Las autoridades municipales,
tradicionales y de Bienes Comunales de Chalchihuitán acusaron hoy al gobierno
chiapaneco, encabezado por Manuel Velasco, de encubrir a la alcaldesa de
Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a su grupo civil armado que ha provocado el
desplazamiento forzado de alrededor de cinco mil indígenas.
Tras una reunión celebrada la tarde
de este martes en la cabecera municipal de Chenalhó, donde estuvieron presentes
unos 225 representantes de todas las comunidades que conforman el municipio,
los inconformes exigieron a los gobiernos de Manuel Velasco y de Enrique Peña
Nieto que intervengan de inmediato y desmantelen el grupo armado que opera en
ese territorio.
Los indígenas tsotsiles denunciaron
que ya son 16 días que han vivido bajo acoso de ese grupo armado que porta
fusiles R-15 y AK-47, conocidos como “cuernos de chivo” y que operan con total
impunidad bajo la protección de la alcaldesa Pérez Pérez, postulada al cargo
por el PVEM.
Uno a uno, en su lengua nativa, los
líderes de las diversas comunidades denunciaron las incursiones de ese grupo
armado que provocó que unas cinco mil personas dejaran sus chozas en unas nueve
comunidades.
Además, exigieron que dicho grupo sea desarticulado
y se garantice el libre tránsito, pues mantiene retenes y ha cortado los
caminos rurales abriendo zanjas con maquinaria pesada, además de que los ha
amenazado con cortar el suministro eléctrico.
Otra consecuencia, agregaron, es que
los niños de la cabecera municipal y de todas las comunidades ya llevan 16 días
sin clases por la situación de peligro.
Los
representantes indígenas pidieron la
aplicación del Estado de Derecho de forma inmediata y negaron saber qué
presuntos acuerdos tiene el gobierno chiapaneco para no proceder contra la
alcaldesa y el grupo.
“Nos piden cordura y paciencia, pero
en la zona no tenemos escuela, no tenemos médico, no tenemos paso… Lo que
pedimos es que todo esté apegado a derecho. Hay convenio entre las partes del 23 de septiembre
del 2015, donde se dieron acuerdos importantes para poner fin al conflicto,
pero los de Chenalhó no lo han respetado”, aclararon.
Historia del
conflicto.
Jaime Martínez Veloz, de la Comisión para
el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México del gobierno federal, reseñó que,
en 1973, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) empezó los trabajos
de reconocimiento y titulación de los bienes comunales de ambos pueblos, pero
no tomó en cuenta el límite que éstos establecieron con el río como línea
natural.
En 1975,
continuó, se emitió la Resolución Presidencial de Chalchihuitán y pobladores de
Chenalhó dieron cuenta de que no se respetó el límite natural entre ambas
comunidades. En 1976, ambas comunidades
firmaron ante la SRA un convenio en el que acordaron que, al ejecutarse la
resolución presidencial, se reconocería el río como límite.
Y fue hasta 1980 cuando se ejecutó la
resolución para mil 787 campesinos, a quienes les entregaron 17 mil 948
hectáreas. Posteriormente les dieron otras 252 más.
A pesar de
los acuerdos, en 1981 los pobladores de
Chalchihuitán alambraron y construyeron muros de concreto dentro del territorio
comunal de Chenalhó, pero los habitantes de éste quitaron dichas barreras.
Para el año 2000 se retomaron los
trámites para la ejecución de la resolución presidencial y Chalchihuitán
demandó a Chenalhó ante el Tribunal Unitario Agrario la restitución de más de
58 hectáreas que, presuntamente le habían despojado desde Tz’ak Uk’um a
Seranichimtik.
Chenalhó contrademandó y solicitó
anular la ejecución parcial de 1980 de la resolución presidencial de
Chalchihuitán.
Este
conflicto ha derivado en otros lugares, donde se ha llegado a la violencia
entre ambas partes con el saldo de heridos, muertos y desplazados.
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