#SeguridadSinGuerra (va de nuevo)

Javier Risco.

En los últimos tres años hemos sabido de entre 21 y 24 personas ejecutadas extrajudicialmente, cuya evidencia apunta a la presunta participación del Ejército en ellas: entre 12 y 15 muertos en Tlatlaya, en Edomex, un niño muerto durante un operativo del Ejército y las fuerzas federales en Ostula, Michoacán, siete jóvenes asesinados luego de que el Ejército se los llevara, en Calera, Zacatecas y uno más muerto a manos de un soldado en Palmarito Tochapan, en Puebla. Mínimo 21 víctimas y ningún militar ni mando encarcelado. En la última década las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares pasaron de 190 por año a mil 75 los años subsecuentes al 2006.

Mañana, en medio de la parálisis legislativa que existe en el país en temas como el nombramiento del fiscal general y el fiscal anticorrupción, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados planea discutir una de las tres iniciativas que existen para generar una Ley de Seguridad Interior. Una iniciativa promovida por el PRI, en voz de César Camacho y Martha Tamayo, que pretende la militarización del país. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué sin escuchar a los ciudadanos?

Con miras en esta discusión de la que se ha hablado a lo largo de este año, en el espacio televisivo de El Financiero Bloomberg tuve la oportunidad de entrevistar a dos integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, Santiago Aguirre y Alfredo Lecona, quienes no pretenden denostar a los militares, sino discutir por qué es fundamental que cualquier regulación se haga siempre en términos del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Este colectivo, formado por decenas de especialistas y asociaciones, ha advertido sobre la peligrosidad de convertir en ley la presencia del Ejército en las calles haciendo funciones de seguridad pública, con los antecedentes de violaciones a los derechos humanos, como los que ejemplificamos al inicio de esta columna.

“Es una ley que pretende darle el marco jurídico que el Ejército y la Marina han exigido, y lo hace de una manera deficiente porque no les genera controles, no mejora la rendición de cuentas, no mejora la transparencia y genera un diseño en el que se van a propiciar más violaciones a los derechos humanos y sin duda más violencia”, explica Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez.

Y es que de acuerdo con el análisis que ha hecho el colectivo con especialistas como Ernesto López Portillo, experto en temas de seguridad, tanto la iniciativa que ha promovido Roberto Gil Zuarth, del PAN, en el Senado, como la que promueven los priistas en la Cámara de Diputados, coinciden en 5 puntos que ponen en riesgo la seguridad jurídica y la garantía de respeto a los derechos humanos.

Se trata de iniciativas que legalizan la intervención militar en tareas que corresponden a los civiles, es crear un marco de operación militar sin que tengan que rendirle cuentas a nadie, favoreciendo la impunidad, es el empoderamiento de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo Federal y debilitar opciones como la vigilancia de estas tareas o los contrapesos legislativos.

Esto sin contar con la inconstitucionalidad que implica que el Congreso legisle en temas de seguridad interior.

“Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los derechos humanos en México, de la CNDH, han ido en el sentido de un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas y nosotros estamos muy conscientes de que es imposible que de un día para otro haya una retirada, antes que eso pase se tiene que construir y fortalecer las policías y eso no se logra de ninguna forma con la emisión de ninguna ley”, aclaró Alfredo Lecona, defensor de derechos humanos.

Y es que no se trata de una satanización de las Fuerzas Armadas, sino de generar un marco normativo que empiece por un análisis de las políticas de seguridad pública que han llevado al descontrol de la violencia en el país y generar políticas públicas que mejoren los cuerpos policiacos, su capacitación y que se fortalezcan los procedimientos de impartición de justicia.

Una vez más, los diputados que quieren continuar en el poder, que nos pedirán seguir confiando en ellos en las urnas en el 2018, tienen la oportunidad de la apertura ciudadana y de especialistas que ayuden a construir leyes que antepongan algo que en México ha sido una y otra vez vulnerado: los derechos humanos más elementales.

¿Es mucho pedir?