Pese a las denuncias de agrupaciones
de mujeres sobre el incremento de feminicidios en la Ciudad de México, la
secretaria de Gobierno local, Patricia Mercado, aseguró que no es necesario
declarar la Alerta por Violencia de Género (AVG).
“En la Ciudad de México la alerta de
género no es necesaria, esa es la posición del gobierno. Estamos por debajo de
la media nacional. La alerta no solamente se activa por la cantidad de
feminicidios, más bien por políticas. Frente a eso, estamos teniendo políticas
para enfrentar la violencia feminicida. Y de esas políticas, la ciudad tiene
muchas”, afirmó
quien se define a sí misma como feminista.
Luego, adelantó que el gobierno de Miguel Ángel
Mancera implementará un protocolo entre distintas dependencias para detectar
casos de mujeres posibles víctimas de violencia familiar y acoso para
protegerlas con medidas cautelares y, con ello, evitar que se sumen a las
cifras de feminicidios.
El pasado 10
de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) aceptó la solicitud de las
organizaciones Justicia Pro Persona AC, el Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria AC y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
para considerar la declaratoria de AVG en la capital del país.
Las solicitantes argumentaron que de
2013 a 2016 se cometieron 260 feminicidios en este territorio y aumentó la
desaparición de mujeres, presuntamente víctimas de trata de personas.
La
funcionaria explicó que el sistema
funcionará para detectar a mujeres que se presenten a agencias de ministerio
público, clínicas y hospitales o centros comunitarios una o varias ocasiones
acusando que sufren violencia familiar o en su entorno o con signos de esa
situación. “Entonces vamos a poder saber qué mujeres están en riesgo desde un
primer momento y se podrán dictar medidas cautelares. Y ver cuando acusa a una
misma persona”. Será, dijo, “un gran instrumento de prevención”.
Respecto a
la solicitud de las organizaciones civiles para declarar la AVG, Patricia Mercado adelantó que el grupo de
expertos que se formó a partir de la demanda presentará esta semana sus
recomendaciones obtenidas luego de visitar la PGJ, sus diferentes servicios,
conocer las plataformas de atención hacia la violencia a las mujeres y realizar
entrevistas en torno al tema.
Tras la presentación, añadió que el
gobierno capitalino tendrá un lapso de hasta ocho meses para cumplirlas. Luego, dicho grupo analizará su ejecución y después de ello, podrá recomendar
si se debe activar la AVG.
Sin embargo,
la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) local, Teresa
Incháustegui, destacó que en ocasiones
los grupos de expertos que analizan la situación “generalmente académicos, a
veces no tienen una dimensión de política pública y se quedan arriba en las
recomendaciones”.
Incluso, fue
más allá, al decir: “Las recomendaciones
que se hacen no ponderan realmente aquellas medidas que son de emergencia y que
deben ponerse en práctica de manera inmediata, de aquellas que se pueden cubrir
en seis meses, de aquellas otras que requieren para la implementación más de un
año. Y como no se pondera y se entrega el informe tal cual, es difícil que
cualquier entidad tenga realmente la visión de decir ‘esto se puede o no se
puede’ y normalmente, se queda en el proceso de dar cumplimiento”.
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