Javier Risco.
No han sabido responder las preguntas
básicas. La información ha sido confusa, imprecisa y lenta. El gobierno de la
Ciudad no ha sido contundente sobre los responsables de que a los edificios
colapsados y dañados no le hayan dado mantenimiento en años, dedicaran plantas
bajas a estacionamientos sin muros de contención o que, violando la Ley de
Publicidad Exterior, tuvieran anuncios de hasta una tonelada sobre el techo.
En un esfuerzo por mantener la
coordinación y vigilancia de los capitalinos, ayer se presentó públicamente
#Ciudadanía19S, un colectivo que nació en las entrañas de #Verificado19S, y que
busca reconstruir una ciudad con los fuertes cimientos de la transparencia, la
rendición de cuentas y la responsabilidad del gobierno.
Esta unión de distintos gremios de la
sociedad civil que se ha organizado exige cosas puntuales, ‘el derecho a
saber’, saber por qué una CDMX, con uno de los reglamentos de construcción más
innovadores del mundo, se ha flexibilizado, favoreciendo a inmobiliarias, por qué 30 días después el gobierno se ha preocupado más por sacar
una Ley de Reconstrucción a modo, sin la participación ciudadana, y no se ha
enfocado en decirnos cuáles son los edificios que han clasificado como ‘de
riesgo’, cuál fue el criterio para clasificarlos así y dónde está el dictamen
que lo avala.
En el
comunicado emitido ayer por el colectivo que forman organizaciones como Suma
Urbana, Obra Chueca, Horizontal o Bicitekas, hay ocho peticiones puntales
mínimas para que los capitalinos tengan información que ayude a reconstruir la
ciudad y entrar, por fin, en un proceso de resiliencia:
•El catastro
vigente y las versiones históricas.
•Los
estudios y escenarios de peligros y riesgos, incluyendo grietas, hundimientos,
subsidencias, inundaciones, incendios, fallas, minas, cavernas, tipo de suelo y
profundidad de cada suelo. No el incompleto atlas de riesgo que se presentó.
•La
delimitación geohidrológica de acuíferos, así como sus flujos y volumen de
agua.
•Las
solicitudes de revisión de inmuebles, las revisiones post-sismo y los
dictámenes de seguridad estructural, incluyendo los nombres y números de
cédulas de directores responsables de obra (DRO) y corresponsables de
estructuras que los revisaron. Es nuestro derecho saber en manos de quién
estamos dejando la seguridad de los techos que nos cubren.
•Los
inmuebles que están en proceso de mayor revisión estructural, reforzamientos o
demoliciones, para determinar si representan peligro a la integridad de dueños,
usuarios y colindantes de los inmuebles.
•Los
edificios y sus expedientes (planos, permisos, revisiones y autorizaciones) que
tienen acciones legales, así como su estado en el proceso y pruebas periciales.
•Los folios
reales del Registro Público de la Propiedad, relacionados con el número de
catastro de los inmuebles, información que es pública y a la que tenemos
derecho de acceder.
•De cada
predio construido o remodelado posterior al año 2000, solicitan la razón social
de la constructora, su responsable legal, su director responsable de obra
(DRO), número y fecha de autorización, y número y fecha de terminación de obra.
No seamos de nuevo esa sociedad
pasiva que se queja de un gobierno ineficiente y se queda así. Seamos esa
sociedad que se activa, que exige, que mueve piedras para encontrar vida y que
se organiza en una #Ciudadanía19S, que reclama el legítimo derecho de saber.
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