
promedio de 25.7 por ciento.
Solo considerando las participaciones
enviadas por el gobierno federal, es la novena entidad más endeudada al
representar el 95 por ciento frente al 77 por ciento del promedio nacional.
Asimismo, la
fuerza pública del gobierno de Silvano Aureoles ha reprimido las protestas de
los estudiantes de la Escuela Normal Rural en Tiripetío, al sur de Morelia, la primera
en la historia de América Latina y que alberga a 560 jóvenes que buscan ser
maestros.
En una entidad donde el 62 por ciento
de sus trabajadores labora en la informalidad, los normalistas han exigido,
entre otras necesidades, el pago total de sus becas. La Federación de
Estudiantes Campesinos de México documenta que esa ayuda va de 45 a 70 pesos
diarios.
El 21 de junio, el normalista Gael
Solorio recibió un balazo cerca de la boca durante un enfrentamiento con
agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad
Pública de Michoacán. Estuvo semanas en terapia intensiva. A ese choque con
armas de fuego se suma el del sábado 14 de octubre, en el que –en medio de gas
lacrimógeno– 74 normalistas fueron detenidos y otros más golpeados mientras
pedían la liberación de uno de sus compañeros quien fue trasladado a la cárcel
preventiva de Morelia, acusado de secuestrar camiones en Tiripetío.
OBSERVACIONES
DE LA ASF.
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) detectó en su cuenta pública de 2016 una serie de irregularidades en los
recursos federales transferidos al Gobierno de Michoacán por ahora bajo la
administración del perredista Silvano Aureoles Conejo.
Mediante los
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF), el estado recibió
mil 388 millones 721 mil pesos, pero en el ejercicio de los recursos registró
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe del 100
por ciento de los recursos por falta de documentación comprobatoria.
A través del
Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud el estado recibió 3 mil 086 millones de pesos, pero se registraron incumplimientos en las
obligaciones de transparencia al no publicar determinados documentos y en el
ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 569 millones 867
mil pesos.
También obtuvo 2 mil 764 millones de
pesos como parte del acuerdo con la Secretaría de Salud, pero no realizó una
gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo lo que generó un
daño al erario por 683 millones 390 mil pesos, el 37.7 por ciento de la muestra auditada. Entre las irregularidades hubo préstamos
realizados a otros programas, pagos realizados a personal eventual sin
contrato, y salidas de banco sin documentación que justifique y compruebe el
gasto.
Para PROSPERA Programa de Inclusión
Social (Componente de Salud), Michoacán obtuvo 124 millones 133 mil pesos. No
obstante, por inobservancias en materia de transferencia de recursos,
rendimientos financieros y destino, hubo un probable daño al erario por 63
millones 725 mil pesos. Además, la información proporcionada por Michoacán no es coincidente con
la de la Secretaría de Hacienda en los informes previstos por la normativa
sobre el ejercicio y destino de los recursos.
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