Roberto García tiene hoy 80 años.
Hace cinco logró obtener su pensión, luego de 25 años de trabajar como
carpintero. Dejó de trabajar porque el cuerpo ya no le dio para más. A pesar de
que, desde años antes, el cansancio y dolores en piernas y brazos le pedían
reposo, pero la necesidad de tener un salario siempre fue mayor. Luego de meses
enteros de hacer trámites y más trámites obtuvo su retiro. Hoy vive con su
esposa de la misma edad, con 2 mil 400 pesos mensuales.
Del otro
lado de la mesa está el Senador Javier
Lozano Alarcón, quien antes de ocupar ese puesto fue el titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la administración de Felipe
Calderón. En ese puesto creó y dejó como herencia a los mexicanos la Reforma
Laboral.
A diferencia
de Roberto, el Senador Lozano Alarcón
tendrá poca preocupación cuando se retire, ya que entre las 21 prestaciones que
goza por derecho [seguro de separación, seguro colectivo de retiro, además hace aportaciones a su seguridad social,
tiene un pago por riesgos, potenció su seguro de vida, tiene algo que se llama
“ahorro solidario”] y con todas las facilidades que se le otorgan –como primas
vacacionales, celular, ayuda para despensa, prima quinquenal, apoyo económico
para comprarse un auto–, puede gozar de su salario íntegro de 2 millones 796
mil 810 pesos y puede ahorrar; entonces la pensión parece un asunto
solucionado.
Así, la realidad del señor Roberto y
la del Senador Lozano, son drásticamente diferentes. Será lo mismo si se
compara la de un joven de 25 años que no sabrá nunca qué es recibir utilidades
porque está contratado por outsourcing, frente a la del presidente Enrique Peña Nieto, quien puede presumir su seguro
institucional por 8.2 millones de pesos o los 5 mil pesos que se le dan para
cubrir sus gastos de alimentación.
En
entrevista con SinEmbargo, Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del ámbito
laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), describe que el tema de las prestaciones
sociales hace un contraste de negro a blanco si se habla de la clase
gubernamental y la trabajadora. En
la primera hay un paraíso laboral con una lista en la que está asegurada la
salud, el bienestar y el futuro. En la segunda sólo hay incertidumbre,
iniquidad y más pobreza.
Observador
del desempeño de los sindicatos mexicanos y la política laboral, Bouzas Ortiz
expone que después de la Reforma Laboral promulgada en 2012, “los trabajadores afiliados al IMSS están
con un salario mínimo, lo que repercutirá en una jubilación mínima, en tanto
que los del ISSSTE tienen un tope de 20 salarios mínimos. No hubo defensa. Los
trabajadores tuvieron que aceptar que se les diera de alta con un salario muy
diferente a lo que perciben, y los del Estado burocrático con un tope”.
Pero esa situación –según Bouzas–
afecta sólo a los trabajadores. Los Gobernantes quedaron protegidos y lejanos a
las circunstancias en las que quedaron millones de trabajadores.
“Fue un cambio histórico [la Reforma
Laboral] que dio al traste con batallas emblemáticas y cuyos resultados óptimos
aún parecen estar lejanos”, plantea el investigador.
Por su
parte, José Manuel Cervantes Bravo, académico de la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Aragón de la UNAM, explica
que, aunque estas diferencias rayan ya en los terrenos de la injusticia, la
inequidad está dentro del marco de la Ley, ya que mientras la Constitución
establece derechos mínimos, se quedan mínimos para los trabajadores porque es
lo que se logra negociar con la figura patronal.
Pero por el otro lado, los
funcionarios se encargan de asignarse a ellos mismos sus salarios y sus
prestaciones; no las negocian con nadie y, además, deciden ponerse bonos. Explicó que las mínimas prestaciones
han sido las de siempre, desde la Ley de 1931, desde la reforma de 1970 y la
Ley que se hizo con el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y son prestaciones
a las que la mayoría de los mexicanos está acostumbrado de manera muy natural:
aguinaldo y vacaciones.
“Los
funcionarios pueden justificar sus prestaciones legalmente al decir que la
Constitución establece mínimos y que todo hacia arriba es legal, ¿pero un
trabajador qué puede lograr? Un bono de puntualidad, uno de asistencia, pero no
más. Ellos, por el contrario, tienen
hasta prestaciones por eficiencia en el trabajo, ¿quién decide si se lo ganan o
no? Para ellos no hay un sistema de medición: todos ellos trabajan, todos son
chambeadores, son productivos y son un bien para la Nación”, comentó.
En uno de
sus ensayos, el doctor Arturo Fernández Arras, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, expuso que los derechos laborales no se reducen a una simple
obligación del estado, sino que también involucran a los particulares. Desde su
perspectiva, son los derechos laborales los que regulan la actividad privada
entre patrón y trabajadores por la desigualdad que esa relación guarda al
interior.
En esa
relación, el Estado interviene con una regulación, aunque en teoría, su
carácter tutelar es en favor de los trabajadores y como ejemplo está el acceso
a los servicios de salud, los derechos a huelga y la libertad sindical.
El Derecho Laboral apareció en la
Constitución de 1917 con el Artículo 123. Para Fernández Arras, ese fue el
“reconocimiento histórico de las reivindicaciones sociales y del compromiso del
Estado con los trabajadores”.
El
investigador ubica los derechos laborales de “los obreros” como uno de los
resultados de la Revolución Mexicana y entre los personajes pioneros de eso
menciona a los generales Francisco J. Mújica Velázquez y Esteban Baca Calderón,
líder de la Huelga de Cananea [que detonó el 1 de junio de 1906, en una mina de
cobre de Cananea, Sonora], así como a los constituyentes que “protagonizaron el
debate más importante en la historia del derecho laboral mexicano”.
El investigador concluye que en la
elaboración de las leyes es notorio que quienes las impulsan, no se muestran
interesados por los trabajadores, no tienen una visión de futuro y que no hay
conciencia de las necesidades de los interesados “quienes con su trabajo son
generadores de riqueza”.
Seguros por riesgo de trabajo, de
separación, de gastos médicos mayores, 20 días de vacaciones, gratificación de
fin de año, prima quinquenal, ayuda para despensa, pagos por gastos de
alimentación, becas del 100 por ciento para sus hijos en preparatorias y
universidades, asistencia legal, asignación de vehículo o apoyo para comprar
uno, seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Esas son algunas de las
prestaciones que gozan el presidente, su gabinete, los senadores y los
diputados.
LA CLASE
POLÍTICA Y SUS PRESTACIONES.
Presidente
Enrique Peña Nieto.
Número de prestaciones: 19 (6
seguros, 10 apoyos y 3 ahorros)
De entre sus prestaciones, el presidente
goza de un seguro institucional por 8.2 millones de pesos, ayuda para despensa
de entre 465 y 785 pesos mensuales y además, gastos de alimentación de hasta 5
mil pesos mensuales.
Miguel Ángel
Osorio Chong.
Número de prestaciones: 15 (6
seguros, 7 apoyos y 2 ahorros)
El Secretario de Gobernación durante
estos cinco años ha gozado de una gratificación de fin de año por más de 200
mil pesos, un “apoyo” para vehículo de 11 mil 460 pesos al mes y de 10 mil
pesos, también mensuales para su celular.
Luis
Videgaray Caso.
Número de Prestaciones: 12 (5
seguros, 5 apoyos y 2 ahorros)
Ahora en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Videgaray goza a cambio de sus labores, de un seguro de gastos
médicos por más de 26 mil pesos, además de sus cotizaciones mensuales de entre
mil 640 y 2 mil pesos en Fovissste e Infonavit.
No se sabe si luego de salir de la
Secretaría de Hacienda cobró su seguro de separación.
Salvador
Cienfuegos Zepeda.
Número de prestaciones: 13 (4
seguros, 8 apoyos y 1 ahorro)
A cargo de la Secretaría de la Defensa
Nacional, el general Cienfuegos tiene beneficios como becas del 100 por ciento
en pagos de colegiaturas para sus hijos a nivel Medio Superior y Superior,
además de su seguro de vida militar por 1.3 millones de pesos.
Vidal
Francisco Soberón Sanz.
Número de prestaciones: 14
prestaciones (4 seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)
En la Secretaría de Marina, el
general goza de un fondo de ahorro militar de por al menos mil 968 pesos, una
gratificación de fin de año de 200 mil pesos y una prima de antigüedad de 3 mil
281 pesos en adelante.
José Antonio
Meade Kuribreña.
Número de prestaciones: 16 (6
seguros, 8 apoyos, 2 prestaciones)
El ahora precandidato del PRI a la
Presidencia y quien hasta el pasado lunes ocupó la titularidad de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, gozaba al frente de esa dependencia federal de
un seguro colectivo de retiro de entre 12 mil 500 y 25 mil pesos, un seguro de
riesgos de trabajo por un máximo de 61 mil 536 pesos mensuales, además de
asistencia legal.
Luis Enrique
Miranda Nava.
Número de prestaciones: 14 (6
seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)
El que se definió como operador
político del presidente en la Secretaría de Desarrollo Social, tiene por ley un
seguro institucional por 8.2 millones de pesos, cobertura ISSSTE/IMSS de ente
20 y 26 mil pesos y tiene derecho a una prima de antigüedad de entre mil 200 y
2 mil 700 pesos anuales, a pesar de que entró al gabinete en 2016.
Rafael
Pacchiano Alamán.
Número de prestaciones: 13 (5
seguros, 5 apoyos y 3 ahorros)
El titular de la Semarnat cuenta con
un ahorro solidario de 815 pesos mensuales, pago de estancias infantiles al
ISSSTE de entre 450 y 900 pesos mensuales y una gratificación de fin de año por
más de 200 mil pesos.
Pedro
Joaquín Coldwell.
Número de prestaciones: 18 (8
seguros, 7 apoyos y 3 ahorros)
El titular de la Secretaría de
Energía tiene derecho a asistencia legal, apoyo para vehículo de 11 mil 460
pesos, prima vacacional de al menos 11 mil pesos y un seguro de cesantía en
edad avanzada y vejez por máximo 400 pesos al mes.
Ildefonso
Guajardo Villarreal.
Número de prestaciones: 14
prestaciones (6 seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)
Al frente de la Secretaría de
Economía, Guajardo tiene derecho a un seguro colectivo de retiro de entre 12
mil 500 y 25 mil pesos y una ayuda para despensa de entre 465 y 785 pesos
mensuales.
José Calzada
Rovirosa.
Número de prestaciones: 12 (5
seguros, 5 apoyos y 2 ahorros)
El ex gobernador de Querétaro, que
ocupa ahora la oficina principal de Semarnat, tiene un seguro institucional por
8.2 millones de pesos y una prima quinquenal de 100 a 225 pesos mensuales.
Gerardo Ruiz
Esparza.
Número de prestaciones: 19 (7
seguros, 8 apoyos y 4 ahorros)
El titular de Comunicaciones y
Transportes es uno de los hombres más cercanos al presidente desde que gobernó
el Estado de México y además, uno de los que más prestaciones goza. Sobresalen
su préstamo ISSSTE COMPLEMENTARIO, de entre 820 mil 488 pesos y 1 millón 230
mil 732 pesos, un seguro de responsabilidad civil por al menos 2.5 millones de
pesos y aportaciones “2A, 2B, 4A, 4B Y 4C” por 3 mil 486 pesos mensuales con
límite máximo de 24 mil 012 pesos al mes. No se sabe a qué correspondan esas
claves.
Arely Gómez
González.
Número de prestaciones: 14 (5
seguros, 7 apoyos y 2 ahorros)
A frente de la Secretaría de la
Función Pública, Gómez Gonzáles tiene un seguro colectivo de retiro de entre 12
mil 500 pesos y 25 mil pesos, hace aportaciones al Sistema de Ahorro para el
Retiro por máximo 800 pesos al mes además, tiene una ayuda para despensa de entre
465 y 785 pesos mensuales.
Aurelio Nuño
Mayer.
Número de prestaciones: 18 (6
seguros, 10 apoyos, 2 ahorros)
El Secretario de Educación tiene una
prestación llamada Estímulos y Recompensas por Años de Servicios (Premio SEP de
entre 29 mil 775 y 70 mil 832 pesos), asignación o apoyo para vehículo de 11
mil 460 pesos al mes y una paga de defunción de aproximadamente 800 mil pesos.
José Ramón
Narro Robles.
Número de prestaciones: Cero
En el Portal de Obligaciones de
Transparencia, en todas las prestaciones Narro Robles tiene “No Aplica”.
Alfonso
Navarrete Prida.
Número de prestaciones: 13 (5
seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)
Al frente de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y además de los 70 millones de pesos que ha ganado
desde que ocupa ese puesto, Navarrete tiene por derecho una prima de antigüedad
de entre mil 200 pesos y 2 mil 700 pesos, un seguro de separación individualizado
de entre 4 y 20 mil pesos y un seguro institucional por 8.2 millones de pesos.
Rosario
Robles Berlanga.
Número de prestaciones: 15 (5
seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)
Robles Berlanga, como titular de la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, tiene asistencia legal,
asignación o apoyo para vehículo de 11 mil 460 pesos mensuales y gratificación
de fin de año por más de 200 mil pesos.
Enrique de
la Madrid Cordero.
Número de prestaciones: 16 (5
seguros, 9 apoyos, 2 ahorros)
El encargado de la Secretaría de Turismo
tiene un seguro colectivo de retiro de hasta 25 mil pesos y seguro de gastos
médicos por más de 26 mil pesos. Además de pago de estancias infantiles por 450
y 900 pesos mensuales y derecho a préstamos a corto y mediano plazo, así como
préstamos hipotecarios.
María
Cristina García Cepeda.
Número de prestaciones: 15 (5
seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)
A pesar de que se incorporó el 4 de
enero de 2017 en la Secretaría de Cultura, Maraki tiene ya derecho a un seguro
institucional por 8.2 millones de pesos, prima vacacional de, por lo menos, 11
mil pesos y aguinaldo de 200 mil pesos.
500
diputados.
Número de prestaciones: 19 (6
seguros, 12 apoyos y 1 ahorro)
Los apoyos de los diputados van desde
los seguros de vida, por riesgo, tienen compensación garantizada, ayuda para
despensa, dieta mensual, algo que se llama “atención ciudadana” y ahorro
solidario.
128
senadores.
Número de prestaciones: 21 (6
seguros, 11 apoyos, 4 ahorros)
Los derechos que les corresponden van
desde un pago por riesgo, primas vacacionales, equipo de telefonía celular,
aguinaldo y gratificación de fin de año, ayuda para despensa y “otras
prestaciones de fin de año”.
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