Adela
Navarro Bello.
Aún le falta un año de gobierno a
Enrique Peña Nieto, y el pendiente más grande sigue siendo el combate a la
corrupción, así como el combate a la impunidad, sin dejar de lado la lucha
contra la pobreza, y el desarrollo social del País.
Entregadas
prácticamente las riendas el 27 de noviembre de 2017 cuando al parecer, solo,
Enrique Peña Nieto, designó a su ex Secretario de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio Meade Kuribreña, para el presidente inicia su proceso de salida, y
para su aspirante, la ilusión de quien lo sucederá.
Pocas cosas suceden en la
administración pública una vez designado el candidato del partido en el poder.
Los grupos políticos al interior del partido, por ejemplo, responden más a
quien creen será el próximo presidente, y en menor medida comprometen su futuro
en decisiones actuales, a menos claro que, como podría ser el caso, haya un
acuerdo de continuismo. Que el que aún ostenta el poder esté comprometido a fundar las bases
para el proyecto de quien cree lo sucederá, a cambio obvio de la continuidad de
las políticas y el respeto del estatus legal de quien será el ex.
Obviamente
nada está asegurado, la elección será en junio del 2018 y entonces se definirá
quien será el próximo presidente de México. En el inter, los priístas creen que
será de sus líneas el sucesor (Meade ya
dejó claro que el priísta que llevaba dentro ha aflorado y estaba muy bien
capacitado en las lides tricolores, su trifecta partidista, Los Pinos, CTM,
CNOP, le salió mejor que al más rancio de los rojos), sin reconocer que la
actual Presidencia de la República en manos de un priista, le queda a deber a
México honestidad, seguridad, transparencia y desarrollo.
En efecto, los grandes pendientes para Enrique Peña
Nieto antes que entregue el poder a quien sea que vaya a sucederlo, son
disminuir la pobreza, encarcelar a los funcionarios corruptos, detener a los
grandes capos de las mafias de las drogas y el crimen organizado, provocar el
crecimiento económico de las clases sociales en el País, y la seguridad social.
Tan son un
pendiente de este gobierno federal en el ocaso, que el aspirante a la
candidatura del PRI, José Antonio Meade, así lo reveló en su primer discurso,
todavía con las siglas de la SHCP, cuando aceptó que su intención es encausar a México (obviando que no lo está), con sus
primeras promesas sin el cómo, particularmente siete puntos: “Convertir a
México en una potencia”, “un país donde las familias tengan siempre comida en
la mesa”, “seguridad en las calles”, “derecho a la salud”, “educación de
calidad”, “un país justo en el que se cumpla la Ley”, “que los sueños y los
anhelos de los mexicanos encuentren oportunidades para hacerlos realidad”.
Es un hecho pues, que siendo esos los
ejes de una incipiente campaña, son resultado de las carencias que se observan
en un País como México donde de acuerdo al CONEVAL, el 53.4 millones de
mexicanos viven en la pobreza, y la economía de México, de acuerdo a los
pronósticos del Fondo Monetario Internacional, caerá una posición en 2017, del
lugar 15 al 16, lo cual -insisten- no había sucedido en 20 años, luego que a
inicios de los 2000, México se situara en la posición número 9 de las 10
mejores economías del mundo.
En materia de inseguridad, nunca se
habían detectado tantos cárteles de la droga como ahora. De combatir siete organizaciones
criminales, en este sexenio y así lo daría a conocer Jesús Murillo Karam, el
primer Procurador de la actual administración, se contabilizaron más de 80
estructuras criminales, escisiones de los cárteles como el de Sinaloa, el
Arellano Félix, el del Golfo, el del Milenio, que encontraron en la corrupción
policíaca y la impunidad en la procuración de justicia, el caldo de cultivo
para crecer, hasta llevar a la República Mexicana a niveles de violencia nunca
antes vistos en la misma materia. Al
quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la suma de ejecutados en el País
rebasaba los 104 mil asesinatos.
En el mismo tenor, viviendo de la
captura y re captura de Joaquín Guzmán Loera, al Gobierno de Enrique Peña Nieto
le falta aprehender al líder máximo del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo”
Zambada García, también a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, dirigente del
cártel más violento de los últimos años, el de Jalisco Nueva Generación; esos
dos por mencionar a los más buscados.
El combate a
la corrupción, otro de los pendientes de Peña Nieto, atraviesa su peor etapa en
el México moderno, en el que los pasos avanzados han sido por la promoción de
la sociedad civil, al no contar aun cuando las leyes han sido reformadas, con tres
fiscales de suma importancia para ello. Debido a las estrategias políticas del
partido en el poder, el PRI de Enrique
Peña Nieto y ahora de Meade, en el Poder Legislativo se han negado a establecer
bases claras, transparentes y una conformación autónoma para la elección del
Fiscal General de la Nación (hoy día, de hecho ni Procurador General de la
República hay, al haber un encargado de despacho), al Fiscal Anticorrupción, y
recientemente, gracias a las presiones desde la Presidencia de la República, quedó
sin titular la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos
electorales, cuyo ex titular investigaba un caso que ahora en la PGR ha quedado
en el olvido o en el congelador, el de los sobornos de Odebrecht cuyos
ejecutivos de la compañía señalaron como quien recibió dinero ilícito a uno de
los íntimos ex colaboradores del Presidente, Emilio Lozoya Austin.
Caso que nos lleva a recordar todos
aquellos actos de corrupción ligados al círculo presidencial o definitivamente
al PRI que hoy abraza Meade, y que permanecen en la impunidad, como la adquisición de la Casa
Blanca, develada por el equipo de Carmen Aristegui, la estafa maestra en la que
Secretarías de Estado y Universidad desviaron más de 7 mil millones de pesos,
dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los sobornos
de Odebrecht, investigación realizada por periodistas de Quinto Lab, las deudas
multimillonarias dejadas en Estados como el de Coahuila y Veracruz, por todos
conocidas, la obra excedida en presupuesto de la SCT conocida como El Paso
Exprés, la convocatoria para el tren rápido, y un número mayor de casos de
corrupción registrados en medios, organizaciones de la sociedad civil y
periodistas internacionales, pero que para el Gobierno de Enrique Peña Nieto son
cosa olvidada.
José Antonio
Meade presume ahora su paso por más de una decena de puestos en el Gobierno
Federal, entre ellos cinco Secretarías, siempre con un jefe arriba, nunca en un
gobierno autónomo, espacios desde los
cuales pudo abonar al combate a la corrupción, por ejemplo en la Secretaria de
Hacienda que tituló en dos ocasiones, pero que no fue capaz de perseguir a los
gobernadores que desviaron dinero y acrecentaron la deuda en sus estados cuando estaba en su facultad, o perseguir
el dinero ilícito de los narcotraficantes que sostiene a la criminalidad
organizada. Tampoco combatió la
pobreza en la Secretaria de Desarrollo Social, y mientras en un sexenio apoyó
el subsidio a la gasolina en otro encabezó los gasolinazos que restaron y
restan competitividad a los mexicanos.
La realidad es que Meade, quien no ha
sido claro ni directo en su declaración patrimonial al no hacerla pública por
completo, tiene alma de priista, actitud de priista, conducta de priista, y es
candidato del PRI, y eso en el sueño priista y peñista de conservar la
Presidencia de la República, solo significa una cosa: APOSTAR A LA CONTINUIDAD
DE LA CORRUPCIÓN.
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