La
estructura sigue cuarteándose. México no tiene Procurador General, Fiscal
Anticorrupción ni titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
(Fepade). Ahora, 14 organizaciones
civiles advierten que el proceso de designación del nuevo titular de la
Auditoría Superior de la Federación –órgano autónomo que vigila el uso de los
recursos públicos federales y el cumplimiento de los programas públicos–
comenzó sin transparencia y en fast track por lo que exigen especificar el
mecanismo técnico de evaluación de candidatos, imparcialidad, rendición de
cuentas y participación ciudadana sustantiva para dotarlo de legitimidad y
confianza.
Su balance ha sido positivo. De 2001
a septiembre de 2017, la ASF ha recuperado más de 107 mil 770 millones de pesos
para devolverlos al erario, y de 1998 a 2016 ha interpuesto 872 denuncias
penales, documentó
Janet Oropeza Eng, investigadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a
la Corrupción de Fundar.
El viernes
17 de noviembre arrancó el proceso con la publicación de la convocatoria para
el periodo 2018-2025. Pero a las
organizaciones les preocupó que la elaboración y votación del Acuerdo se
realizó “a puerta cerrada, de forma precipitada y con poca deliberación”.
El domingo
26 de noviembre concluyó el registro de aspirantes. La Cámara de Diputados debe
elegir entre 41 postulantes. El actual
Auditor Juan Manuel Portales Martínez, quien concluye su mandato en diciembre,
decidió no buscar la reelección.
Para las
organizaciones, el perfil idóneo debe
considerar que tenga buena reputación; no sea militante de ningún partido
político ni ministro de ningún tipo de culto; no ser socio de ninguna empresa
que preste servicios a la administración pública; no haber sido servidor
público a quien se le hayan realizado observaciones sin aclararlas; tener
conocimiento de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción; experiencia para
coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización; estudios en
administración pública, fiscalización o combate a la corrupción; así como tener
conocimiento en lavado de dinero, fideicomisos públicos y financiamientos
públicos, y el marco jurídico que los regula.
“La Auditoría Superior de la
Federación es una de las instancias más importantes para la rendición de
cuentas en México. Históricamente, ha generado evidencia sólida para señalar problemas
y áreas de oportunidad en el ejercicio del gasto público. Al mismo tiempo,
diversas reformas legales han ampliado sus atribuciones y facultades, hasta
convertirse en una de las instancias clave del Sistema Nacional Anticorrupción
y del Sistema Nacional de Fiscalización. De la decisión que tomen los
legisladores dependerá en gran parte el futuro del SNA”, expusieron en un comunicado conjunto
Artículo 19, Fundar, México Evalúa, Transparencia Mexicana, entre otras
organizaciones.
En
entrevista respecto a esos cambios, Héctor Rubio, de Acción Ciudadana Frente a
la Pobreza, otra de las firmantes, dijo que la labor de esta ASF ha sido “clave” porque adquirió nuevas
atribuciones para ser un “control democrático” a los ejecutores de gasto
público.
Antes, expuso, sus informes de Cuenta
Pública se publicaban con dos años de desfase lo cual, más allá de la
indignación, no era un factor de mejora en el ejercicio de los recursos. Pero
adquirió “una inteligencia institucional” para auditar prácticamente en tiempo
real y anticiparse a áreas de riesgo para su prevención. También ha tenido peso
en el Sistema Nacional Anticorrupción al ampliar el catálogo de sujetos
observados a nivel estatal pese a la oposición de los gobernadores, por lo que
seguirá operando un papel relevante.
“Este nuevo potencial ya aparece en
la última revisión de la ASF, y en el tema de salud observó que dos terceras
partes del gasto de los gobiernos estatales no se estaba ejerciendo como debía
y había focos rojos porque el dinero había desaparecido o se convirtió en caja
chica, puntualmente el caso de Javier Duarte en Veracruz”, documentó.
Sin embargo,
en el proceso de designación lamentó que
se estén repitiendo “los mismos vicios” de otros nombramientos empezando por
una convocatoria cerrada y advirtió que “si no hay legitimidad de origen,
difícilmente se podrá llegar a la de ejercicio”.
Janet
Oropeza, investigadora de Fundar, agregó
que la información que ha generado en términos de irregularidades y malos
manejos ha evidenciado casos de alto perfil como el socavón en el Paso Exprés
en Cuernavaca, la Línea 12 del Metro y de gobiernos estatales como Javier
Duarte. Además, dijo, es una fuente confiable de información de alto interés
público.
LAS
RECOMENDACIONES IGNORADAS.
Tres días
antes de la emisión de la convocatoria, el martes 14 de noviembre, Artículo 19
y Fundar enviaron al Diputado perredista
Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la
Cámara de Diputados, una serie de
recomendaciones basadas en prácticas internacionales y nacionales para
incorporar los más altos estándares de transparencia, participación ciudadana y
rendición de cuentas a este proceso. Sin embargo, ninguna fue tomada en cuenta.
Entre las propuestas destaca la de
llevar a cabo una comparecencia pública del actual Auditor Juan Manuel
Portales, en la cual discuta con los miembros de la Comisión de Vigilancia el
Informe Público, así como los principales retos que enfrenta la ASF, a raíz de
la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de
Fiscalización.
“Es fundamental no repetir procesos
de designación cerrados, opacos, precipitados y sin claridad ni criterios de
evaluación de las y los candidatos. Apegarse estrictamente a lo que establece
la ley es un requisito indispensable pero no suficiente, por sí mismo, para
generar confianza”,
agregaron las organizaciones.
La
investigadora de Fundar, Janet Oropeza, aclaró
que la Cámara de Diputados invitó a las organizaciones civiles a proponer
candidatos, pero ese no es el interés, sino cuidar el proceso para asegurar el
mejor perfil.
LOS 41
ASPIRANTES
El desempeño del Auditor Manuel Juan
Manuel Portal Martínez (2009-2017) dejó un estándar muy alto al colocar a la
Auditoría Superior de la Federación como una institución prestigiosa y más
cercana a la sociedad, coincidieron los miembros de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y
Fundar consultados.
“Lo que está en juego más allá del
nombramiento del siguiente auditor o auditora es el prestigio de una
institución que se ha ganado a pulso el reconocimiento y que tendrá un papel
vital en el Sistema Nacional Anticorrupción”, declaró Héctor Rubio.
Para Janet
Oropeza, de Fundar, la ASF es una de las
pocas instituciones en México que tiene una alta credibilidad ante la sociedad
y abona a la rendición de cuentas porque durante estos años desde su fundación
en el 2000 ha jugado un rol en la vida democrática del país.
Rubio lamentó que en México se siga “adoleciendo”
de mecanismos que permitan valorar el mérito de los aspirantes, ya que “sin el
componente técnico lo que decide son valoraciones políticas por cuotas y
cuates”.
Advirtió que
a pesar de que todos nos conviene tener
una Auditoría fuerte y blindada de los intereses políticos, hay perfiles que no
cumplen ni siquiera con los requisitos de la convocatoria o que por su
trayectoria representan un riesgo al tener vínculos con fuerzas políticas.
Entre los 41
aspirantes registrados destacan el académico y coordinador de Nosotrxs,
Mauricio Merino Huerta; el ex Subsecretario de la Secretaría de la Función
Pública y priista, Julián Olivas Ugalde; el ex Contralor del Instituto Nacional
Electoral y ex Auditor (1997-2000) -cuando el órgano se denominaba Contaduría
Mayor de Hacienda-, Gregorio Guerrero Pozas; y el ex Comisionado del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), José Trinidad
Zaldívar.
De acuerdo
con las diputadas Araceli Damián y Claudia Corichi, el ex contralor del gobierno de Veracruz, Iván López Fernández, no puede
ser elegido porque formó parte de las investigaciones que realizó la PGR por
los casos de presunto desvío de recursos en la gestión del ex Gobernador,
Javier Duarte.
Solo dos
mujeres se postularon. María de los Ángeles Silva Mendoza, asesora técnica y
titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, y Dora
Buchahin Abulhosn, directora general de Auditoría Forense, de la Auditoría
Superior de la Federación.
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