miércoles, 29 de noviembre de 2017

Gabinete y legisladores gozan el edén en prestaciones; el infierno, por Ley, es para los trabajadores.


Roberto García tiene hoy 80 años. Hace cinco logró obtener su pensión, luego de 25 años de trabajar como carpintero. Dejó de trabajar porque el cuerpo ya no le dio para más. A pesar de que, desde años antes, el cansancio y dolores en piernas y brazos le pedían reposo, pero la necesidad de tener un salario siempre fue mayor. Luego de meses enteros de hacer trámites y más trámites obtuvo su retiro. Hoy vive con su esposa de la misma edad, con 2 mil 400 pesos mensuales.

Del otro lado de la mesa está el Senador Javier Lozano Alarcón, quien antes de ocupar ese puesto fue el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la administración de Felipe Calderón. En ese puesto creó y dejó como herencia a los mexicanos la Reforma Laboral.

A diferencia de Roberto, el Senador Lozano Alarcón tendrá poca preocupación cuando se retire, ya que entre las 21 prestaciones que goza por derecho [seguro de separación, seguro colectivo de retiro, además  hace aportaciones a su seguridad social, tiene un pago por riesgos, potenció su seguro de vida, tiene algo que se llama “ahorro solidario”] y con todas las facilidades que se le otorgan –como primas vacacionales, celular, ayuda para despensa, prima quinquenal, apoyo económico para comprarse un auto–, puede gozar de su salario íntegro de 2 millones 796 mil 810 pesos y puede ahorrar; entonces la pensión parece un asunto solucionado.

Así, la realidad del señor Roberto y la del Senador Lozano, son drásticamente diferentes. Será lo mismo si se compara la de un joven de 25 años que no sabrá nunca qué es recibir utilidades porque está contratado por outsourcing, frente a la del presidente Enrique Peña Nieto, quien puede presumir su seguro institucional por 8.2 millones de pesos o los 5 mil pesos que se le dan para cubrir sus gastos de alimentación.

En entrevista con SinEmbargo, Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del ámbito laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), describe que el tema de las prestaciones sociales hace un contraste de negro a blanco si se habla de la clase gubernamental y la trabajadora. En la primera hay un paraíso laboral con una lista en la que está asegurada la salud, el bienestar y el futuro. En la segunda sólo hay incertidumbre, iniquidad y más pobreza.

Observador del desempeño de los sindicatos mexicanos y la política laboral, Bouzas Ortiz expone que después de la Reforma Laboral promulgada en 2012, “los trabajadores afiliados al IMSS están con un salario mínimo, lo que repercutirá en una jubilación mínima, en tanto que los del ISSSTE tienen un tope de 20 salarios mínimos. No hubo defensa. Los trabajadores tuvieron que aceptar que se les diera de alta con un salario muy diferente a lo que perciben, y los del Estado burocrático con un tope”.

Pero esa situación –según Bouzas– afecta sólo a los trabajadores. Los Gobernantes quedaron protegidos y lejanos a las circunstancias en las que quedaron millones de trabajadores.

“Fue un cambio histórico [la Reforma Laboral] que dio al traste con batallas emblemáticas y cuyos resultados óptimos aún parecen estar lejanos”, plantea el investigador.

Por su parte, José Manuel Cervantes Bravo, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, explica que, aunque estas diferencias rayan ya en los terrenos de la injusticia, la inequidad está dentro del marco de la Ley, ya que mientras la Constitución establece derechos mínimos, se quedan mínimos para los trabajadores porque es lo que se logra negociar con la figura patronal.

Pero por el otro lado, los funcionarios se encargan de asignarse a ellos mismos sus salarios y sus prestaciones; no las negocian con nadie y, además, deciden ponerse bonos. Explicó que las mínimas prestaciones han sido las de siempre, desde la Ley de 1931, desde la reforma de 1970 y la Ley que se hizo con el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y son prestaciones a las que la mayoría de los mexicanos está acostumbrado de manera muy natural: aguinaldo y vacaciones.

“Los funcionarios pueden justificar sus prestaciones legalmente al decir que la Constitución establece mínimos y que todo hacia arriba es legal, ¿pero un trabajador qué puede lograr? Un bono de puntualidad, uno de asistencia, pero no más. Ellos, por el contrario, tienen hasta prestaciones por eficiencia en el trabajo, ¿quién decide si se lo ganan o no? Para ellos no hay un sistema de medición: todos ellos trabajan, todos son chambeadores, son productivos y son un bien para la Nación”, comentó.

En uno de sus ensayos, el doctor Arturo Fernández Arras, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que los derechos laborales no se reducen a una simple obligación del estado, sino que también involucran a los particulares. Desde su perspectiva, son los derechos laborales los que regulan la actividad privada entre patrón y trabajadores por la desigualdad que esa relación guarda al interior.

En esa relación, el Estado interviene con una regulación, aunque en teoría, su carácter tutelar es en favor de los trabajadores y como ejemplo está el acceso a los servicios de salud, los derechos a huelga y la libertad sindical.

El Derecho Laboral apareció en la Constitución de 1917 con el Artículo 123. Para Fernández Arras, ese fue el “reconocimiento histórico de las reivindicaciones sociales y del compromiso del Estado con los trabajadores”.

El investigador ubica los derechos laborales de “los obreros” como uno de los resultados de la Revolución Mexicana y entre los personajes pioneros de eso menciona a los generales Francisco J. Mújica Velázquez y Esteban Baca Calderón, líder de la Huelga de Cananea [que detonó el 1 de junio de 1906, en una mina de cobre de Cananea, Sonora], así como a los constituyentes que “protagonizaron el debate más importante en la historia del derecho laboral mexicano”.

El investigador concluye que en la elaboración de las leyes es notorio que quienes las impulsan, no se muestran interesados por los trabajadores, no tienen una visión de futuro y que no hay conciencia de las necesidades de los interesados “quienes con su trabajo son generadores de riqueza”.

Seguros por riesgo de trabajo, de separación, de gastos médicos mayores, 20 días de vacaciones, gratificación de fin de año, prima quinquenal, ayuda para despensa, pagos por gastos de alimentación, becas del 100 por ciento para sus hijos en preparatorias y universidades, asistencia legal, asignación de vehículo o apoyo para comprar uno, seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Esas son algunas de las prestaciones que gozan el presidente, su gabinete, los senadores y los diputados.

LA CLASE POLÍTICA Y SUS PRESTACIONES.


Presidente Enrique Peña Nieto.

Número de prestaciones: 19 (6 seguros, 10 apoyos y 3 ahorros)

De entre sus prestaciones, el presidente goza de un seguro institucional por 8.2 millones de pesos, ayuda para despensa de entre 465 y 785 pesos mensuales y además, gastos de alimentación de hasta 5 mil pesos mensuales.

Miguel Ángel Osorio Chong.

Número de prestaciones: 15 (6 seguros, 7 apoyos y 2 ahorros)

El Secretario de Gobernación durante estos cinco años ha gozado de una gratificación de fin de año por más de 200 mil pesos, un “apoyo” para vehículo de 11 mil 460 pesos al mes y de 10 mil pesos, también mensuales para su celular.

Luis Videgaray Caso.

Número de Prestaciones: 12 (5 seguros, 5 apoyos y 2 ahorros)

Ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Videgaray goza a cambio de sus labores, de un seguro de gastos médicos por más de 26 mil pesos, además de sus cotizaciones mensuales de entre mil 640 y 2 mil pesos en Fovissste e Infonavit.

No se sabe si luego de salir de la Secretaría de Hacienda cobró su seguro de separación.

Salvador Cienfuegos Zepeda.

Número de prestaciones: 13 (4 seguros, 8 apoyos y 1 ahorro)

A cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos tiene beneficios como becas del 100 por ciento en pagos de colegiaturas para sus hijos a nivel Medio Superior y Superior, además de su seguro de vida militar por 1.3 millones de pesos.

Vidal Francisco Soberón Sanz.

Número de prestaciones: 14 prestaciones (4 seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)

En la Secretaría de Marina, el general goza de un fondo de ahorro militar de por al menos mil 968 pesos, una gratificación de fin de año de 200 mil pesos y una prima de antigüedad de 3 mil 281 pesos en adelante.

José Antonio Meade Kuribreña.

Número de prestaciones: 16 (6 seguros, 8 apoyos, 2 prestaciones)

El ahora precandidato del PRI a la Presidencia y quien hasta el pasado lunes ocupó la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gozaba al frente de esa dependencia federal de un seguro colectivo de retiro de entre 12 mil 500 y 25 mil pesos, un seguro de riesgos de trabajo por un máximo de 61 mil 536 pesos mensuales, además de asistencia legal.

Luis Enrique Miranda Nava.

Número de prestaciones: 14 (6 seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)

El que se definió como operador político del presidente en la Secretaría de Desarrollo Social, tiene por ley un seguro institucional por 8.2 millones de pesos, cobertura ISSSTE/IMSS de ente 20 y 26 mil pesos y tiene derecho a una prima de antigüedad de entre mil 200 y 2 mil 700 pesos anuales, a pesar de que entró al gabinete en 2016.

Rafael Pacchiano Alamán.

Número de prestaciones: 13 (5 seguros, 5 apoyos y 3 ahorros)

El titular de la Semarnat cuenta con un ahorro solidario de 815 pesos mensuales, pago de estancias infantiles al ISSSTE de entre 450 y 900 pesos mensuales y una gratificación de fin de año por más de 200 mil pesos.

Pedro Joaquín Coldwell.

Número de prestaciones: 18 (8 seguros, 7 apoyos y 3 ahorros)

El titular de la Secretaría de Energía tiene derecho a asistencia legal, apoyo para vehículo de 11 mil 460 pesos, prima vacacional de al menos 11 mil pesos y un seguro de cesantía en edad avanzada y vejez por máximo 400 pesos al mes.

Ildefonso Guajardo Villarreal.

Número de prestaciones: 14 prestaciones (6 seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)

Al frente de la Secretaría de Economía, Guajardo tiene derecho a un seguro colectivo de retiro de entre 12 mil 500 y 25 mil pesos y una ayuda para despensa de entre 465 y 785 pesos mensuales.

José Calzada Rovirosa.

Número de prestaciones: 12 (5 seguros, 5 apoyos y 2 ahorros)

El ex gobernador de Querétaro, que ocupa ahora la oficina principal de Semarnat, tiene un seguro institucional por 8.2 millones de pesos y una prima quinquenal de 100 a 225 pesos mensuales.

Gerardo Ruiz Esparza.

Número de prestaciones: 19 (7 seguros, 8 apoyos y 4 ahorros)

El titular de Comunicaciones y Transportes es uno de los hombres más cercanos al presidente desde que gobernó el Estado de México y además, uno de los que más prestaciones goza. Sobresalen su préstamo ISSSTE COMPLEMENTARIO, de entre 820 mil 488 pesos y 1 millón 230 mil 732 pesos, un seguro de responsabilidad civil por al menos 2.5 millones de pesos y aportaciones “2A, 2B, 4A, 4B Y 4C” por 3 mil 486 pesos mensuales con límite máximo de 24 mil 012 pesos al mes. No se sabe a qué correspondan esas claves.

Arely Gómez González.

Número de prestaciones: 14 (5 seguros, 7 apoyos y 2 ahorros)

A frente de la Secretaría de la Función Pública, Gómez Gonzáles tiene un seguro colectivo de retiro de entre 12 mil 500 pesos y 25 mil pesos, hace aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro por máximo 800 pesos al mes  además, tiene una ayuda para despensa de entre 465 y 785 pesos mensuales.

Aurelio Nuño Mayer.

Número de prestaciones: 18 (6 seguros, 10 apoyos, 2 ahorros)

El Secretario de Educación tiene una prestación llamada Estímulos y Recompensas por Años de Servicios (Premio SEP de entre 29 mil 775 y 70 mil 832 pesos), asignación o apoyo para vehículo de 11 mil 460 pesos al mes y una paga de defunción de aproximadamente 800 mil pesos.

José Ramón Narro Robles.

Número de prestaciones: Cero

En el Portal de Obligaciones de Transparencia, en todas las prestaciones Narro Robles tiene “No Aplica”.

Alfonso Navarrete Prida.

Número de prestaciones: 13 (5 seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)

Al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y además de los 70 millones de pesos que ha ganado desde que ocupa ese puesto, Navarrete tiene por derecho una prima de antigüedad de entre mil 200 pesos y 2 mil 700 pesos, un seguro de separación individualizado de entre 4 y 20 mil pesos y un seguro institucional por 8.2 millones de pesos.

Rosario Robles Berlanga.

Número de prestaciones: 15 (5 seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)

Robles Berlanga, como titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, tiene asistencia legal, asignación o apoyo para vehículo de 11 mil 460 pesos mensuales y gratificación de fin de año por más de 200 mil pesos.

Enrique de la Madrid Cordero.

Número de prestaciones: 16 (5 seguros, 9 apoyos, 2 ahorros)

El encargado de la Secretaría de Turismo tiene un seguro colectivo de retiro de hasta 25 mil pesos y seguro de gastos médicos por más de 26 mil pesos. Además de pago de estancias infantiles por 450 y 900 pesos mensuales y derecho a préstamos a corto y mediano plazo, así como préstamos hipotecarios.

María Cristina García Cepeda.

Número de prestaciones: 15 (5 seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)

A pesar de que se incorporó el 4 de enero de 2017 en la Secretaría de Cultura, Maraki tiene ya derecho a un seguro institucional por 8.2 millones de pesos, prima vacacional de, por lo menos, 11 mil pesos y aguinaldo de 200 mil pesos.

500 diputados.

Número de prestaciones: 19 (6 seguros, 12 apoyos y 1 ahorro)

Los apoyos de los diputados van desde los seguros de vida, por riesgo, tienen compensación garantizada, ayuda para despensa, dieta mensual, algo que se llama “atención ciudadana” y ahorro solidario.

128 senadores.

Número de prestaciones: 21 (6 seguros, 11 apoyos, 4 ahorros)


Los derechos que les corresponden van desde un pago por riesgo, primas vacacionales, equipo de telefonía celular, aguinaldo y gratificación de fin de año, ayuda para despensa y “otras prestaciones de fin de año”.

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