Durante los primeros cinco años del
gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de niños y adolescentes desaparecidos
ha sido tres veces más alto que la cifra registrada en todo el sexenio pasado:
de mil 584 casos reportados entre 2006 y 2012 se pasó 4 mil 394 de 2013 a julio
de este año.
De acuerdo
con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), el peor de esos cinco años fue 2016 con mil
431 desapariciones. La entidad donde han ocurrido más casos es el Estado de
México.
El Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 33 mil 482 personas
registradas como desaparecidas en México desde 1979 y hasta julio de 2017, de
los cuales 6 mil 079 son niños y adolescentes, lo que representa el 18.2% del
total de desapariciones. De esa última cifra, el 70% ocurrió durante la
presente administración, y la diferencia con las anteriores es dramática:
durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) hubo 23 y en el de Felipe
Calderón (2007-2012) hubo mil 584; mientras que a un año y medio de que
concluya la gestión del priista Enrique Peña (julio 2017), se habían reportado
4 mil 394 desapariciones.
El año 2016 fue históricamente el más
grave en materia de desaparición de menores con mil 431 casos reportados, casi
una cuarta parte (23.5%) del total que registra el RNPED, y en 2017 las
desapariciones de población de 0 a 17 años suman ya 812 casos, denuncia la Red
en el informe ‘La infancia Cuenta 2017’ que presenta este jueves. Para el grupo
de organizaciones defensoras de la infancia se trata ya una “epidemia”, al ser
una situación que el Estado no ha tenido la capacidad de reconocer ni de dar
respuesta apropiada.
El Estado de México es la entidad con
el mayor número de niños y adolescentes desaparecidos en el país: hasta julio
de 2017 se registraron mil 498 casos. “El Estado de México representa el reino
de la impunidad de este país. Claramente muestra cómo el crimen organizado
puede capturar al Estado. Puede mostrar cómo la vida de las personas,
literalmente, no vale nada”, dijo a Animal Político el director de Redim, Juan Martín
Pérez.
Aunque el Edomex es la entidad más
poblada del país, no se puede atribuir a este factor el gran número de
desapariciones, ya que al calcular la tasa por cada 100 mil habitantes de entre
0 y 17 años, sigue encabezando la lista: 10.4 por cada 100 mil sólo en 2016,
seguido de su vecino Puebla con 9.6, así como de Sinaloa y Colima, ambos con
9.1, de acuerdo con
los cálculos de Redim.
Sin embargo,
la Red advierte que estos números son
sólo una aproximación al problema, ya que la cifra negra (casos que no se
denuncian) en delitos cometidos contra niños llegó hasta 93.6% en 2016. Las
organizaciones atribuyen esta crisis a varias causas que se acentúan en un
contexto de impunidad, “donde aun cuando se denuncia no pasa nada, donde hay
omisión de las autoridades como forma intencionada de inhibir la denuncia, y
donde no se considera a los niños como responsabilidad del Estado, sino de sus
familias”, refiere Juan Martín Pérez.
No más
‘intocables’
El director
de Redim indica que no hay evidencia de
que esta ola de desapariciones de menores de edad tenga algo que ver con ellos,
directamente; sino que es un “triste” síntoma de la gravedad de la crisis de
seguridad que vive todo México. “Hay una ruptura terrible en 2011 en el marco
de la lucha contra el narco, cuando se empezaron a fragmentar los grupos
criminales rompieron sus códigos de relación: eso significaba no tocar a las
familias y eso se rompió. Empezó a haber muchos homicidios de niños que iban
con sus padres, para dar la lección de cobrar la vida de los seres queridos”,
explica Pérez.
De acuerdo
con el Instituto de Estadística (Inegi), en 2015 se registraron 20 mil 762
homicidios en México, de los cuales 5%
(mil 057) corresponde a población de 17 años o menos. La tasa de mortalidad por esta causa en 2015 fue de 2.6 homicidios por
cada 100 mil niñas, niños y adolescentes. “En Guerrero documentamos venganzas en las que entregaban cuerpos
mutilados de niñas y niños. Ya no hay límite en respetar la vida de niños,
personas mayores, mujeres”, lamenta el activista y recuerda el caso de la
familia ejecutada en septiembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde
fueron asesinados un padre y sus hijos, uno de ellos de 16 años. Sus cuerpos
aparecieron juntos con el tiro de gracia en un lote de ese municipio.
La guerra contra el narcotráfico ha
impactado a los menores no sólo por los homicidios y desapariciones, advierte
el informe de Redim, también por el reclutamiento forzado de niños y
adolescentes en los grupos delictivos; la orfandad y el desplazamiento forzado.
Otra de las causas del aumento en las
desapariciones es la trata de personas, flagelo que explica por qué la mayoría
de los menores ausentes son de sexo femenino: de acuerdo con el reporte, seis
de cada 10 casos son de niñas y adolescentes mujeres. “Este incremento está
claramente asociado con una nueva vertiente de negocio criminal en la trata con
fines de explotación sexual. Se dan cuenta de la vulnerabilidad de las mujeres
adolescentes y los altos índices de impunidad”, indica Juan Martín Pérez.
Viajan solos.
La desaparición de menores también
ocurre con frecuencia en el contexto de la migración ilegal, particularmente
cuando los niños viajan solos para encontrarse con sus padres en Estados
Unidos. “Esto presupone una alta situación de riesgo para niñas, niños y
adolescentes, quienes en muchas ocasiones son violentados durante los
trayectos, abandonados o utilizados dentro de actividades delictivas”, indica el informe de Redim. “Lamentablemente, las niñas, niños y
adolescentes no acompañados se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad frente a esta clase de delitos”.
El fenómeno
de los menores que migran solos ha crecido exponencialmente en los últimos tres
años, según diversos estudios de organizaciones internacionales como Naciones
Unidas y Human Rights Watch. La postura
de México frente a este problema, como país de tránsito, ha sido deportar a más
del 85% de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de Centroamérica,
que huyen de la violencia en sus países. Al intentar evitar su deportación, los
menores quedan a merced de los grupos criminales que prometen ayudarlos a
cambio de dinero.
Adopciones
ilegales.
Una de las situaciones más graves que
Redim ha identificado en los últimos años respecto a la desaparición de niños y
adolescentes es su sustracción desde instituciones de cuidado –albergues y
centros de reintegración- para entregarlos en adopciones ilegales, como fue el
caso Casitas del Sur en 2008, cuando un grupo criminal vinculado a una secta
“creó albergues para llevarse a los niños a otros países y algunos fueron
entregados en adopción irregular a familias de la secta en el país, sin que
hasta el momento haya autoridades sancionadas por estos hechos, mientras siguen
desaparecidos la mayor parte de los chicos”, recuerda el director de la Red.
Pérez explica que el Estado mexicano
no tiene albergues propios, sino que los 700 centros que dan refugio a 30 mil
niños en el país son gestionados en instituciones privadas. Además, los anexos centros de tratamiento para adicciones en adolescentes se
han convertido en blanco de ataques de la delincuencia, que los usa como
espacios de reclutamiento.
Respuesta
insuficiente.
El informe
2017 de la Red por los Derechos de la Infancia advierte que la epidemia de desapariciones no disminuirá mientras el
Estado no implemente mecanismos efectivos de búsqueda, ya que hasta ahora
cuenta con herramientas insuficientes como la alerta Amber, que resulta inútil
si los ministerios públicos retrasan las búsquedas bajo el pretexto de que él o
la menor podrían haberse escapado. “Hay retardo en el inicio de las
diligencias de investigación por parte de las autoridades ministeriales, así
como el paradigma tutelar que aún impera en las autoridades de procuración de
justicia que estigmatizan a las víctimas, especialmente cuando éstas son
personas adolescentes, pues esta estigmatización limita las líneas de
investigación”, refiere el texto.
Juan Martín
Pérez propone dos herramientas
iniciales: anular la investigación oficiosa e implementar una alerta similar a
la de feminicidios en municipios con altos índices de violencia y desaparición
de menores. “Se tiene que desatar la búsqueda sólo con el aviso. Un niño que no
está con sus tutores está desaparecido y en riesgo, no extraviado. Este principio ayudará a que la autoridad
actúe de forma inmediata. Si buscamos es porque no están, claro que puede pasar
que los adolescentes se enojen y se vayan de su casa, pero al buscarlos por
defecto no se pone en riesgo su vida”, advierte el director de Redim.
Además de
crear mapas dinámicos para ubicar patrones regionales que pudieran anunciar un
foco rojo, es necesario cruzar los datos de niños en albergues, ya que
actualmente no existen directorios oficiales, según Juan Martín Pérez. También
se requiere cruzar las bases de datos de los servicios forenses estatales, ya
que muchas de las desapariciones podrían encontrar respuesta allí. “Lo
importante es entender que es un tema grave que requiere respuesta institucional
articulada, es un delito vivo, latente, son niños que mientras tanto pueden
estar siendo víctimas de otros delitos”, concluye.
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