A escasos días de que elija a su
candidato presidencial, el PRI conserva graves problemas de credibilidad a
pesar de que en sus propias encuestas digan que ya están en segundo lugar en
las preferencias electorales. Y es que los priistas tienen un problema que no
pueden resolver: la corrupción.
Cuando el PRI lucha contra su propia
historia siempre pierde. Hoy esa lucha se ha concentrado en limpiar su imagen
de la corrupción, pero cómo limpiar el pasado sin son tantos y tan graves los casos
y consecuencias para el país. El PRI quiere olvidar su propio pasado, pero difícilmente podrá hacerlo
hacia las elecciones del 2018.
Las semanas
pasadas, cuando apareció el informe de la unidad de derechos humanos de la
Universidad de Texas citando las declaraciones de un testigo protegido que acusa a los hermanos Rubén y Humberto
Moreira, así como a Fidel Herrera de tener vínculos con los Zetas, la reacción
de los dos exgobernadores y del actual mandatario de Coahuila, así como del
líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, fue tratar de deslegitimar la información.
Rumbo a la
elección del candidato presidencial y de los comicios del año entrante, Ochoa Reza se ha dedicado a encabezar la
“operación limpieza” en el PRI tratando de lavar la imagen de corrupción que
este partido desde varias décadas, pero sobre todo a partir del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Pero cada vez que los priistas creen
que ya tocaron fondo y que no habrá más escándalos, aparece un nuevo caso que
echa abajo toda esta estrategia de hacer magia y desaparecer ese pasado que en
el presente y futuro electoral habrá de tener un peso fundamental en el
resultado de las elecciones, como ya se expresó en 2016 cuando el PRI perdió siete de 12
gubernaturas.
La memoria pública no es tan débil
como quisieran los estrategas electorales del PRI.
La lista de priistas importantes que
están involucrados en delitos graves es más que notable. Por lo menos 30
militantes del PRI han sido señalados o están siendo investigados por presuntas
relaciones con el crimen organizado o actos de corrupción.
De estos, 21 son exgobernadores que
han incurrido en abusos de poder, cuatro de ellos –Tomás Yarrington, Andrés
Granier, Mario Villanueva y Jesús Reyna — están en la cárcel y dos más
–Humberto Moreira y Rodrigo Medina– lo estuvieron.
El descrédito de estos casos persigue
también al líder del PRI, Enrique Ochoa Reza quien ha sido cuestionado por
negocios de transporte, posesión de obras de arte y una riqueza de millones de
dólares que, asegura, es producto de su trabajo como funcionario de varios
años.
En 2012,
cuando era candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto aseguró que había una
nueva generación de políticos que eran el futuro del partido. Y citó a los
exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge; de Veracruz, Javier Duarte; y de
Chihuahua, César Duarte “como parte de la renovación del partido”.
Un lustro
más tarde tres de esos personajes tienen abiertas averiguaciones en la
Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de recursos y
presumibles vínculos con la delincuencia organizada.
La PGR está rebasada ante la
acumulación de casos viejos y nuevos, sobre todo los que se han presentado en
este sexenio de Enrique Peña Nieto. Actúa como agente del gobierno para
obstaculizar expedientes, como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya,
involucrado en acusaciones de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
No se ve cómo vaya a fructificar la
operación limpieza del PRI rumbo a la elección del 2018, su regreso a la
Presidencia hace seis años estuvo fincado en la ilegalidad mediante la
triangulación de dinero para la campaña de Peña Nieto. Y si entonces la
corrupción lo impulsó a la victoria, ahora parece que lo llevara a la derrota
en los comicios del año entrante.
Por cierto…
En los primeros cuatro años del gobierno peñista el PRI perdió cerca de cinco
millones de votos respecto a los que obtuvo en 2012. Una buena parte de esos
votos perdidos ha sido por el enojo social en contra de un gobierno que mintió
y que cayó en la peor de las prácticas: la corrupción.
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