Salvador Camarena.
La sombra corruptora de Odebrecht se
define en México a partir de contratos sospechosos de sobornos en Michoacán,
Veracruz, Pemex y, por supuesto, ese territorio nebuloso llamado 2012, año de
campañas presidenciales.
Al momento
de hacer pública su renuncia a la Procuraduría General de la República este
lunes, Raúl Cervantes dio a conocer que
había concluido las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht en nuestro
país.
“@PGR_mx ha
concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción
intl. que en AL y México se hayan visto.
“Esquema para corromper, obtener
contratos públicos y uso de paraísos fiscales, puso a prueba nuestra
determinación e instituciones”, dijo el ex procurador en su cuenta de Twitter.
Están por
cumplirse diez meses de la noticia surgida desde Nueva York de que Odebrecht
reconocía multimillonarios sobornos en una docena de países –en México por 10.5
millones de dólares. Esos pagos indebidos en suelo mexicano habrían ocurrido,
según admitió en una corte estadounidense la empresa brasileña, entre 2010 y
2014.
Desde ese
día de diciembre, el 21 para ser exactos, la Secretaría de la Función Pública
abrió un expediente para investigar, pero la PGR esperó hasta enero para
comenzar las pesquisas.
En este tiempo, la constante ha sido
en México la falta de nombres –chicos o grandes– en las diligencias al
respecto, una
discreción que contrasta con lo visto en este mismo periodo en los países de
América Latina donde Odebrecht actuó indebidamente. Desde Argentina a Panamá las
élites políticas han resultado salpicadas, y hemos visto acciones judiciales en
contra de ministros, expresidentes, presidentes y sus operadores.
En el caso
mexicano ha sido sólo por reportajes en la prensa que hemos conocido que
Odebrecht habría pagado indebidamente por obras en Michoacán (en tiempos de
Leonel Godoy, cosa que él niega) y en Veracruz en un periodo que justo está en
el límite de las gubernaturas de Fidel Herrera y Javier Duarte. Los sobornos
totales superarían los 16 millones de dólares, y no los 10.5 de los que se
habló en Nueva York.
También se sabe que, con la bendición
y el apremio del gobierno de Felipe Calderón, Odebrecht instaló en suelo
veracruzano, en condiciones preferenciales, la planta Etileno XXI, un
megacomplejo donde son socios Braskem (empresa filial de Odebrecht) con una
entidad mexicana llamada Idesa.
Y, según anunció el mes pasado la
Función Pública, personal de Petróleos Mexicanos estaría involucrado en
operaciones sospechosas de Odebrecht por más de seis millones de dólares en la
refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula.
Finalmente,
en agosto supimos que tres ejecutivos de Odebrecht señalaron en una declaración
judicial que Emilio Lozoya habría solicitado que le depositaran en paraísos
fiscales diez millones de dólares. Lozoya ha negado ante la prensa esas
acusaciones e incluso se presentó en la PGR para conocer del caso.
Como se puede ver y salvo por lo
dicho escuetamente por la Función Pública sobre el caso de la refinería en
Tula, todo lo que sabemos hoy de Odebrecht es extraoficial.
Al tirar la toalla el lunes, Raúl Cervantes
aseguró sin ambages que el caso estaba resuelto.
Algunas
dudas: ¿aceptó la PGR la impunidad para
la empresa Odebrecht solicitada por Brasil a cambio de la información de las
declaraciones de los testigos protegidos? ¿Los ejecutivos sobornadores y la
empresa de actuar criminal, no será castigada severamente?
Más aún: ¿por qué Cervantes no dio a conocer las
conclusiones? ¿Tiene un encargado de despacho la fuerza para seguir con un caso
de suyo explosivo? ¿Un (a) nuevo procurador (a) aceptará sin más las
conclusiones o el caso volverá –convenientemente sobre todo para el
PRI/gobierno– a la casilla uno?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.