Javier Risco.
Es la
herida más dolorosa y la que nunca sana. La angustia es transversal, recorre
todas las generaciones de una familia, la padece el más pequeño de la casa, que
apenas comienza a hablar, y llega hasta el mayor, el que no puede levantarse de
una silla.
Durante un
tiempo es el tema recurrente, el que opaca cualquier conversación, al paso de
los meses se convierte en el silencio de un domingo, en el pasado inolvidable,
pero al fin presente. Así describen sus días los que buscan, los que aman a un
desaparecido.
En los
últimos diez años hemos escuchado tantas historias: amigos, vecinos, conocidos,
familiares, que salieron rumbo a Tampico y se los comió la tierra; que
regresaban de una cena en Torreón y se perdieron sin rumbo; que los levantaron
unos federales en Chilpancingo; que no se supo de ellos después del retén
militar en Coatzacoalcos; que su teléfono dos años después sigue mandando a
buzón.
Ya sea por
omisión o complicidad, el Estado mexicano se ha convertido en el verdugo de una
sociedad en vilo.
La desaparición forzada es definida como “el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley”.
Luego de
que madres y familiares de desaparecidos se manifestaron año con año frente a
las oficinas de la PGR, el Senado o la Secretaría de Gobernación, y al menos
dos desde que una iniciativa se admitió a discusión en el Congreso federal,
ayer finalmente se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas en México.
Estuvo en
la congeladora hasta que en abril de este año fue aprobada en el Senado y ayer
con 361 votos de 500, fue avalada en la Cámara de Diputados. Un día histórico
en una lucha que aún tiene un largo camino.
Con más de
30 mil personas en un registro oficial de desaparición, esta
primera ley en la materia deroga artículos del Código Penal Federal y la Ley
General de Salud, que se relacionan con sanciones por desaparición y el
tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.
La
iniciativa aprobada por unanimidad en las bancadas crea un Sistema de Búsqueda
de Personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas,
que homologue criterios que a nivel estatal han dificultado desde siempre las
investigaciones, y crea también la Comisión Nacional de Búsqueda.
Es un paso importante e imprescindible para avanzar en el
tema, sí, pero aún es insuficiente. Organizaciones
civiles han señalado los grandes faltantes de esta ley, como el que no
contemple sanciones para la autoría intelectual o la participación de altos
mandos que ordenen a subordinados la desaparición de alguna persona, o la falta
de un instituto forense realmente independiente, que no permita el entierro de
cuerpos no identificados en fosas comunes, sin agotar la posibilidad de que se
trata de un desaparecido que se busca en alguna otra entidad.
Y aunque es un paso hacia adelante, el discurso del gobierno sobre su preocupación en el tema se reflejará
ahora en la discusión del Presupuesto, cuando realmente demuestren los recursos
que están dispuestos a invertir en uno de los temas que más lastiman al país,
con una crisis de derechos humanos que tiene al PRI con un pie fuera de Los
Pinos.
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