A una semana de que concluya el
gobierno de Rubén Moreira Valdés, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM) planteó como “tarea
pendiente” dar con el paradero de las más de mil 800 personas desaparecidas en
el estado e identificar los más de 500 cuerpos sin nombre en fosas comunes.
“Solo así podremos vencer la
impunidad, acercar la justicia y revertir este flagelo para así garantizar la
no repetición”, puntualizó
en un comunicado difundido este jueves.
Luego de señalar que iniciarán una
nueva etapa, en la que los avances en materia de política pública deben
mantenerse y superarse, los familiares de personas desparecidas precisaron que
para FUUNDEC-M la justicia “implica innegociablemente encontrar a las personas
desaparecidas y conocer la verdad”, para poner fin a la corrupción y la falta de justicia en
México.
Recordaron
que desde el 19 de diciembre de 2009 se organizaron para exigir la búsqueda
efectiva de sus seres queridos desaparecidos, verdad, justicia y no repetición.
Para las
familias de las víctimas, subrayaron, conocer la verdad va íntimamente ligado a
la justicia; conocer los orígenes del crimen aporta elementos para encontrar a
todas las personas desaparecidas y para implementar una política de Estado que
impida la repetición de estos graves crímenes de lesa humanidad.
“La justicia conlleva, en nuestro
entendimiento, encontrar a nuestros seres queridos, defender y reivindicar sus
derechos arrebatados, el castigo a los culpables y la reconstrucción del tejido
social”.
De acuerdo
con el comunicado, a partir de 2012, en acuerdo con el gobernador Rubén Moreira
Valdés, la organización logró instalar un modelo de diálogo e interlocución,
siguiendo una agenda integral con enfoque de derechos humanos “y con el valioso
aporte del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT)”, lo que facilitó la construcción de
acuerdos para incidir en la política pública estatal en materia de
desapariciones.
Entre los
avances importantes destacó la tipificación de la desaparición como un delito
autónomo, que sentó un precedente nacional en el reconocimiento del delito en
el estado de Coahuila, y la reforma constitucional para prohibir la
desaparición en Coahuila, además de la implementación del Programa Estatal de
Atención a Familias de Desaparecidos (Profade).
“El gran reto y tarea pendiente es
dar con el paradero de las más de mil 800 personas desaparecidas en Coahuila,
identificar los más de 500 cuerpo sin nombre en fosas comunes y los más de 20
mil fragmentos de restos humanos localizados en fosas clandestinas”, subrayó.
En ese
sentido, FUUNDEC-FUNDEM exhortó al nuevo
gobernador electo de Coahuila y al fiscal general a dar seguimiento al proceso
de diálogo y acuerdos emprendido con Moreira Valdés, priorizando la búsqueda
con vida de los desaparecidos y realizar “acciones innovadoras y contundentes”
para encontrar a todas las personas desaparecidas en la entidad, garantizando
la verdad, justicia y medidas de no repetición.
Asimismo, mantener el Grupo Autónomo de Trabajo como
principal mediador del diálogo entre familias y gobierno. Y, entre otros
puntos, que se realicen las investigaciones correspondientes contra quienes
cometieron estos atroces crímenes de lesa humanidad, y mantener la
participación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
la ONU y el Comité Internacional de Cruz Roja.
Exigió instrumentar de manera inmediata la
armonización de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por
particulares, así como la constitución de la Comisión Estatal de Búsqueda,
“retomando los importantes avances que ya generamos en Coahuila, garantizando
la participación de las organizaciones de familiares y organismos civiles de
derechos humanos”.
Finalmente,
la organización agradeció públicamente “el importante e invaluable aporte” de
los miembros del Grupo Autónomo de Trabajo, de la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, del Comité
Internacional de la Cruz Roja, de la Academia Interamericana de Derechos
Humanos de Coahuila, “y una especial mención nos merece” la compañera Dolores
Soto, quien de manera sabia, inteligente y generosa “ha acompañado este
proceso”.
También
agradeció al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios,
“quienes son nuestro principal apoyo, guía, nuestros catedráticos de los
derechos humanos, sensibles y solidarios compañeros de nuestro andar y en el
dolor, aguerridos inspiradores en nuestra incansable lucha, que han dado todo
por nuestra causa, sin preocuparse en las consecuencias que implica la
constante búsqueda de la verdad y la justicia”.
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