Por mayoría de votos, el pleno del
Congreso local aprobó el nombramiento de Paulino Jaimes Bernardino como
magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En noviembre
de 2014, tras ser considerado
“inelegible” porque ocupaba un cargo partidista, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyó a Jaimes Bernardino como
magistrado electoral en la entidad.
Tres años después de ese hecho, la
tarde de ayer los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN),
Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), avalaron la
designación del operador electoral priista, propuesto por el gobernador Héctor
Astudillo.
La
legisladora local por Morena, María de
Jesús Cisneros Martínez, fue la única que votó en contra del nombramiento de
Jaimes Bernardino, pues: “no voy a ser parte de la violación a la carrera
judicial, ni al pisoteo al Poder Legislativo que se usa con fines políticos
para agenciarse cargos en otro poder”.
En tribuna, Cisneros Martínez calificó como “inmoral y
jurídicamente reprobable” la nominación para beneficiar a un abogado que,
subrayó, se desempeña “como asesor en el Congreso”.
Se trata del “más evidente acuerdo
político para adjudicarse un magistrado en el Poder Judicial sólo por tener el
poder de la designación y la ratificación, pero supeditando la impartición de
justicia a intereses políticos y personales e insultando a la comunidad jurídica
estatal”, indicó la
legisladora de oposición.
Y remató: “Que quede claro, no sólo me opongo y voto
en contra, sino que denuncio la violación a la carrera judicial y a la división
de poderes en Guerrero”.
En
respuesta, el priista Héctor Vicario
Castrejón afirmó que el gobernador Astudillo no tiene la obligación de respetar
la carrera judicial para designar magistrados del Poder Judicial.
Ello a pesar de la que normativa
local establece entre los requisitos “un ejercicio profesional de 10 años y
carrera judicial”.
El diputado priista, recientemente
inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para ocupar cargos
públicos por presuntos actos de corrupción, criticó que Cisneros Martínez
denostara la dignidad de Jaimes Bernardino “sin sustento legal y probatorio” al
afirmar que no reúne los requisitos para el cargo.
El nuevo magistrado del Poder
Judicial, propuesto por el Ejecutivo estatal, se desempeña actualmente como
asesor –en materia electoral– de la presidenta de la Junta de Coordinación
Política de la LXI legislatura, la priista Flor Añorve Ocampo.
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