En el sexenio del priista Javier
Duarte de Ochoa se agasajó a la prensa de Veracruz y nacional con una partida
presupuestal global de 13 mil nueve millones de pesos en 72 meses de gobierno,
en donde TV Azteca fue la más beneficiada con una asignación de mil 231
millones 940 mil pesos; luego Televisa, con 580 millones, y El Universal, con
125 millones 164 mil pesos.
Otros medios
locales de Veracruz también fueron favorecidos con contratos millonarios.
Elías Assad
Danini, coordinador general de Comunicación Social, lamentó que con esos gastos de difusión el gobierno de Duarte “compró
consciencias”, “amordazó” a periodistas libres que “fueron bloqueados o
despedidos por sus medios de comunicación” y trató de maquillar la ola de
corrupción y de desfalcos millonarios que pululó en su gobierno.
A través del
departamento jurídico –dijo Assad- su
oficina ya interpuso las denuncias correspondientes por un desvió de recursos
por 2 mil 481 millones de pesos, tan solo alusivo al daño patrimonial de la
Cuenta Pública 2016, radicado en las carpetas de investigación 35/2017 y
36/2017 de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Assad
sostuvo que, con los 13 mil millones de pesos, el gobierno de Duarte pudo haber construido y equipado más de dos mil
escuelas; edificar 25 hospitales o en el imaginario político, poder construir
una autopista de altas especificaciones que abarcará desde Panuco hasta
Acayucan.
El
funcionario yunista exhibió que a la
editorial Sánchez Macías –cuyos dueños son familiares directos de Karime
Macías, esposa de Duarte- y que imprime El Heraldo de Coatzacoalcos y El
Heraldo de Xalapa se les asignaron convenios por 209 millones; mientras que a
Radio Capital, cuya dueña es Gina Domínguez –hoy presa en el penal de Pacho
Viejo por enriquecimiento ilícito- se le asignaron 36 millones 143 mil 880
pesos, y al periódico El Águila –propiedad también de Domínguez y cuya
circulación solo duro dos años- se le etiquetaron 32 millones 455 mil, 513
pesos.
Elías Assad
señaló que, en el manejo irresponsable
de los recursos, se comprometió la línea editorial otorgando “de palabra”
convenios publicitarios, que en realidad se volvían tratos editoriales a modo,
como el dado a El Dictamen por 148 millones 256 mil 60 pesos; mientras que al
grupo Imagen de Veracruz –cuyo dueño es Pablo Robles que hoy incursiona en
Morena, donde busca una diputación federal- se le entregaron 148 millones por
favores publicitarios.
Assad destacó la asignación al particular Othón
González a quien el gobierno de Duarte le entregó 210 millones de pesos a lo
largo de todo el sexenio por concepto de difusión, los cuales González justificó en el periódico digital El Golfo
(www.elgolfo.info), hoy ya inexistente. González fue eterno asesor en medios de comunicación del propio Duarte
y del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge.
La empresa Publex, proveedora de
espectaculares, también fue beneficiada con 163 millones de pesos por la
contratación de sus servicios, los cuales fueron pagados desde la oficina de
prensa.
Está asignación irracional de
recursos para medios involucra además de a Gina Domínguez, a Alberto Silva
–actual diputado federal priista con un juicio de procedencia encima- a Irma
Chesty y a Juan Octavio Pavón, gente del grupo cercano a Duarte.
Al
comparecer ante un pequeño grupo de diputados locales, Assad Danini dijo que,
en el modelo actual de comunicación social, el gobierno de Yunes sólo ha gastado –en un año- dos millones de pesos
en publicidad de redes sociales y un millón 500 mil pesos en inserciones,
comunicados y convocatorias en medios de comunicación tradicionales.
“Rompimos prácticas del pasado muy
reciente, con austeridad. Con este gobierno se acabaron las llamadas a las
redacciones para obligar a censurar una nota informativa, ni se exigen las
famosas ocho columnas para el gobernador. Tampoco se pide la censura mediática
hacia los que discrepan o cuestionan a la actual administración estatal”, dijo.
Assad
aseguró que hoy la oficina de prensa se rige con transparencia y rendición de
cuentas. Lo que omitió el vocero de
Yunes fue que reporteros locales y nacionales se han quejado porque vía
transparencia (Infomex) se les han negado los gastos en materia de prensa y la
asignación pasada y actual de contratos publicitarios; periodistas de Veracruz
también han criticado el trato preferencial de información y documentos para el
noticiario de Loret de Mola, en Televisa, al periódico Reforma o a los medios
locales Notiver y XEU.
Al
comparecer con los diputados locales, el
perredista José Kirsch reconoció que ya no se compran conciencias en los
medios, pero cuestionó que la austeridad no se ve reflejada, pues fustigó los
altos salarios a quienes integran el aparato de comunicación social del
gobernador Yunes Linares.
“El secretario particular del vocero
gana 50 mil pesos mensuales, hay camarógrafos y reporteros de esa oficina que
ganan más de 17 mil pesos netos”, lamentó Kirsch.
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